México y la contradicción en la demanda de armas

«El mayor mecanismo de producción de violencia en México no son las drogas, son las armas»

Carlos Pérez Ricart, profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

México, hundido en una espiral de violencia desde hace ya más de una década; violencia alimentada -en gran parte- por la proliferación de armas de fuego diseñadas en Estados Unidos para el mercado negro mexicano y las cuales han ingresado históricamente sin mucho problema a territorio nacional.

En ese contexto, la demanda del gobierno de México una decena de fabricantes de armas ante la justicia estadounidense por el laxo control en la distribución de sus productos es una medida celebrada por especialistas y activistas en ambos lados de la frontera. 

Sin embargo, señala Carlos Pérez-Ricart, -investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en temas de seguridad, en entrevista con Código Magenta-, si el gobierno mexicano busca atacar de manera integral el problema de las armas y la violencia que genera, también tendría que dirigir su atención a la falta de mecanismos de control en el propio mercado interno. 

“Cuando Estados Unidos o cualquier otro país o alguna empresa le vende las armas al gobierno mexicano, el usuario final registrado es la Sedena, aunque no es la Sedena el último usuario de esas armas”, explica. “La Sedena funciona muchas veces como distribuidor de las armas”.

Armas que al final podrían acabar en manos de alguna corporación policiaca que opera en favor del crimen organizado, dato del cual la empresa o país de origen de dicha arma no tiene conocimiento y, por ende, cero responsabilidad legal. 

“Una reforma tendría que obligar al gobierno mexicano a señalar quién va a ser el usuario final de esa arma de manera tal que nosotros podamos rastrear perfectamente bien que el arma alemana, o estadounidense, o rusa que es importada a México de manera legal, termina en este lugar y poder hacer -digamos- el cruce de información y saber dónde está esa arma”, señala. 

Además del grave peligro que significa que autoridades coludidas con el crimen tengan acceso irrestricto a armas de fuego, datos oficiales revelan que el robo y el extravío de armas por parte de las instituciones de seguridad es un problema constante. 

Cifras de la Sedena dan cuenta de 15 mil 592 armas de fuego robadas o extraviadas de 2006 a 2018. Y en los últimos dos años, 341 fusiles y mil 75 pistolas “desaparecidas” de Policías estatales y corporaciones federales -incluida la nueva Guardia Nacional. 

“Y en México -que yo sepa- no hay prácticamente nadie castigado, ninguna sanción -ya no digamos penal, administrativa- por pérdida, robo, extravío de armas en los arsenales ni del Ejército ni de las policías”, afirma. 

Ante esta situación, el doctor Pérez Ricart menciona el amplio margen de maniobra que existe para modificar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y así poder establecer mecanismos de supervisión -algunos de ellos civiles- que permitan conocer exactamente cuántas armas legales hay en México, quién las usa y cómo las usan. 

“En lugar de estarle haciendo la guerra a las drogas, deberíamos comenzársela hacer a la armas. Y me parece que es momento de empezar a hablar de esto porque realmente es un tema del que se conoce muy poco en México”, concluye el especialista.