La mitad del país, en llamas

Estas imágenes son testimonio de que México atraviesa una profunda crisis de seguridad pública. No son un hecho aislado. Son una ventana de sangre fuertemente correlacionada con el proceso electoral, con la fragmentación de los dos principales cárteles nacionales de la droga, con una política federal de tolerancia territorial en los bastiones del crimen organizado y con una carrera armamentística de grupos paramilitares que operan a lo largo y ancho de todo el país.

En la última semana se registró un secuestro masivo de 66 personas en Sinaloa. Fuentes en el terreno consultadas por Código Magenta y fuentes federales citadas por medios locales y nacionales refieren que familias enteras fueron privadas de la libertad como parte de una fractura dentro del Cártel del Pacífico. El conflicto se explica en gran medida por una cadena de asesinatos y enfrentamientos entre la facción de ‘Los Chapitos’, liderados por Iván Archivaldo Guzmán, y la facción de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’.

En Guanajuato, miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima distribuyeron propaganda criminal que se ha vuelto una estampa común en la escena criminal mexicana: se difundió un video en el que un presunto policía local fue interrogado y decapitado.

En Jalisco, la fiscalía estatal confirmó el hallazgo de cinco cuerpos con huellas de tortura en una camioneta de lujo en la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, epicentro de desapariciones y un territorio de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

En Nuevo León, trece cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío de Pesquería. El hallazgo se confirmó horas antes de que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, visitara el municipio. La periferia del área metropolitana de Monterrey se ha convertido en un escenario de barbarie criminal entre grupos asociados al Cártel del Noreste y al Cártel del Golfo que pelean por protección del Estado para traficar migrantes y drogas sintéticas.

En Chiapas se llevó a cabo un “enfrentamiento sin precedentes entre bandas criminales”, de acuerdo a un reporte del periódico Reforma. Durante meses, los añejos conflictos entre grupos paramilitares como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se han mezclado con una guerra criminal entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una de las principales rutas de tráfico de migrantes está en juego. Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, describe los asesinatos, los vehículos incendiados y los bloqueos como “un escenario de guerra”.

En San Luis Potosí, cinco cuerpos con rasgos de tortura fueron abandonados en las escaleras de la Presidencia Municipal de Cárdenas.

En Tabasco ocurrió algo similar: se encontraron seis cuerpos maniatados y con señales de tortura, uno de ellos decapitado, en el municipio de Paraíso.

Todo sucedió esta semana. El grado de barbarie criminal y la tolerancia del Estado mexicano ante actos de violencia extrema han alcanzado niveles que contrastan con el discurso de pacificación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

México enfrenta un serio problema de gobernabilidad. Hace meses, el ex jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, el general Glen Van Herck, le dijo al Congreso norteamericano que un tercio del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado.

Los focos rojos de inestabilidad son notables. La crisis se extiende a Sonora, un territorio alterno de la guerra civil del Cártel del Pacífico. Esta semana, la facción de ‘Los Rusos’, un grupo vinculado a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, publicó un mensaje de persecución contra ‘Los Chapitos’. San Luis Río Colorado es una de las nuevas sedes de la industria del fentanilo, de acuerdo a reportes de inteligencia. 

Tamaulipas es otro foco rojo, donde el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste están en una competencia permanente. Además, los grupos del crimen organizado conviven con grupos paramilitares como la Columna Armada Pedro J. Méndez, cuyos líderes han admitido públicamente que operan electoralmente a favor de Morena y que cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por tráfico de armas y tráfico de migrantes.

La crisis alcanza a Veracruz, donde la semana pasada un comando abrió fuego a plena luz del día en la plaza central de Cazones y abandonó cuerpos mutilados. Un acto más de barbarie. El gobierno de Cuitláhuac García no se inmutó.

Morelos, el estado con la mayor tasa de homicidios en el país, enfrenta un serio problema de gobernabilidad. La fotografía del gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco, con miembros de Guerreros Unidos, Comando Tlahuica y el Cártel Jalisco Nueva Generación representa una estampa de captura criminal.

En Zacatecas, dos asesinatos vinculados a la familia Monreal, uno de los apellidos de mayor ascendencia en el gobierno de la Cuarta Transformación, han sacudido a la clase política.

Michoacán también es un foco rojo: los cárteles utilizan drones artillados y minas explosivas para atacar con impunidad a vehículos blindados del Ejército mexicano. Un reporte del periódico El País detalla que 34 aspirantes a puestos de elección popular en este estado se han retirado de la contienda por presiones del crimen organizado. La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación se han embarcado en una carrera armamentística con paralelismos a los enfrentamientos paramilitares del conflicto colombiano en la década de los noventa.

Guerrero es otro caso extremo de inestabilidad. En esta entidad, el Cártel de los Tlacos, el Cártel de los Ardillos y diversos grupos paramilitares compiten por la extracción de rentas, por el control de sindicatos públicos y por la protección del clan Salgado Macedonio. El asesinato de Yanqui Kothan Gómez, estudiante normalista de Ayotzinapa que participó en las protestas de Palacio Nacional, ha llevado a Guerrero a un punto crítico.

La violencia criminal no es una narrativa de campaña. Es una realidad. El proceso electoral ha exacerbado la crisis de inseguridad. De acuerdo a la firma de consultoría de riesgo político Integralia, este año se han registrado 355 incidentes de violencia política, incluidos 153 asesinatos, 22 de ellos contra aspirantes o candidatos a puestos de elección popular. El analista Luis Carlos Ugalde advierte que este es el proceso electoral más violento en la historia moderna de México. Y todavía faltan dos meses. La mitad del país está en llamas.