La venganza de Landau

“She’s not to be trusted”. No es confiable. Con esta frase, un operador político estadounidense, cercano al presidente Donald Trump, resume el sentimiento general de la comunidad de inteligencia sobre el momento de la relación de Washington con México. Se refiere, por supuesto, a la presidenta Claudia Sheinbaum. El comentario fue recuperado apenas días después de que un Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación de narcotráfico contra Rubén Rocha Moya. En palabras de otro alto funcionario norteamericano con acceso al Cuarto de Situación de la Casa Blanca, Sheinbaum podría tener “una Presidencia muy efímera” si no coopera con la ofensiva judicial de la administración de Donald Trump contra la narcopolítica mexicana. Rocha Moya es apenas el primero de muchos en la lista.

El arquitecto de esta revolución silenciosa es el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau. El ex embajador de Washington en México ha supervisado personalmente la cancelación de más de 200 visas de políticos y funcionarios mexicanos que están bajo investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. El caso más reciente es el del gobernador de Durango, Esteban Villegas. Su gobierno está parcialmente capturado por el Cártel de los Cabrera Sarabia, según explica a Código Magenta una fuente con conocimiento del asunto. El expediente de Durango pone de relieve una faceta poco conocida sobre el vicecanciller: durante su paso como embajador de Washington en México en la primera administración de Donald Trump, Landau construyó una impresionante red de inteligencia en el país. Periodistas, empresarios, políticos y funcionarios de seguridad nacional siguen enviando información al norte del Río Bravo. El apellido Landau logró trascender en el imaginario mexicano: Internet lo bautizó como “el quita visas”.

La acusación federal en contra de Rubén Rocha Moya es la culminación de un proyecto de política exterior que incluye a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a la CIA, a la DEA, a Homeland Security Investigations, al Comando Norte y al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. El comandante civil a cargo de la operación política en México es precisamente Christopher Landau, mano derecha del secretario de Estado, director del Consejo de Seguridad Nacional y precandidato presidencial republicano, Marco Rubio.

Por primera vez en la historia de la relación bilateral, un gobernador mexicano en funciones es señalado abiertamente de tener vínculos con el crimen organizado. En este caso, con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, una empresa clandestina catalogada por el Departamento de Estado norteamericano como una organización terrorista internacional. En Washington señalan a ‘Los Chapitos’ como los operadores que introdujeron toneladas de fentanilo al mercado estadounidense, una sustancia que ha sido designada por la Casa Blanca como “arma de destrucción masiva” y que es la causa raíz de alrededor de 100 mil muertes por sobredosis al año en la Unión Americana.

El expediente contra el gobernador con licencia de Sinaloa representa la señal más evidente de que la administración de Donald Trump ha decidido que es momento de una reorganización completa del sistema político mexicano. El gobierno de Estados Unidos se ha reservado el derecho a vetar candidatos a la elección intermedia mexicana. La acusación contra Rocha Moya incluye también a quienes eran sus dos prospectos más importantes en la sucesión a la gubernatura: el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Incluso, la nueva dirigente nacional de Morena, la bejaranista Ariadna Montiel, declaró en el Consejo Nacional que el partido no aceptará candidaturas de perfiles asociados a la delincuencia organizada. Está por verse. Sin embargo, es evidente que, en el mejor de los casos, la administración de Donald Trump tendrá injerencia indirecta en la selección de los candidatos a las gubernaturas en 2027. En el peor de los casos, Morena podría ser catalogado como un instituto político que asiste y protege sistemáticamente a organizaciones terroristas internacionales.

