Samuel García: ¿Congelarán cuentas?

Samuel García está en la mira de Palacio Nacional y, de acuerdo a una filtración del aparato federal, la ofensiva de la 4T amenaza con un congelamiento de cuentas en contra del mandatario ‘Fosfo Fosfo’. La administración de Claudia Sheinbaum ha discutido, al más alto nivel, la posibilidad de que el gobernador de Nuevo León pueda ser destituido por un caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

Las voces más duras del morenismo, entre las que se encuentran la dirigente nacional del partido en el poder, Ariadna Montiel, argumentan que la salida podría ejecutarse tan pronto como antes del 30 de junio. Es decir, once meses antes de la elección a la gubernatura.

Una fuente del aparato de seguridad nacional confirma a Código Magenta que la Unidad de Inteligencia Financiera federal evalúa el bloqueo de las cuentas bancarias de Samuel García y de su entorno familiar y político inmediato. Esto incluiría a su esposa, la potencial candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Mariana Rodríguez Cantú, así como al secretario de Gobierno, Miguel Flores Serna, y a su hermano, el abogado fiscalista, Marcelo Flores Serna.

El gobierno de la Cuarta Transformación apunta contra un presunto esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita que permite financiar campañas políticas del partido naranja de manera clandestina. Desde mayo de 2021, en la antesala de la elección a la gubernatura, la Unidad de Inteligencia Financiera colocó bajo escrutinio a cuatro despachos ligados a este grupo: Firma Jurídica y Fiscal Abogados, García Mascorro Abogados, Flores Serna y Asociados, y Consultoría Lefinco. La Fiscalía General de la República ha retomado esa investigación.

La semana pasada, la dirigencia de Morena en Nuevo León, que preside Anabel Alcocer, presentó una denuncia por peculado en contra de Samuel García y de Mariana Rodríguez. El objeto de la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República es una serie de operaciones financieras con proveedores del gobierno estatal y con el despacho familiar del gobernador por 1,400 millones de pesos. “Por esta triangulación de pagos que ha hecho el gobernador Samuel García a través de proveedores del gobierno y que terminan en un despacho fiscal y de abogados donde su padre es socio”, detalló Alcocer.

La denuncia fue presentada en conjunto con la bancada morenista del Congreso local, con los cinco precandidatos de Morena a la gubernatura y con el delegado del partido asignado a Nuevo León, el senador Alejandro Murat. El documento que Morena presentó ante la FGR establece que la operación desvió recursos federales y estatales que fueron dispersados al extranjero. “Lo que queremos es que sea la Fiscalía, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tienen las facultades, la que confirme a la ciudadanía si esto es verídico”, señaló Murat.

La denuncia hace referencia a la triangulación de un contratista estatal: Suministro MYR ha recibido contratos por más de mil millones de pesos en la administración de Samuel García. La firma realizó una transferencia de 237 millones de pesos a su subsidiaria, Productos Mexicanos JACE, que a su vez envió 202 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, donde el gobernador y su padre, Samuel García Mascorro, son socios propietarios. También depositó 26 millones a Consultoría Lefinco, una firma de asesoría fiscal de Marcelo Flores Serna, el hermano del secretario de Gobierno que ha tenido un crecimiento de negocio exponencial en el gobierno de Samuel García. Su firma matriz, Flores Serna y Asociados, renta un piso completo en la Torre Omega de Polanco en la Ciudad de México. De acuerdo con el periódico Reforma, estos pagos fueron utilizados para financiar a la empresa Nauka, con sede en Jalisco, que maneja el proyecto publicitario de Samuel García (como precandidato presidencial en el 2030) y de Mariana Rodríguez (como precandidata a la gubernatura de Nuevo León).

El caso que Morena ha presentado a la FGR abre la puerta a una conexión entre la oficina del gobernador de Nuevo León con el crimen organizado, puntualmente con una estructura de empresas fachadas que la autoridad vincula con la antigua facción del Cártel de los Beltrán Leyva, en San Pedro Garza García: “La Oficina”.

En septiembre de 2024, la revista Proceso reportó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el SAT federal realizaron una investigación conjunta sobre cómo Consultoría Lefinco habría blanqueado capitales por 14 mil millones de pesos. Esto incluye una triangulación por 21 millones de pesos con una empresa que habría montado el operador financiero del Cártel de los Beltrán Leyva, Norberto Valencia González, alias ‘El Socialitos’.

