Los nombres bajo la lupa

El FBI incluyó, el pasado martes, el nombre de Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, como uno de sus 10 hombres más buscados. La inclusión del capo sinaloense -afín a Ismael “El Mayo” Zambada– no es gratuita. Y va en la línea de confirmar las acusaciones desde Washington de que el gobierno de la Cuarta Transformación protege al crimen organizado.

Para los que lo hayan olvidado, “El Chapo Isidro” alcanzó relevancia en meses pasados cuando se reveló que sus aportaciones en maletas de efectivo fueron cruciales para instalar al morenista Rubén Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa. Jocelyn Hernández, líder morenista de los programas del Bienestar en aquella entidad, lo reveló en un video difundido en abril de 2024 en Código Magenta.

Quizás, por ello, más trascendente que lo que se dijo en la llamada telefónica del pasado lunes entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum es lo que no se dijo. O mejor dicho lo que todavía no se ha ventilado públicamente, pero que inevitablemente se sabrá.

Porque más allá de la disputa de los aranceles a las importaciones de México y Canadá, lo que debió estar sobre la mesa para debate era el por qué el presidente Donald Trump acusaba tan frontal y directamente al gobierno de la Cuarta Transformación de estar coludido, de ser cómplice, de los cárteles de narcotráfico. Una acusación que nunca esperaron ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum.

Y al dar los pormenores de aquella llamada entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, la presidenta de México fue omisa, o para tratar ese tema y lo eludió de su agenda, o si acaso se ventiló, prefirió callar la respuesta que le dieron desde la Oficina Oval, porque no le gustó.

Sea como fuere, mientras se debaten los alcances reales de esos presuntos acuerdos, existen expedientes pendientes, reservados bajo la mesa. Y esos tienen que ver con los personajes del primer círculo político de la Cuarta Transformación que, se presume, estarían bajo la lupa por sus presuntas vinculaciones con los jefes del crimen organizado y que hoy dominan -por encima del gobierno legítimo- una buena parte del territorio mexicano. Son un “narcogobierno” que impunemente siembra terror, que impone su ley y que cobra piso.

Más allá de los nombres de los capos -los que ya están en Estados Unidos en prisión y los que están en lista de espera para ser capturados aquí- a Washington y sus centrales de inteligencia les importan más los titiriteros. Son aquellos poderosos que mueven los hilos de la impunidad que permitió que se desbordara la espiral de inseguridad en México y que, gracias a ellos, se les toleró la instalación de decenas de laboratorios para fabricar el fentanilo, con precursores chinos introducidos ilegalmente -entre otros- por el puerto de Manzanillo. El costo en vidas: más de 200 mil homicidios dolosos en el gobierno lopezobradorista. Un récord histórico.

Sin ser exhaustivos, estos son algunos de los nombres que ya están bajo investigación en algunos de los centros de inteligencia norteamericanos. De que se consoliden las pruebas y los testimonios en su contra, dependerá el desenlace.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
El ex presidente es la punta del iceberg en la investigación sobre la protección oficial a los cárteles de la droga en México. Más allá de su cuestionada política de “Abrazos, No Balazos”, de sus seis giras por Badiraguato, de su reunión en la sierra sinaloense con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, está su orden para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, cuando fue capturado el 17 de octubre de 2019, en Culiacán. El presidente está confeso, él mismo lo admitió de viva voz en una mañanera. Dijo que él fue quien dio la orden de la liberación, lo que lo convierte en cómplice de operar con el crimen organizado.

A esas evidencias se sumarían los testimoniales de diversos capos, quienes ya en prisión en Estados Unidos y para buscar sentencias más benévolas, habrían dado como testigos protegidos los pormenores de sus acuerdos inconfesables con el gobierno de la Cuarta Transformación.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL
Si algún sector oficial está bajo escrutinio en Washington es la Secretaría de la Defensa. Desde la inexplicable detención y liberación del general Salvador Cienfuegos, el secretario del priista Enrique Peña Nieto, las agencias norteamericanas tienen absoluta desconfianza de los altos mandos verde olivo. Sobre todo, cuando en el sexenio de López Obrador aceptaron ser el distractor número uno para no enfrentar al crimen organizado. Y lejos de proteger a los ciudadanos del flagelo de los cárteles, los hombres de verde olivo se dedicaron a construir las caprichosas obras faraónicas plagadas de corrupción, en complicidad con hijos y amigos de la familia presidencial.

Si Washington designa al gobierno mexicano un narcoestado, ese sello pasa inevitablemente por el silencio y las complicidades del general Luis Cresencio Sandoval, quien no sólo avaló la liberación de Ovidio Guzmán López, sino que ignoró todas las señales que ponían en evidencia la “fentanilización” de los cárteles mexicanos. El verde olivo pasó del uniforme a las carteras repletas de dólares.

