6 de abril 2021
Seguridad
Le ponen candado a caso Camargo
Los indicios del caso Camargo apuntan a una posible colusión entre agentes federales de migración y traficantes de personas. Pero la clasificación de los expedientes por cinco años dificultará saber qué realmente sucedió en la masacre de 19 personas en la Frontera Chica, el pasado 22 de enero.
Por Bernhard Buntru
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¿Qué pasó?
El Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó por cinco años sus expedientes relacionados con la masacre de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero.
El INM argumentó que se trata sobre una investigación en curso y que revelar detalles sobre los hechos podría perjudicar las pesquisas.
«La difusión puede obstruir los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos investigados, además se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos probablemente constitutivas de algún delito que se tramitan ante el Ministerio Público», le respondió el INM al portal Animal Político, ante la petición del expediente sobre la expulsión de ocho funcionarios relacionados con el caso.
¿Por qué es importante?
El 3 de febrero, el INM informó que había separado de sus cargos a ocho agentes migratorios basados en Nuevo León, por su posible relación con el trágico suceso ocurrido en Camargo.
En el lugar de los hechos fue asegurada una camioneta Toyota Sequoia que había sido asegurada por el INM dos meses antes en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en un operativo contra la migración irregular.
Este descubrimiento abona a la sospecha de que agentes del INM colaboran con traficantes de personas.
Los detalles:
Dicho vehículo Toyota Sequoia fue interceptado el 5 de diciembre de 2020 en un operativo contra el tráfico de personas en Nuevo León, en el que fueron detenidos 66 migrantes. Dos meses después, el 22 de enero, el mismo vehículo apareció en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos calcinados de 19 personas.
Según refiere Animal Político, esto motivó la destitución de estos ocho funcionarios del INM, de los que no se sabe si han sido acusados de algún delito además de las infracciones administrativas por las que perdieron su empleo.
El argumento utilizado por el INM para no compartir la información es similar al empleado por el Poder Judicial de Tamaulipas para clasificar las declaraciones de los 12 policías detenidos tras el hallazgo en Camargo.