Crean los Samueles “huachi-despacho”

Como asesores fiscales, Samuel García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal -padre y hermano del gobernador Samuel García Sepúlveda, respectivamente-  vienen explotando por años una mina de oro: la devolución del IVA a gasolineras.

Tan lucrativo se volvió ese millonario negocio para su original despacho -Firma Jurídica y Fiscal- que en noviembre 2021 decidieron canalizar este negocio a una razón social alternativa, sólo para atender a clientes “del sector energético”.

Los flujos financieros de esta razón fiscal crecieron exponencialmente, exactamente un mes después de que Samuel García Sepúlveda tomara posesión como gobernador de Nuevo León.

Y bajo el nombre de GMA Firma Jurídica Fiscal (García Mascorro y Asociados) desde hace cinco años el despacho viene acumulando cientos de millones de pesos en “asesorías” entre las que se esconden presuntas operaciones de lavado de dinero de vendedores de huachicol fiscal. La oficina de la familia del gobernador, ubicada en el piso 33 de la Torre Helicon, en San Pedro Garza García, le ha dado servicio a por lo menos cuatro empresas que aparecen señaladas de manera explícita en investigaciones de la Fiscalía General de la República.

La punta de ese iceberg fue revelada el martes por el periódico El Norte al ligar las empresas de combustibles de Jesús Ricardo Puente, líder de la red huachicolera de “Los Petrofactureros”, a los servicios de la firma García Mascorro y Asociados. Eran clientes del despacho.

Código Magenta está hoy en posibilidad de detallar el comportamiento fiscal de esta firma que sólo atiende a empresas relacionadas con la energía y los combustibles. Una parte de sus ingresos vendrían de su fórmula para rescatarle el IVA a los expendedores de combustibles; otra viene de optar servicios de facturación a quienes desde esas gasolineras venden el huachicol fiscal; y una tercera línea de investigación tiene que ver con el presunto pago de piso que el gobierno de Nuevo León cobra a los huachicoleros. El grado de responsabilidad, que podría ir de la ignorancia de las actividades criminales de sus clientes hasta la llana complicidad, deberá ser deslindado por las autoridades. No puede omitirse el hecho de que, en este momento, el gobernador y su familia son objeto de una ofensiva jurídica del gobierno de la Cuarta Transformación.

Código Magenta solicitó una respuesta a la oficina de comunicación del gobierno de Nuevo León. “El gobernador no es socio de GMA Firma Jurídica Fiscal. Ni su padre, ni el  despacho, ni nadie de su familia está, ni estará involucrado en ningún acto ilícito”, se lee en el comunicado enviado por la oficina de Samuel García.

Extraoficialmente, argumentaron que el despacho García Mascorro y Asociados no ha incurrido en alguna ilegalidad, que sus socios nunca han enfrentado un procedimiento penal y que las actividades de sus clientes no son responsabilidad de la firma fiscal. Los comentarios hacen eco del pronunciamiento que hizo, la tarde del martes, el gobernador Samuel García respecto a la publicación del periódico Reforma: “Su firma tiene muchísimos clientes del sector energético a los que les brinda servicio a través de su firma, siempre en el marco de la ley. Ofrece sus servicios con honestidad y profesionalismo y es responsabilidad de cada persona, en este caso del cliente, conducirse con honorabilidad”.

¿De qué tamaño es el negocio del despacho? Las declaraciones fiscales de García Mascorro y Asociados, a las que Código Magenta ha tenido acceso, dan cuenta de ingresos nominales por 144 millones de pesos en el año 2024 y de 161 millones de pesos en el año 2025. Sin embargo, en lo que va de esta administración estatal, los ingresos totales de la red de firmas fiscales del gobernador, que incluyen también a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, compañía en la cual Samuel García Sepúlveda aparece como socio, es de 1,781 millones de pesos. El 26 por ciento de esos recursos se explica por los negocios energéticos de García Mascorro y Asociados.

