Ya sabemos quién manda

Y el hilo se reventó por lo más delgado. Renunció el Fiscal Especial del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el que inculpó a los militares como eje de la trágica noche de Iguala.

Con esa decisión se elevaron a 65 las desapariciones. A los 43 normalistas se le suman ahora 21 órdenes de aprehensión “evaporadas” por la Fiscalía General de la República, más la “incineración” del responsable de la investigación en el gobierno de la Cuarta Transformación. Todos ardieron en la hoguera de las amenazas y del abuso del poder militar.

De nada sirvieron las defensas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus advertencias de que nadie, ni los militares, estarían por encima de la Ley.

Después de conocer, en el diario Reforma, las filtraciones no censuradas que involucran a los uniformados verde olivo y de que se filtrara en la revista Proceso que el fiscal Alejandro Gertz Manero retiraba las órdenes de aprehensión, muy pocos tienen duda de quién manda en este país.

Tanto llevó el inquilino de Palacio Nacional a los militares al agua hasta que se le rompió el cantarito protector.

El poder de las autodefensas “Guerreros Olivos” quedó más que en evidencia, cuando bastó solo una advertencia desde los altos mandos de la Secretaría de la Defensa para que se desarticulara la “verdad verdadera”, revelada por el subsecretario Alejandro Encinas.

A algunos militares no les cuadró que se les cuestionara, que se les señalara, que se les inculpara y que fueran puestos a disposición de la justicia.

Fuera una renuncia por convicción o porque “lo renunciaron”, el hecho es que la salida de quien investigó la versión que colocó a 21 militares en la antesala de su aprehensión ya evidenció quién tiene en México la última palabra.

Y ese mando parece no estar ni en Palacio Nacional, ni en la Cámara de Diputados o en el Senado y mucho menos en la Fiscalía General de la República. Los poderes institucionales se crujen frente al peso de la indignación de poderosos e intocables militares.

Y aunque no sea de jure, de facto, podríamos estar asistiendo a un intento golpista, cuando desde los altos mandos de la Secretaría de la Defensa se amenaza que si se les sigue “maltratando” regresarían a los soldados a los cuarteles.

¿Bajo ese signo ignominioso, bajo evidencia tan contundente, se va a insistir en votar que la Guardia Nacional se mantenga bajo el mando de los militares?

¿Y qué pasará cuando se denuncien malos manejos financieros en las obras otorgadas a los hombres de verde olivo? ¿Amenazarán con paralizarlas? ¿Obligarán al presidente López Obrador, quien tanto poder les cedió, a que cese al Auditor Superior de la Federación que los cuestione?

Lo que se asoma tras el drama político y social en que está convertido hoy el Caso Ayotzinapa, y el manotazo de los altos mandos militares, es que los peores augurios ya se están cumpliendo. México ya es un país en el que los militares lucen intocables, los que tienen la última palabra. Como solía suceder en las dictaduras castrenses disfrazadas de gobiernos civiles del siglo pasado en América Latina.

Aunque no todo está acabado. Todavía está viva la esperanza de que las evidencias en poder de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos sean tan contundentes sobre el rol que jugaron ciertos Generales en la noche de Iguala, que se pueda recuperar algo del equilibrio del poder perdido.

Después de todo, de lo único que se trata es de averiguar quiénes fueron los creadores y los operadores del Cartel de la Heroína, allá en Iguala. Si nos atrevemos responder esa pregunta, desaparecerán todas las dudas.