Fuerzas Armadas sin control

¿Qué pasó?

A tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera una sentencia por el caso Atenco, el gobierno federal ha desatendido la solicitud de realizar una supervisión ciudadana sobre la Guardia Nacional.

¿Por qué importa?

Lo anterior implica negar la posibilidad de establecer una política de control externo sobre el creciente rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el cual le ha sido conferido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El contexto:

El 18 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instruyó al Estado mexicano a crear el observatorio externo sobre la Guardia Nacional y la policía del Estado de México, petición que fue desatendida bajo el argumento de que los órganos internos con los que cuentan ya cumplen con ese propósito.

Los detalles:

• A 15 años de los hechos de Atenco, donde la extinta Policía Federal, la del Estado de México y las municipales de Texcoco y San Salvador, representaron violaciones graves a los derechos humanos de mujeres, presuntamente torturas y que al día de hoy no han recibido justicia.

• “La Corte dispone que el Estado deberá establecer al nivel federal un observatorio independiente que permita dar seguimiento a la implementación de las políticas en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal (ahora Guardia Nacional) y la policía del estado de México, dentro del cual se permita la participación de miembros de la sociedad civil”, se lee en parte de la sentencia emitida por la CoIDH.

• En un artículo para Animal Político, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, dijo que “el presidente López Obrador tuvo la oportunidad de sentar un precedente en cuanto a la supervisión policial externa, pero en su lugar prefirió firmar un pase libre de control externo con participación ciudadana sobre las Fuerzas Armadas”.

• En ese mismo sentido se expresó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien asegura que la militarización de la seguridad pública en el país no ha disminuido la crisis de derechos humanos.

• “La violencia sigue sin disminuir. De nuevo concluiremos este año con más de 35 mil homicidios en 2021. Son índices inadmisibles que dan cuenta de una condición estructural de violencia que no ha sido revertida”, afirmó.