Los señores de la guerra, ¿hora de la justicia?

Los Comandantes más duros de la Guerra contra el narco, están en problemas. Por presuntos vínculos con el crimen organizado y abusos de derechos humanos, dos grandes operadores históricos de la llamada Guerra contra el narco a nivel mundial, enfrentan un asedio de la justicia.

Por un lado, los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo persiguen al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, a tal grado que en Estados Unidos ya se habla de su posible implicación judicial.

Por el otro, en el lejano hemisferio oriental, el mandatario filipino, Rodrigo Duterte, ya es investigado por nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional, por posibles crímenes contra la humanidad como parte de su cruenta Guerra contra las drogas.

En Colombia, Álvaro Uribe acumula ya una década de acusaciones por su posible colusión con grupos paramilitares, responsables, según la ONU, de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales que se dieron durante el mayor periodo de violencia que aquejó a la nación sudamericana.

De acuerdo con versiones periodísticas en Colombia, el expresidente teme que el proceso de investigación que se le sigue en su país por los supuestos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, destape en Washington la caja de Pandora.

Y es que, desde 2002, cuando inició su mandato presidencial, periódicamente han surgido en Estados Unidos documentos clasificados de las agencias de inteligencia e instituciones gubernamentales norteamericanas, en los que se da cuenta de tratos de Uribe con los capos del Cartel de Medellín, así como con individuos de los grupos paramilitares del país.

Estos acuerdos, señalan los documentos, habrían sucedido previo a que Uribe llegara al poder presidencial, así como durante su administración.

Detenciones en los últimos años de miembros del círculo íntimo del exmandatario Colombiano, solo refuerzan dichos señalamientos.

En el otro lado del mundo, el polémico presidente de Filipinas enfrenta un creciente número de señalamientos, por presuntos abusos sistemáticos a los derechos humanos, de parte de sus fuerzas de seguridad.

Rodrigo Duterte, quien goza de gran apoyo popular en su país, y quien se caracteriza por su lenguaje de cero tolerancia, es acusado dentro de su país, de ignorar el debido proceso, y aplicar justicia con propia mano.

Entre 2016, cuando llegó al más alto puesto político de Filipinas, y marzo de 2019,  entre 12 mil y 30 mil civiles han muerto a raíz de su guerra contra las drogas, estiman los fiscales de la Corte Penal Internacional.

Los jueces que llevan el caso, han indicado que la guerra contra las drogas de Duterte “no puede ser vista como una operación legítima de aplicación de la ley, ni los asesinatos como legítimos o daños colaterales en una operación legítima”.

De acuerdo con la agencia Reuters, el gobierno del presidente filipino no cooperará con la investigación y no se atiene a los fallos de la corte internacional. 

Los casos de Uribe, en Colombia y Estados Unidos; y de Duterte, en La Haya, hacen eco a lo que se vive en México y, sobre todo, en Estados Unidos, en relación a la Guerra contra el narco impulsada por el expresidente Felipe Calderón. 

Con su principal operador en materia de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Nueva York bajo acusaciones de haberse coludido con el Cártel de Sinaloa, surgen algunos paralelismos. Y México, arrastrando una epidemia de desaparecidos, con una cifra estimada de 350,000 muertes a causa de la llamada Guerra contra el narco, sería otro caso donde sus arquitectos y principales operadores, ya se enfilan a enfrentar el peso de la justicia.