Pemex: ductos de Gaytán y refinerías de Lechuga

Si alguien quiere comprobar el caos que se vive en Pemex -más allá de los golpes que le da su ex director general a su esposa- que se asome a dos frentes donde la incompetencia dejó de ser un accidente para convertirse en método: la Subdirección de Transporte, Mantenimiento y Servicios de Ductos, feudo del ingeniero Joel Gaytán Villarreal, y la Dirección de Procesos Industriales, cacicazgo de Carlos Armando Lechuga Aguiñaga.

Dos nombres. Dos responsables directos. Y entre ambos, una estela de cifras escondidas, contratos a modo, colaboradores señalados por desfalcos, ríos contaminados y -lo más grave- trabajadores muertos.

Joel Gaytán es el hombre que apagó los tableros. Las gerencias de Logística y de Transporte, Mantenimiento y Servicios de Ductos son las responsables de cuidar “las venas” por las que corre el crudo y el combustible de México. Los mismos ductos que sangra el huachicol artesanal, el de piquete. Y esas venas hoy no tienen guardián: tienen administrador de la opacidad.

La historia comienza en 2023, en la antesala del cambio de Octavio Romero a Víctor Rodríguez, cuando Joel Gaytán cortejó al Subdirector de Transporte y al Director de Pemex Logística para quedarse con la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicio de Ductos. Su carta de presentación no fue un plan de mantenimiento: fue la promesa de grandes comisiones en los contratos de vigilancia del transporte de crudo y combustibles.

Su primer acto de gobierno fue una purga. Con engaños, consiguió que sus jefes le autorizaran despedir al personal con más de 25 años de experiencia, precisamente a quienes sabían evitar y contener las fugas mayores en oleoductos y poliductos. Eliminó a los que sabían para que nadie pudiera contradecir sus números.

Después vinieron los contratistas incómodos. Al ingeniero Fructuoso Patiño le asignaron sus actividades usuales y, dos meses después de iniciado el contrato, le pusieron sobre la mesa documentos para pagar 20 millones de pesos. Cuando se negó a entrar al juego, no sólo le retiraron el contrato: pretendieron cobrarle 600 millones de pesos por conceptos de fugas. El mensaje para el resto del gremio no pudo ser más claro.

Consumada la purga, Joel Gaytán hizo lo que hace todo administrador de la opacidad: escondió las cifras, maquilló los montos de las fugas y dejó de transparentar los datos históricos de presiones en los ductos. Sin datos no hay alertas; sin alertas no hay responsables; y sin responsables, el huachicol de piquete opera con la comodidad de quien trabaja a oscuras porque alguien, desde adentro, apagó la luz. Y la factura de ese apagón deliberado ya se paga en vidas y en territorio.

En el Río Pantepec, Veracruz, la falta de mantenimiento y la operación a presiones máximas provocaron una fuga mayor de miles de barriles por hora; lo saben bien los ingenieros José Boira y Miguel Ángel Lima, operadores de Pemex. El 28 de octubre reventó otra gran fuga en la estación de bombeo de Nuevo Teapa. Los derrames contaminan ríos, tierras de cultivo y descargan en el Golfo de México.

Y el pasado 10 de febrero, en las instalaciones de Salina Cruz, el vaciado inadecuado de un ducto -una maniobra que el personal veterano que Joe Gaytán Villarreal despidió, sabía hacer con los ojos cerrados- terminó en un accidente fatal: tres trabajadores muertos y cuatro lesionados.

Los muertos tienen nombre: los ingenieros Mario Regalado Ruiz y Sergio León Garfias, y el trabajador contratista Santiago Aguilar Calderón. Los lesionados también: los ingenieros Said Homero López y Jesús Robles Ballesteros, y los contratistas Miguel Tolentino y Johnny Montejo Jiménez.

Pero sería un error quedarse en el eslabón intermedio. El accidente de Salina Cruz ocurrió dentro del perímetro de una refinería. Y todas las refinerías del país responden a un solo hombre: Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, Director de Procesos Industriales.

