García Luna y la teoría del ‘narcoestado’

Esta es la transcripción del momento en que César de Castro, abogado de Genaro García Luna, cuestiona a Jesús ‘El Rey’ Zambada, sobre la entrega de un presunto soborno de 7 millones de dólares a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El testigo respondió a la pregunta hecha por De Castro que recuerda haber pagado el efectivo a Regino, quien le dijo que el dinero se utilizaría para la campaña presidencial del PRD en 2006. Sin embargo, Zambada aclaró que nunca realizó pago alguno a López Obrador.

El documento de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que fue obtenido por el periodista de Vice News, Keegan Hamilton, exhibe que la fiscal Saritha Kommatiredy intervino ante el juez Brian Cogan para evitar que el abogado de García Luna leyera una transcripción de una declaración que Zambada hizo en 2013 a autoridades federales de Estados Unidos sobre un presunto pago vinculado a López Obrador. El argumento de la fiscal fue que la declaración de un testigo sobre un presidente mexicano en funciones podría generar una distracción mediática del caso.

El presidente López Obrador, desde la conferencia mañanera, rechazó cualquier intento de implicarlo en la trama de sobornos y nexos con el crimen organizado que rodea al juicio de Genaro García Luna. Gabriel Regino también desestimó las acusaciones.

No obstante, este episodio exhibe cómo el caso contra Genaro García Luna ha dibujado una narrativa de complicidad entre el crimen organizado, en este caso el Cártel de Sinaloa, y el Estado mexicano en todos sus niveles y a lo largo de todo el espectro político.

El miércoles, fueron presentados los alegatos finales en la Corte del Distrito Este de Nueva York. La fiscal Komatireddy concluyó: “Genaro García Luna fue un inteligente, poderoso y ambicioso funcionario y, al mismo tiempo, un aliado y asistente clave para el Cártel de Sinaloa”.

El poderoso discurso de cierre de la fiscalía fue acompañado de un diagrama en el que Genaro García Luna y sus lugartenientes en la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, aparecían como un polo de una estructura criminal; del otro lado del esquema estaban ubicados Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Jesús ‘El Rey’ Zambada. “El Chapo es la línea que va de arriba hacia abajo”, dijo Komatireddy.

La audiencia de esta narrativa no es únicamente el jurado que decidirá si Genaro García Luna es culpable de conspiración para traficar cocaína y de pertenencia continuada a una organización criminal. El mensaje también está dirigido al aparato de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

El símbolo más evidente de que la relación bilateral de México y Washington está en un punto de quiebre fue la carta que enviaron al presidente Joe Biden 21 fiscales estatales de Estados Unidos solicitando que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas. Los fiscales, todos ellos vinculados a gobiernos del Partido Republicano, califican al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como amenazas de seguridad nacional.

Esta carta implica un cambio tectónico en la manera en que el aparato de justicia estadounidense se expresa públicamente de los cárteles mexicanos, a los cuáles los califica como organizaciones criminales de insurgencia armada y que incurren en asesinatos políticos como herramienta de presión, un término que los equipara con grupos terroristas de Medio Oriente como Hezbolá.

Los ejemplos utilizados para validar este argumento fueron el ‘rescate’ de Ovidio Guzmán López en el llamado ‘Culiacanazo’ de octubre de 2019 y el intento de asesinato de Omar García Harfuch en Paseo de la Reforma. 

Los 21 fiscales describen a los cárteles mexicanos como organizaciones que han diversificado sus operaciones comerciales hacia actividades como la minería y la exportación de aguacates.

Este nuevo marco conceptual tiene el potencial de influir en un cambio significativo en la política de seguridad nacional.  El documento critica el uso de la Ley Kingpin como el único recurso utilizado por Washington para hacer frente a los cárteles mexicanos: “Los esfuerzos tradicionales de combate al narcotráfico son inadecuados e insuficientes para atender esta amenaza”, se lee en la carta de los 21 fiscales.

El argumento central es que la Ley Kingpin se enfoca de manera preponderante en el tráfico de drogas, pero ignora las capacidades económicas paralelas de las organizaciones criminales mexicanas, así como su uso de asesinatos políticos e insurgencia armada contra el gobierno mexicano.

En el Partido Republicano existe un consenso de que es necesario expandir los poderes que tiene el presidente de Estados Unidos para realizar intervenciones militares que permitan combatir a los cárteles mexicanos. En los círculos políticos de la derecha estadounidense es común escuchar que si Joe Biden no designa a estas organizaciones criminales como terroristas, el próximo presidente republicano lo hará.

Dan Crenshaw, congresista republicano de Texas, y Michael Waltz, congresista republicano de Florida, introdujeron una legislación que busca precisamente este cambio de enfoque en el combate a los cárteles mexicanos. La iniciativa está patrocinada y asesorada por el ex director de operaciones internacionales de la DEA, Derek Maltz.

Hace meses, cuando el portal Axios reportó que los republicanos estaban preparando este plan, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, descartó la idea de inmediato. Dijo que no hay posibilidad de que tropas estadounidenses crucen a México y que Washington ya enfrenta a los cárteles con la Ley Kingpin.

Por eso es relevante la precisión que ahora hacen los 21 fiscales republicanos. La derecha americana ha tomado como hecho que en México existe un ‘narcoestado’, una idea que ha sido reforzada por el juicio de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York. La gran apuesta del Partido Republicano en las elecciones de 2024 será hacer de México una parte central de su discurso y de su plataforma.

El mensaje y las propuestas de política pública como las de Crenshaw y Waltz tienen su origen en un ‘think tank’ de derecha, The Center for Renewing America, que está conformado por ex funcionarios de la administración de Donald Trump como el ex subsecretario de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli.

The Center for Renewing America es un apéndice del Conservative Partnership Institute, que dirige el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y que es financiado por el Comité de Acción Política del ex presidente, The Save America PAC, un vehículo financiero de 100 millones de dólares.

La insistencia del Partido Republicano para que la administración de Joe Biden actúe en relación a los cárteles mexicanos es permanente. Los demócratas han respondido con mayor presión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta semana, Anne Milgram, titular de la DEA, compareció ante el Congreso. Durante su intervención, le reclamó al gobierno mexicano la falta de cooperación en operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo y la falta de resultados en extradiciones de objetivos criminales de alto perfil.

La fragmentación del aparato de seguridad mexicano y su falta de resultados podrían terminar alineando a republicanos y demócratas en torno a la narrativa instalada por el juicio de Genaro García Luna: que en México persiste un ‘narcoestado’.