Los caminos que llevan a Felipe Calderón

Aunque últimamente sus tuits no han dado mucho de qué hablar, el ex presidente Felipe Calderón sigue estando en la mira de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que existen dos casos judiciales abiertos en México, los cuales tendrían como objetivo final al exmandatario nacional y acérrimo rival de López Obrador desde el año 2006.

El pasado lunes, en conferencia mañanera, el presidente confirmó la información publicada unos días antes por la Fiscalía General de la República.

“Quién iba a imaginar que la fiscalía iba a retomar el caso de Rápido y Furioso, que es un asunto de tiempo atrás”.

Sí, quién lo iba a imaginar, que un escándalo de hace más de una década -protagonizado por los gobiernos de México y de Estados Unidos, volvería a resurgir hoy, en la segunda mitad del sexenio de la 4T.

Rápido y Furioso fue el nombre de un caso abierto en 2009 por el Congreso de Estados Unidos, el cual descubrió una serie de cuestionables operaciones encubiertas realizadas por autoridades federales basadas en Arizona.

La investigación reveló que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos permitió que 2 mil 500 armas de alto calibre fueron compradas ilegalmente y transportadas a México. Esto, con el objetivo de monitorear su flujo para supuestamente poder identificar a sus compradores, lo cual, a su vez, contribuiría al arresto de líderes criminales y al desmantelamiento de redes delictivas.

Sobre decir que nada de eso sucedió. Al contrario. En diciembre de 2010, el agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, fue asesinado con una de las armas que el propio gobierno de Estados Unidos había introducido a México- y se destapó la cloaca.

El caso escaló hasta convertirse en un affaire diplomático que el presidente Felipe Calderón aprovechó para responsabilizar a Washington por el desbordamiento de la narcoviolencia en México, tema que ya se había vuelto una auténtica pesadilla para la administración calderonista, así como para millones de mexicanos.

Para 2012 solo 710 de las 2 mil 500 armas que en teoría deberían haber sido localizables pudieron ser recuperadas, indica un reporte del Departamento de Justicia.

De acuerdo con el procurador general de México en ese entonces, Humberto Benítez Treviño, -quien no especificó detalles- al menos 150 civiles mexicanos habían muerto a causa de la introducción de esas armas.

Pero existe la versión de que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador intuye que una operación encubierta como la revelada en el caso Rápido y Furioso no hubiera podido suceder sin la colaboración o el consentimiento del gobierno mexicano encabezado por Felipe Calderón.

La estrategia judicial contra Calderón sería el segundo intento del gobierno de la 4T de involucrar al ex mandatario en un caso de alto perfil que lo pueda mantener en el ojo mediático y en la crítica de la opinión pública.

El primero, la solicitud de extradición de Genaro García Luna por presunto enriquecimiento ilícito no ha dado buenos resultados hasta ahora.

El ex secretario de Seguridad en el gabinete calderonista, artífice de la llamada “Guerra contra las drogas” y uno de los hombres más cercanos a Calderón en su momento, se encuentra preso en una cárcel de Nueva York.

La posibilidad de que sea extraditado a México para que rinda su declaración no sería viable hasta después de que sea juzgado en la Corte Este de Estados Unidos. Y la justicia norteamericana parece no tener prisa en hacerlo.

Los que sí tienen prisa porque se aclare el asunto, o al menos de que se hable de Felipe Calderón, están -más bien- de este lado.