La fiscalía local encontró que Valencia González montó cinco empresas fachada para administrar su flujo: Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría. La investigación referida por la revista Proceso señaló que esta estructura de lavado de dinero pagó alrededor de cinco millones de pesos al despacho de Marcelo Flores Serna. Además, detectó un pago que Consultoría Lefinco hizo por 16 millones de pesos a MFI Servicios y Asesoría, una compañía que ha sido catalogado por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas como un vehículo de blanqueamiento de capitales del Cártel de los Beltrán Leyva.

Por si fuera poco, esta estructura tiene terminaciones financieras en Suministro MYR, según la información oficial citada por Proceso. Norberto González Valencia, a quien la Secretaría de Marina consideraba un objetivo de alto perfil con un esquema de triangulación de recursos financieros de mil millones de pesos, fue el epicentro criminal de San Pedro Garza García durante años. ‘El Socialitos’ fue detenido en septiembre de 2023 y expulsado a Estados Unidos en febrero de 2025 como parte de una negociación entre el gobierno de Donald Trump y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch. Ahora, su historia es parte del expediente federal en contra de Samuel García.

El discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado domingo, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, dejó en claro que Palacio Nacional entiende que Rubén Rocha Moya no será el último político mexicano acusado por un Gran Jurado de una corte federal en Estados Unidos. “Vienen por unos, por otros y luego eligen quién gobierna”, denunció la mandataria en el evento de corte partidista.

La lógica detrás del movimiento contra Samuel García es que se necesitan emparejar los cartones: por cada gobernador morenista que sea removido, también será sacrificado un gobernador de oposición. En el caso de Nuevo León, Sheinbaum tiene a su disposición por lo menos una decena de expedientes federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Samuel García que han sido abiertos al menos hasta septiembre del 2024. Las indagatorias, que han sido reveladas a través de publicaciones periodísticas, dan cuenta de transferencias a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, y a García Mascorro Abogados por al menos 2,400 millones de pesos. En el caso de la primera firma, la mayoría de los recursos son recibidos de proveedores del gobierno estatal. En el caso del segundo despacho, gran parte de los clientes son operadores de hidrocarburos, entre ellos la firma BSQ Global Corporation, una compañía ligada a Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, ex secretaria de Energía y actual gobernadora de Veracruz.

En 2021, antes de la elección a la gubernatura, la Fiscalía General de la República estuvo a punto de solicitar la emisión de órdenes de aprehensión en contra de Samuel García por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que encontró recursos inexplicables por al menos 8 mil millones de pesos. Sin embargo, un operador de alto nivel de la Cuarta Transformación convenció al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que la opción más inteligente era utilizar ese chantaje como un mecanismo de control con el nuevo gobernador de Nuevo León.

El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un miedo fundado sobre el crecimiento político de Samuel García. No sólo se trata de un gobernador que ha construido un impresionante aparato de financiamiento electoral paralelo, sino que es el segundo precandidato presidencial mejor evaluado por la más reciente encuesta nacional de Enkoll-El País: dos elementos clave para quien busque sentarse en la Silla del Águila.

La destitución de Samuel García depende de que Morena resuelva sus diferencias internas en relación a la aprobación de un juicio político contra el gobernador, en el Congreso de Nuevo León. Un pequeño grupo de la bancada morenista, liderada por Mario Soto, ha puesto resistencia a los esfuerzos por avanzar en este camino. Argumentan que el juicio político solicitado por el PRI y el PAN es caduco y otorga herramientas de defensa legal a Samuel García. En 2024, en el contexto de una discusión similar sobre un proceso de desafuero, un político de la oposición dijo a Código Magenta que el ahora secretario de Gobierno, Miguel Flores Serna, había realizado ofrecimientos por 50 millones de pesos a diputados locales para obstaculizar el juicio político contra Samuel García. Hasta la fecha, el procedimiento sigue atorado en la Comisión Anticorrupción. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto al procedimiento de 2024? En Morena sostienen que, ahora, Sheinbaum y el aparto de seguridad nacional de Omar García Harfuch han puesto la mira en Nuevo León. Los cateos y detenciones contra los operadores del huachicol y el “facturerismo” no son una coincidencia. En política, no las hay.