AUDOMARO MARTÍNEZ ZAPATA
Como jefe supremo de los servicios de inteligencia del gobierno de la Cuarta Transformación, se acusa al general Audomaro Martínez de utilizar sus privilegios como hombre muy cercano al presidente López Obrador para crear sus propias redes de protección, lo mismo a la delincuencia organizada que a quienes lucraron con el creciente tráfico de migrantes. En el epicentro de la investigación se le vincula con todo un andamiaje de intereses, en el que participaban hijos de altos funcionarios del gobierno lopezobradorista en el tráfico de pasaportes para migrantes y en la venta de huachicol fiscal a estados con gobernadores morenistas.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
Como el tabasqueño más cercano a los afectos del ex presidente, Adán Augusto López dejó la gubernatura de aquella entidad para asumir como interino la Secretaría de Gobernación. Las investigaciones revelarían que, desde esa posición de poder, confeccionó y protegió un complejo entramado para procesar dineros ilícitos, que le permitieron gastar cientos de millones de pesos en su frustrada campaña para ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024. El desplome en Veracruz del avión en el que viajaba uno de sus empresarios protegidos, Daniel Flores Nava, fue sepultado en el más absoluto de los silencios. Su presunto involucramiento en la severa crisis de inseguridad que hoy se vive en Tabasco, y denunciada por el nuevo gobernador morenista Javier May, legitima las sospechas sobre para qué utilizó su despacho el hombre de Bucareli.

RICARDO PERALTA SAUCEDO
Si alguien tiene un abultado expediente en Washington ese es Ricardo Peralta Saucedo, quien como primer director de Aduanas del gobierno de la Cuarta Transformación fue acusado de vender los cruces fronterizos más codiciados y lucrativos a facciones del crimen organizado. Uno de ellos, la aduana de Reynosa, que se la habría entregado a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el líder creador de la red de huachicol fiscal. Con esos ingresos ilícitos del combustible contrabandeado desde Estados Unidos se apuntaló el andamiaje financiero de Morena para alcanzar su aplastante victoria electoral en las elecciones intermedias de 2021 y sus efectos en la presidencial del 2024.

Sergio Carmona sabía tanto que acabó ejecutado en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Su hermano Julio huyó a los Estados Unidos y acabó como testigo protegido de las agencias de inteligencia norteamericanas, revelando los detalles de los financiamientos a campañas morenistas tan emblemáticas como las de Sinaloa con Rubén Rocha y Tamaulipas con Américo Villarreal.

MARIO DELGADO
El ex presidente nacional de Morena fue el epicentro del reparto político de los dineros del huachicol fiscal, de la mano de Sergio Carmona, Erasmo González y Américo Villarreal Santiago, el hijo de Américo Villarreal. Exhibido en los videos del teléfono perdido de Sergio Carmona, no dejó duda alguna de que era el ex secretario de finanzas de Marcelo Ebrard quien dispersaba los dineros ilícitos del contrabando de combustibles de Estados Unidos. Una vez descubierto, el presidente López Obrador lo dejó a su suerte, sólo para acabar pactando con Mario Delgado la Secretaría de Educación en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo a cambio de su silencio y de que se llevara a la tumba el destino de los dineros secretos de Morena.

RUBÉN ROCHA MOYA Y AMÉRICO VILLARREAL
Es la dupla prototípica del modus operandi de los políticos de Morena. Américo Villarreal fue primero el delegado en Sinaloa para la campaña a gobernador de Rubén Rocha, donde los testimonios ya recabados de testigos morenistas revelan que Rubén y Américo fueron hasta la sierra de aquel estado para recibir maletas de efectivo del crimen organizado. En particular de “El Chapo Isidro”, hoy entre los 10 más buscados del FBI.

El favor le fue devuelto a Américo Villarreal cuando se convirtió en el candidato morenista al gobierno de Tamaulipas. Después de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, Sinaloa acabó en una “guerra civil” entre Los Chapitos y Los Mayitos, mientras que Tamaulipas acabó en poder de Perla McDonald, la viuda de Sergio Carmona, quien pactó su silencio a cambio de que le dejara recuperar con sus incondicionales los dineros invertidos por su difunto marido en la campaña de Américo Villarreal. Curiosamente, Sinaloa y Tamaulipas son objetivos tácticos en la lucha de Washington contra el fentanilo. En Sinaloa, porque ahí se fabrica el opioide en decenas de laboratorios. Y en Tamaulipas, porque por sus aduanas se introduce la poderosa y mortal droga a la costa este de Estados Unidos. Inexplicable que, tanto el ex presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum, insistieran en defender a ambos gobernadores, a pesar de todas las evidencias criminales que ya obran en poder de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Por eso, vale la pena revisar con detenimiento el pronunciamiento del gobierno norteamericano cuando dice que “las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el Gobierno de México. El Gobierno de México ha dado refugio a los cárteles… Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Si alguien tiene alguna duda, que recuerde las defensas que hacia el ex presidente López Obrador, abogando en las mañaneras por los “derechos humanos” de los capos”.

Pero, sin duda, la mejor postura sobre el rol que jugó el ex presidente la viene dando el ahora Secretario de Estado, Marco Rubio, quien no disimula su indignación frente a la protección a los cárteles.

El desenlace está a semanas, quizás días, de que comience a operar la justicia. O la aplica el actual gobierno de Claudia Sheinbaum o vendrá directamente de Estados Unidos. Las aeronaves y los buques norteamericanos ya merodean las aguas mexicanas.