El gobierno de Donald Trump entiende la reorganización política de México como un asunto de seguridad nacional. La decisión de nombrar como embajador a Ronald Johnson fue tomada por Landau. Johnson es un ex boina verde del Ejército norteamericano, un antiguo agregado de inteligencia de la CIA al Comando Sur durante los conflictos militares de finales de siglo en Centroamérica y el embajador de Washington en El Salvador que avaló la estrategia draconiana de seguridad del presidente Nayib Bukele. La nueva misión de Johnson en México se ha traducido en un escalamiento de las capacidades militares y de inteligencia en territorio nacional. Bajo su gestión, con la supervisión de Landau, la CIA ha desplazado a la DEA como la principal agencia de inteligencia encargada de la ofensiva contra los cárteles. Además, se ha desplegado un ambicioso programa de vigilancia clandestina que incluye la presencia de agentes en los centros de comando de las Fuerzas Armadas de México y el uso de drones de espionaje MQ-9 Reaper para interceptar comunicaciones. Tanto el abatimiento de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes como la captura de Audias ‘El Jardinero’ Flores Silva, los dos principales capos del Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron producto de inteligencia generada por la CIA.

Para la Casa Blanca, las acusaciones del Departamento de Justicia en contra de la clase política mexicana son una herramienta efectiva para conseguir concesiones en la negociación del T-MEC, en el acceso a minerales críticos en México y en la responsabilidad compartida para frenar la migración de América Central. No obstante, también existe un elemento personal en la agenda de Washington que tiene que ver con Christopher Landau.

En 2020, como embajador de Estados Unidos en México, Landau intercedió a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se solicitó la repatriación del General Salvador Cienfuegos. El general había sido detenido en Los Ángeles bajo cargos de narcotráfico. Con base en el testimonio de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, y de comunicaciones interceptadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, el  Departamento de Justicia señaló a Cienfuegos como un protector del Cártel H-2, una facción del Cártel de los Beltrán Leyva cuyo remanente hoy exporta drogas sintéticas bajo las órdenes de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’. Bajo el consejo de Landau, el fiscal norteamericano, William Barr, negoció con el entonces canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la extradición de Cienfuegos. La condición era que el general sería procesado por la Fiscalía General de la República y juzgado por tribunales mexicanos. Washington entregó las pruebas. Sin embargo, en una decisión extrajudicial, el presidente López Obrador ordenó que Cienfuegos fuera exonerado. Nunca se llevó a cabo el juicio. Landau fue traicionado, pagó el costo político y los platos rotos de una relación bilateral quebrada. “La DEA le fabricó delitos al secretario. Fue una venganza”, declaró AMLO. “Fue un plan para perjudicar a México”, diría tres años después el propio Cienfuegos.

La detención del general dio origen a la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional que vetó de facto las operaciones de la DEA en México y que colocó candados rigurosos a las actividades de agentes de inteligencia extranjeros en el país. Esta ley está hoy al centro del conflicto por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en el que la Fiscalía de Chihuahua desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Para el gobierno de Trump y para Landau, la lección fue clara: nos vieron la cara; el gobierno de la Cuarta Transformación no es confiable.

Landau no es parte de la nueva derecha americana, del ala radical del Partido Republicano que promovió “la declaración de guerra contra los cárteles mexicanos” desde think tanks como Center for Renewing America. Es decir, no es parte del grupo político de Stephen Miller o de Ken Cuccinelli, dos ultras de la administración de Donald Trump. Landau es un miembro del establishment en su definición más amplia: hijo de un diplomático de carrera, educado en la Universidad de Harvard, asistente del juez Clarence Thomas en la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia y antiguo socio del prominente despacho Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan, una oficina conocida por su relación con la firma de espionaje israelí Black Cube y por representar casos de alto perfil en México, como el affaire de Oro Negro contra Pemex. ¿Qué quiere decir esto? La ofensiva contra México trasciende a Donald Trump y a su grupo político. Ahora, también, es una guerra asumida por el Estado Profundo norteamericano.  

Desde la comunidad de inteligencia, presionan que Sheinbaum podría tener “una Presidencia muy efímera”. El viaje a Palenque, el blindaje de la FGR a Rubén Rocha Moya, la cruzada contra la CIA en Chihuahua y la filtración de expedientes delicados sugieren que el balance de poder en el país podría cambiar en cuestión de semanas. Sheinbaum tomó partido.