La oficina de asesoría fiscal del padre y del hermano del gobernador de Nuevo León tiene entre sus clientes a cuatro firmas que aparecen en expedientes de vinculación a proceso de la Fiscalía General de la República. Son investigadas por huachicol fiscal. Se trata de Petrolíferos Lobo, Maquiladora de Lubricantes, BSQ Global Corporation y Autotransporte de Carga Especializados Marvic. Las empresas, que van desde servicios de gasolineras en última milla hasta el transporte de hidrocarburos desde el extranjero, son parte de una investigación federal que ha colocado bajo escrutinio a 555 razones sociales por contrabando de combustible. Esta es la investigación más amplia que el gobierno federal ha emprendido en relación al huachicol fiscal. La línea de mando está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch.

De acuerdo a los registros fiscales en poder de Código Magenta, el cliente más importante de García Mascorro y Asociados es Petrolíferos Lobo, una compañía que ha depositado más de 258 millones de pesos al despacho en 76 diferentes operaciones. La mayoría de las transacciones se realizaron después de noviembre de 2021, cuando Samuel García Sepulveda ya estaba instalado como gobernador de Nuevo León.

Oficialmente, Petrolíferos Lobo se presenta como una empresa que comercializa productos de la firma energética texana Valero, con conexiones a un importante grupo energético de Reynosa, Grupo Burgos, del empresario Jorge García Velasco. Sin embargo, el expediente de la Fiscalía General de la República investiga el “mal uso de pedimentos de Valero” presentados por un agente aduanal contratado por Petrolíferos Lobo. La compañía no está vinculada a la familia Lobo Morales, de Grupo Protexa, sino a los hermanos Fernández Cruz: Jaime Alfredo, quien fue un promotor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a través de la asociación civil “Emprendedores de la Nación A.C.”, y Tomás, ex alto ejecutivo de Pemex. De hecho, Tomás Fernández Cruz fue coordinador comercial de transportes de combustibles en Pemex Transformación Industrial SA de CV, tuvo una posición relevante en Pemex Exploración y Producción y fue parte de la Dirección Corporativa de Finanzas bajo el mando de Marcos Herrería, un funcionario ligado a la presunta red de tráfico de influencias de Octavio Romero y de Andrés Manuel López Beltrán en la paraestatal.

Por otra parte, Maquiladora de Lubricantes, la compañía que la fiscalía federal conecta con la red de “Los Petrofactureros”, ha pagado más de 15 millones de pesos por servicios fiscales a García Mascorro y Asociados. La primera factura se emitió el 24 de noviembre de 2021, según los registros en poder de Código Magenta. Esto es un mes después de que Samuel García asumió el poder y apenas cuatro meses después de que la Fiscalía General de la República integró la primera carpeta de investigación contra Maquiladora de Lubricantes.

La semana pasada, la FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cuatro cateos de inmuebles en Nuevo León, incluyendo un domicilio en San Pedro Garza García, la capital del blanqueamiento de capitales del huachicol fiscal. El operativo derivó en el arresto de Jesús Ricardo Puente, el dueño de Maquiladora de Lubricantes. De acuerdo a Ulises Lara, vocero de la fiscalía federal, esta red criminal está conectada a 40 compañías fachada utilizadas para simular actividades logísticas y energéticas. El golpe estaba calibrado políticamente.

Las autoridades federales también han colocado bajo la lupa a otro de los clientes del despacho García Mascorro y Asociados: BSQ Global Corporation, una firma que, de acuerdo a fuentes de la industria, representa a uno de los jugadores más grandes del negocio del huachicol fiscal. También es señalada como una de las empresas mejor conectadas con el sistema político. BSQ Global Corporation ha pagado servicios por 6.8 millones de pesos al despacho de la familia del gobernador de Nuevo León. Código Magenta detectó transferencias realizadas en los años 2022, 2023 y 2024. La cifra parece insignificante, pero la relación no lo es.

El representante más visible de BSQ Global Corporation es el empresario Eduardo Erhard, quien fue secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León. No obstante, la compañía también está vinculada a Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz y ex secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el SAT abrieron un folio con el número 13173 para dar seguimiento a denuncias contra BSQ Global Corporation por delincuencia organizada, facturación falsa, evasión fiscal y actividades relacionadas con la importación, comercialización y transporte ilegal de hidrocarburos. Una persona con conocimiento de la operación de la empresa afirma que BSQ Global Corporation era protegida por Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, y por uno de sus allegados, el ex delegado de la FGR en Nuevo León, Gonzalo Sánchez Betanzos. La sede de la compañía, ubicada en Torre Comercial América en San Pedro Garza García, fue cateada el año pasado por autoridades federales. La FGR colocó a BSQ Global Corporation en la misma carpeta de investigación que Tabasco Capital SA de CV, un vehículo financiero que, según la fiscalía, fue utilizado por el grupo criminal ‘La Barredora’ y por el empresario casinero Raúl Rocha Cantú para actividades de huachicol fiscal.

