Huachicol fiscal: El quiebre

Es momento de quiebres en el gobierno de la Cuarta Transformación: el quiebre con la política de abrazos, no balazos; el quiebre con los contratistas de medicinas cercanos a la familia López Beltrán; el quiebre con los consejeros de Pemex que fueron designados por la administración anterior; el quiebre que significa la nueva cooperación con Washington. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado señales contundentes de que ya rompió con el pasado. Es decir, con su antiguo jefe y mentor político, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el mayor quiebre de todos es la cruzada contra el huachicol fiscal. Al amparo del gobierno de López Obrador y de sus jefes de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y Rafael Marín Mollinedo (entre otros), el contrabando de hidrocarburos se convirtió en el mayor desfalco al Estado mexicano en la época reciente.

No es una exageración, los números no mienten. De acuerdo a un reporte de inteligencia naval de la Secretaría de Marina citado por el periódico El Universal, el esquema de evasión de impuestos a las gasolinas representan una pérdida de 525 mil millones de pesos al año para el gobierno federal y para Pemex. Onexpo Nacional, una organización de representación empresarial del sector hidrocarburos, calcula que el huachicol fiscal significa un negocio de 300 mil barriles diarios. Considerando un precio promedio de 25 pesos por litro, esto implica que el contrabando de combustibles genera 430 mil millones de pesos al año. Los sobornos de Odebrecht, los desvíos de La Estafa Maestra e incluso el fraude de Segalmex están lejos de la magnitud del desfalco financiero del huachicol fiscal.

En el sexenio de López Obrador, el negocio multimillonario del contrabando de hidrocarburos alimentó una pléyade de transportistas, miembros del crimen organizado, funcionarios aduanales, directivos del SAT, abogados, factureros y operadores políticos. Se construyó una economía paralela sólo equiparable a la del narcotráfico. El caso más mediático de este esquema ha sido la estructura de huachicol fiscal de Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco cercano a Audomaro Martínez Zapata (ex titular del Centro Nacional de Inteligencia) que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021 y que financió campañas electorales de Morena por 500 millones de pesos.

Ahora, esta red de intereses que rodean al huachicol fiscal está en la mira del gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta declaró que es una prioridad de seguridad nacional. Muchos de los operadores de la industria son parte de la maquinaria política de quienes hoy son considerados los dos principales rivales internos de Palacio Nacional dentro de la 4T: Adán Augusto López, coordinador de mayoría en el Senado, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena.

El primer paso se dio hace semanas, cuando fuerzas federales decomisaron 8 millones de litros de combustible de contrabando en un predio de Ensenada, Baja California. El propietario del terreno es el ex senador de Morena, Gerardo Novelo.

El segundo paso ocurrió días después: el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció el decomiso de 10 millones de litros de combustible en Altamira, Tamaulipas y la detención del buque Challenge Procyon con bandera de Singapur. Semanas antes, Código Magenta había revelado que buques-tanque provenientes de Texas ingresan al puerto comercial de Tampico dos veces por semana para descargar combustible de manera clandestina.

Tanto en el caso de Ensenada como de Altamira, el operador logístico fue la empresa Mefra Fletes, una compañía que es parte de un entramado de 15 firmas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a reportes de inteligencia federal. Los decomisos fueron un golpe de 450 millones de pesos para una empresa ligada a una organización designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como grupo terrorista.

El tercer paso lo dio la Fiscalía General de la República. La oficina de Alejandro Gertz Manero filtró a la prensa que una de las principales compañías bajo investigación por huachicol fiscal es Marinsa, propiedad del empresario José Luis Zavala Solís. Se trata de uno de los principales contratistas petroleros del sexenio de López Obrador. En 2021, la compañía se asoció con una prima del ex presidente para ganar una licitación de Pemex. Hoy, la viabilidad de Marinsa está en riesgo. Un dictamen de la fiscalía determinó que la empresa ha recibido depósitos de origen ilícito por 22 mil millones de pesos. Las transferencias se realizaron en pesos y en dólares. La FGR considera que Marinsa fue parte fundamental de un esquema para triangular combustible en altamar que había sido robado a Pemex y que era reingresado a territorio con documentación falsa en las aduanas.

El cuarto paso de la cruzada contra el huachicol se hizo evidente ayer. Bloomberg reportó que los envíos de combustible de Texas a México se han paralizado debido a las medidas de escrutinio que ha tomado el gobierno mexicano en la frontera. El cruce terrestre para la carga de gasolina y diésel está prácticamente cerrado. Un informe de agencias de inteligencia estadounidenses en poder de Código Magenta encontró que la discrepancia entra las exportaciones de combustible reportadas por la autoridad fronteriza de Estados Unidos y por la Agencia Nacional de Aduanas de México fue de alrededor de 500 mil millones de pesos en el sexenio anterior.

El quinto paso del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum también tiene implicaciones internacionales: la autoridad fiscal suspendió temporalmente el permiso de Valero Energy Corp. en su registro de importadores de combustible debido a que terceros estaban utilizando documentación falsa de la compañía texana.

Dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum entienden que necesitan elementos para negociar la política de seguridad nacional con la administración de Donald Trump. La cruzada contra el huachicol fiscal fue la respuesta que ofreció la Secretaría de Marina, de acuerdo a personas con conocimiento de una reunión del gabinete de seguridad en la que la presidenta autorizó los decomisos en Ensenada y Altamira.

La presidenta y su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, estaban preparándose para este momento. ¿De qué otra manera se entiende el nombramiento de Israel Benítez López, ex número dos de la policía de la Ciudad de México, como el titular de Pemex Logística?

Sheinbaum va en serio contra el huachicol fiscal. Faltan las detenciones.