México, campo abierto para la CIA

Si el gobierno de Felipe Calderón dio luz verde para que la CIA operara en México, el de Enrique Peña Nieto reafirmó su participación en labores de espionaje en suelo mexicano y les abrió la puerta aún más.

Documentos confidenciales consultados por la revista Proceso ponen en evidencia el permiso otorgado durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para que la agencia estadounidense operara libremente en territorio mexicano, por encima de los límites constitucionales del país.

El 10 de septiembre de 2010, en el marco de la Iniciativa Mérida, el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, suscribió con la Oficina Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos el Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de Información de Inteligencia (ACII).

Según el artículo 4 del ACII, “las actividades en el marco del acuerdo, serán desarrolladas desde un centro de trabajo a ser reconocido, en adelante, como el Centro Regional de Inteligencia y Operaciones (CCRIO)…”

Posteriormente, y pese a que en el mismo documento gobierno mexicano reconoció el fracaso del modelo CCRIO, la administración de Enrique Peña Nieto le abrió aún más la puerta a la famosa agencia de espionaje.

En la #NuevaEdición de la @revistaproceso El acuerdo del #Cisen de @EPN con la #CIA: espionaje a la carta / Un #ReportajeEspecial de @JJesusEsquivel https://t.co/WQNclp3fpi pic.twitter.com/rUxL4lJ4j1

— Proceso (@revistaproceso) 18 de agosto de 2019

Un segundo documento clasificado, también en poder de Proceso, revela cómo el titular del Cisen durante el gobierno de Peña Nieto, Eugenio Ímaz Hispert, reiteró su compromiso a la CIA para mantener la estrecha cooperación en temas de inteligencia entre ambas agencias gubernamentales y establecer cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI).

De acuerdo con el reportaje, Ímaz Hispert propuso la participación de las agencias de espionaje de Estados Unidos sin limitar su presencia y operación, incluso en áreas que no fueron consideradas inicialmente en la Iniciativa Mérida.

El gobierno de Peña planteó la participación de las agencias estadounidenses en casos regionales y no solo en “blancos de alto valor”, como son los jefes del crimen organizado.

Aunque se quejaron de que los estadounidenses realizaban vuelos en territorio nacional sin la presencia de pilotos mexicanos, se les ofreció les ofreció expandir sus alcances sobre asuntos más allá del crimen organizado, como el “terrorismo” y el “anarquismo”.

El semanario no especifica si los documentos clasificados especifican los términos “terrorismo” o “anarquismo”.

Los CFRI fueron distribuidos en cinco ubicaciones: Sinaloa, Monterrey y Toluca bajo el mando de la Sedena, y Manzanillo y Coatzacoalcos bajo el mando de la Semar.

“Cada coordinación regional dispondrá de subsedes en las entidades que conformen la zona de atención. Las estructuras se encontrarán desagregadas en tres componentes de acuerdo a sus funciones y ámbito de competencia: inteligencia (acopio y análisis), operación y ministerial”, detalla el documento.

En el contexto de la asistencia económica, técnica y militar que el gobierno de Obama ofrecía a México vía la Iniciativa Mérida, Ímaz notificó al entonces director de la CIA, John Brennan, que incluso se estaba considerando “la posibilidad de someter a personal mexicano seleccionado a los exámenes de control de confianza de Estados Unidos”.

Los documentos clasificados mencionan que el Cisen actualizó a la CIA en 2013 sobre el
“cerco técnico” a 244 objetivos de aproximación de los cárteles del Pacífico (Sinaloa), Zetas, Golfo, Juárez, Caballeros Templarios, Familia Michoacana y Jalisco Nueva Generación.

Mientras que el primer blanco era Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa, el segundo era Miguel Ángel Treviño, “El Z-40”, líder del cártel de los Zetas.

Otros líderes listados en el documento son Vicente Carrillo Fuentes, cabecilla del Cártel de Juárez, así como Enrique Plancarte, líder de los Caballeros Templarios.

Según los expedientes, el espionaje telefónico contra jefes de los cárteles dio como resultado conocer las estructuras de dichas organizaciones, y particularmente la del Cártel del Poniente, que en 2013 estaba en proceso de desarticulación.