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11 de mayo 2025

18 de abril 2025

¡Que alguien me explique!

Presidentes a la cárcel

El ex presidente de Perú, Ollanta Humala, fue sentenciado a 15 años de prisión acusado de recibir sobornos millonarios para su campaña presidencial de la constructora brasileña Odebrecht

Por Ramón Alberto Garza

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El ex presidente de Perú, Ollanta Humala, fue sentenciado a 15 años de prisión acusado de recibir sobornos millonarios para su campaña presidencial de la constructora brasileña Odebrecht.

Sí, es la misma constructora que hoy bajo el nombre de Novonor, sobornó a decenas de funcionarios mexicanos en los días del prianismo. Desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón y rematando con Enrique Peña Nieto.

En el caso de los panistas, funcionarios de Fox y Calderón habrían recibido 9.5 millones de dólares entre 2006 y 2011. Se sospecha que los primeros pagos apoyaron la cuestionada victoria presidencial de Calderón.

Un sexenio después, en 2012, se repitió la receta, pero a mayor escala en la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto. El enlace mexicano de Odebrecht era el que más tarde fue director de Pemex, Emilio Lozoya. Él recibió 10.5 millones de dólares que terminaron en sus cuentas particulares y las de su familia, comprando residencias. Pero nada pasó más allá de llevar un proceso judicial muy ruidoso pero inútil. Todos están libres, sin pisar la cárcel, más allá de un chivo expiatorio, el ex senador José Luis Lavalle.

En Perú no sólo el ex presidente Ollanta Humala fue sentenciado. La condena judicial también alcanzó a su esposa Nadine Heredia, pero ella solicitó asilo político junto con su hijo menor en la embajada de Brasil. Ollanta Humala es el tercer presidente que estará en la prisión de Barbadillo, donde actualmente también purgan condenas los ex mandatarios peruanos Alejandro Toledo y Pedro Castillo. En la cárcel también murió otro ex presidente Alberto Fujimori, y un quinto -Alan García- prefirió suicidarse antes de ser capturado, acusado también de corrupción. Cinco ex presidentes procesados. ¿Y en México nada? Impunidad total.

Más allá del escandaloso caso Odebrecht, y de que dos de sus imputados mexicanos -Calderón y Peña Nieto- despachan desde hace años en Madrid, el cuestionamiento va también para el primer gobierno de la Cuarta Transformación, sin duda, el sexenio más corrupto en la historia del México moderno.

La pregunta más socorrida hoy en el debate nacional es si ¿Andrés Manuel López Obrador acabará saldando sus culpas y siendo juzgado en México, en Estados Unidos o en la Corte Penal Internacional? La mayoría lo ve poco probable, pero lo cierto es que no es imposible.

En México, el ex presidente tendría que responder el por qué de sus alianzas inconfesables con el crimen organizado, sobre todo, con el Cártel de Sinaloa. Les entregó el país a cambio de apoyos para sus tres campañas presidenciales. Un Odebrecht de capos. Todo, a cambio de darles “abrazos, no balazos”, y de esconder desde el narcoestado cuatroteísta la fabricación de fentanilo. Más de 200 mil homicidios dolosos -récord histórico en México- dan trágico testimonio de la gran colusión. Pero aquí no pasó nada.

López Obrador tendría que acudir a la barandilla para responder por qué alentó y permitió el enorme negocio del huachicol fiscal, el contrabando de combustibles, que en su sexenio les dejó a los suyos -familia incluida- y partido Morena en la nómina, la nada despreciable cantidad de 600 mil millones de pesos. En la operación huachicolera ya se admitió que entró en juego el Cártel Jalisco Nueva Generación. Luego, entonces, el dinero ilegal procedente del contrabando de gasolinas fue operado -entre otros- por un “grupo terrorista” y, en consecuencia, todos aquellos que se beneficiaron -partido en el poder incluido- tendrían que ser procesados igual que los capos de los cárteles. Pero aquí no pasó nada.

El Mesías de Macuspana tendría que pasar a rendir cuentas de sus opacos contratos con el Ejército Mexicano, al que le llenó los bolsillos de miles de millones de pesos, a cambio de su complicidad y de compartir los negocios en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Ferrocarril Transítsmico a los vástagos de la casa presidencial -José Ramón, Andy y Gonzalo incluidos-. El tráfico de balasto fue uno de los mayores negocios personales de los hijos y de los amigos de los hijos del ex presidente. Pero aquí no pasó nada.

López Obrador tendría que responder por delitos contra la salud, no sólo por el criminal manejo de la pandemia que operó su protegido Hugo López-Gatell, con cientos de miles de muertes por negligencia, sino por el desmantelamiento del sistema nacional de salud -hoy más lejos que nunca del de Dinamarca- y la escasez de medicamentos que acaba de colapsar con la corrupción detectada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Birmex, y que obligó a cancelar las licitaciones de esas medicinas. Pero aquí no pasó nada.

El ciego de Palacio Nacional, el que nunca vio que en México se fabricaba fentanilo, el que ignoró el escandaloso contrabando de huachicol, tendría que estar sentado ya en la Corte Penal Internacional -igual que el ya detenido ex presidente filipino, Rodrigo Duterte– por delitos de lesa humanidad. Ignoró los centros de desapariciones de ciudadanos civiles en fincas clandestinas, como el Rancho Izaguirre, donde la colusión e impunidad y negligencia permitieron que se ocultaran las evidencias encontradas desde septiembre de 2024, todavía en el sexenio lopezobradorista. Pero aquí no pasó nada.

¿Alguien desde la indignación o desde lo que queda de la Oposición ya plantó cara para denunciar estos delitos frente a las cortes internacionales? ¿O será que la apatía de los mexicanos y la complicidad de los mal llamados opositores -que con su tibieza más parecen comparsa- no les da para fincar una simple denuncia internacional, frente a tantas y tan contundentes evidencias?

Lo dicho, hoy en Perú, cinco ex presidentes fueron sentenciados a prisión. Tres están tras las rejas, uno falleció preso y el quinto -por vergüenza- decidió quitarse la vida antes que pisar una celda.

Aquí, en México, los ex presidentes del PRI, del PAN y de Morena, aquellos que alguna vez fueron acusados de corrupción, viven en su exilio dorado dando conferencias o estrenando novias en Madrid, escondidos en Cuba o dejando correr los días en ese recóndito y misterioso lugar conocido como La Chingada. Calladitos, todos, se ven más bonitos. Aquí no pasará nada.

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