Adicionalmente, García Mascorro y Asociados tiene una conexión verificable con una de las empresas que hoy está bajo investigación por sus presuntos nexos con la red de huachicol fiscal que conecta a Ikon Midstream (empresa cateada por las autoridades de Estados Unidos), Mefra Fletes (señalada por vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación) y la operación de huachi-buques en los puertos de Altamira, Tampico, Tuxpan y Guaymas, a cargo de la plana mayor de la Secretaría de Marina. Se trata de Autotransporte de Carga Especializados Marvic. La factura, emitida el 9 de febrero de 2022, es simbólica: el monto de la operación con García Mascorro y Asociados es de apenas 69 mil 900 pesos. Sin embargo, esta relación representa un riesgo político de alto perfil para el gobernador Samuel García.

En mayo del año pasado, explotó una planta destiladora de diésel en Cadereyta, Nuevo León. Las instalaciones eran propiedad de la compañía Marvic, señalada por autoridades de inteligencia como parte de una red de tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a México.

El dueño de la empresa es José Víctor Pablos Vélez, alias ‘El Güero Marvic’, quien sería investigado por contrabando de gasolina al menos desde 2021. Posee una docena de empresas de transporte y comercialización de combustible en Texas, Nuevo León y Tamaulipas.  Ese año, autoridades federales realizaron la incautación de 550 carros tanque que presuntamente pertenecían a las compañías de Pablos Vélez y que habrían contenido gasolina ilegalmente introducida a México desde Estados Unidos.

De acuerdo a Noticieros NMás, el propietario de Marvic está conectado a José Castillo, director de Desarrollo de Negocios de las firmas estadounidenses Hevi Logistics y Hevi Transport. Se trata del grupo empresarial que presentó los documentos con los que se introdujeron clandestinamente 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, a través del buque incautado el mes pasado por autoridades federales. Tanto Marvic como Hevi Logistics tienen sede en el edificio Metropolitan de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

La oficina de comunicación social del gobierno estatal alega que todas las operaciones con sus clientes del sector energético son legales. En efecto, García Mascorro y Asociados ha explotado lagunas en el manejo del Impuesto Especial de Producción y Servicios para dar servicio a una pléyade de empresas, que incluyen a firmas como Enerey Latinoamérica, que ha facturado 78.4 millones de pesos al despacho.

Las actividades de García Mascorro y Asociados no pueden desprenderse del contexto de dos consideraciones relevantes: que Nuevo León se ha convertido en la capital nacional de operaciones de lavado de dinero de huachicol fiscal en los últimos cinco años y que la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León presentó una denuncia federal contra Samuel García y contra su familia por presunto enriquecimiento ilícito, un movimiento político que pretende removerlo de la gubernatura.

En mayo del año pasado, el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un amplio reporte sobre la conexión de la industria ilegal del huachicol fiscal en México con los cárteles. El documento identifica a Monterrey como un territorio en el que el crimen organizado tiene una fuerte injerencia en el negocio de contrabando de combustible. El número de empresas asociadas a este negocio con sede en Nuevo León se ha multiplicado recientemente. Esto incluye a los cuatro clientes del despacho García Mascorro y Asociados que son investigadas por la FGR.

“Dicha Firma tiene muchos clientes del sector energético,  a los que por años le ha brindado servicio, siempre en el marco de la ley. Además, siempre ha prestado sus  servicios con honestidad y profesionalismo, y los hechos que se señalan no guardan relación con los servicios legales que fueron prestados”, señala la respuesta de la oficina del gobernador.

Sin embargo, persiste una duda: ¿los cateos de la FGR de la semana pasada pretendían ligar a Samuel García y a su familia con actividades de huachicol fiscal? En el clima político actual, todo es posible. Por ahora, queda sólo un hecho verificable: cuatro empresas bajo investigación por contrabando de combustible hicieron negocios con el despacho de la familia del gobernador Samuel García.