Su hoja de servicios debería bastar para el cese inmediato: como director de PTI entregó los peores resultados en refinación en décadas, con pérdidas superiores a los 180 mil millones de pesos. A pesar de que se procesó más crudo y se produjeron más petrolíferos que nunca. Es decir: entre más trabajaron sus refinerías, más dinero perdió Pemex. En cualquier empresa del mundo eso se llama fracaso. En Pemex se llamó mérito. Y Carlos Armando Lechuga fue ratificado al frente de la Dirección de Procesos Industriales, sin evaluación, sin explicación y sin rendición de cuentas.

Y desde ahí administra no una dirección, sino una cofradía. Su “círculo de amigos” está documentado por los medios especializados del sector.

Y cada nombre es una historia de daño patrimonial premiado: Ángel Rosete Rodríguez, con los centros procesadores de gas en abandono total, fue reconocido con la Subdirección de Procesos de Gas y Derivados. El abandono como currículum.

Sergio Rosado Flores, señalado por el desfalco en la comercialización del coque de petróleo -bautizado en las redes de denuncia como “El Rey del Coque” de la refinería de Cadereyta- y vinculado a esquemas de venta de combustible adulterado con papelería oficial de Pemex. Cuando la nueva estructura de la Dirección Comercial ya no pudo sostenerlo, Carlos Armando Lechuga intentó rescatarlo personalmente,  colocándolo en la Gerencia de Administración de Transporte. Su reciente salida, justo cuando evaluaba contratos, deja una pregunta envenenada: ¿qué estaba a punto de encontrar o de tapar?

Blanca Marisa Mendoza Muñoz, subdirectora de Abasto de Combustibles, autorizó operaciones con sobrecostos de hasta 30% por demoras en la descarga de barcos de importación. Cada día de demora que ella paga, lo termina pagando el consumidor en el precio final del combustible. Pero hoy continúa en su puesto.

Y Rubén Ramírez Rosales, el hombre que erró el cálculo de inversión de la refinería Olmeca de Dos Bocas por más de 4 mil millones de dólares -no un redondeo: el presupuesto de varias secretarías de Estado-, fue premiado con la Subdirección de Fertilizantes.

Ese es el criterio de Carlos Armando Lechuga: quien quiebra un área, la dirige; quien desfalca, asciende; quien yerra por miles de millones, recibe otra subdirección para seguir practicando.

Su obra maestra administrativa es la reestructura reciente: eliminó una subdirección y 17 gerencias para “austeridad”, pero creó una nueva Dirección de Comercialización con tres subdirecciones y nueve gerencias. Más niveles jerárquicos, más plazas, más espacios para acomodar a la cofradía, en contradicción abierta con las leyes federales de austeridad. Los analistas del sector lo dijeron sin anestesia: no es reestructura, es reciclaje.

Por eso, que nadie se pierda en el organigrama: la cadena es corta y directa. Abajo, Joel Gaytán esconde las presiones, purga a los que saben y opera los ductos al límite. Arriba, Carlos Armando Lechuga preside las refinerías, donde esos ductos revientan, ratifica a los señalados y convierte el desastre en escalafón.

Los muertos de Salina Cruz no son un accidente aislado: son el resultado previsible de un sistema donde ocultar cifras es más rentable que dar mantenimiento.

No hay todavía sentencias ni procedimientos administrativos concluidos contra ninguno de los dos. Pero el patrón está documentado y a la vista: resultados catastróficos, protección de colaboradores cuestionados, ratificaciones sin evaluación. Eso tiene nombre: captura institucional. Y tiene precio: 180 mil millones de pesos en pérdidas, ríos envenenados y tres féretros en Salina Cruz.

Mientras Joel Gaytán administre la oscuridad de los ductos y Carlos Armando Lechuga premie a quienes desangran las refinerías, la pregunta no es si habrá otro accidente. Es cuándo y cuántos nombres tendremos que agregar a la lista.