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8 de abril 2021

Seguridad

El precedente de Nuevo Laredo

La Fiscalía General de la República está investigando a miembros del Ejército por una presunta ejecución extrajudicial. Esto coincide con la crítica de Amnistía Internacional al gobierno de López Obrador por el despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio mexicano

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

Una vez más, Tamaulipas vuelve a estar en el centro de la opinión pública por la situación de violencia que se vive en la frontera, pero ahora con militares involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los casos ya están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Por qué importa?

Esta situación coincide con la crítica de Amnistía Internacional en contra del gobierno de López Obrador, por el despliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio mexicano, que lejos de pacificar el país han contribuido a un aumento desmedido de la inseguridad, de acuerdo a este organismo.

La postura de Amnistía Internacional:

“Vemos todo lo contrario. Se ha ido consolidado la política militarizada en respuesta a la seguridad pública. La Guardia Nacional sigue asumiendo funciones de seguridad pública. Vemos ahora incluso que ha sido desplegada a las fronteras para control migratorio, violentando derechos humanos de las personas”, expresó Érika Guevara, directora para las Américas de la ONG.  

El contexto:

  • Según los reportes locales, en los últimos ocho meses, el Ejército Mexicano ha cometido al menos tres ejecuciones extrajudiciales en la zona de Nuevo Laredo y en ninguno de los casos se ha procesado a los militares en cuestión, pese a las pruebas aportadas por familiares, testigos y abogados.
  • Tan solo el 3 de julio pasado, tres jóvenes fueron muertos a tiros por elementos de las Fuerzas Armadas, después de ser secuestrados por una banda del crimen organizado.
  • Recientemente -en febrero y marzo, respectivamente-, dos civiles perdieron la vida en medio de presuntos operativos de seguridad militares.
  • En lo referente a estos dos últimos hechos, la FGR ya cuenta con dos carpetas de investigación, por una probable ejecución extrajudicial de parte del Ejército, donde además se habrían falseado declaraciones para justificar los ataques en contra de civiles.

Los detalles:

  • En el primer caso, ocurrido el 10 de marzo a las 5 de la tarde, Elena y Jacob transitaban por el cruce de las calles Degollado y Gutiérrez, en el centro de Nuevo Laredo, mientras se trasladaban hacia la Cruz Roja para realizarle a la primera una ecografía por sus seis meses de embarazo. Nunca llegó a la cita.
  • De acuerdo con El Universal, tres camionetas de militares, con al menos 12 soldados, los interceptaron y balearon, resultando herido en el ataque una persona identificada como Jacob, de 26 años, con dos impactos, uno de ellos en la nuca. Murió desangrado en presencia de soldados.
  • “Yo empiezo a gritar, a pedir ayuda y ellos no hacían nada. No me decían nada. Se me quedaban viendo y lo único que hicieron fue preguntar su nombre y el mío. Pero como estaba en shock, no podía responder, sólo les decía que me ayudaran”, narró Elena a El Universal. “Yo vi que los militares nos dispararon directamente”, añadió en su declaración.
  • Sin embargo, los militares involucrados -detalla el diario- declararon al Ministerio Público que, una calle antes, habían sido atacados por civiles armados. Incluso, el cabo de Transmisiones, Martín Hernández Solís, reportó haber visto la camioneta en la que viajaban las víctimas, a quienes les habían advertido del peligro.
  • El segundo suceso se dio un mes y tres días antes de otra situación similar en Nuevo Laredo, lo que sugiere el establecimiento de un patrón derivado del despliegue militar en la región:  un automóvil en el que viajaban cuatro personas -entre ellas Javier, de 20 años y quien murió en el atentado-, fue rafagueado con 18 disparos por integrantes del Ejército que transitaban a bordo de una camioneta, al filo de las 23:00 horas.
  • Según el informe oficial, los integrantes de las Fuerzas Armadas reportaron haber sido blanco de una agresión por parte de los civiles. Sin embargo, los tres sobrevivientes argumentaron que los soldados le plantaron a Javier -ya muerto- un fusil AR-15.
  • Uno de ellos, Daniel, asegura que él fue acusado ante la FGR de posesión de arma de fuego y 70 cartuchos de uso exclusivo del Ejército, situación que su abogado defensor, Carlos Aguilar, calificó de insólita. “Les hicieron la prueba de radiosonato a todos, incluido Javier, y salieron negativos”, afirmó a El Universal.
  • Al respecto, el vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Francisco Antonio Enríquez Rojas, dijo tener conocimiento de ambos casos y que ya se procedió con las diligencias correspondientes ante el Ministerio Público. “Nosotros no podemos hacer ningún tipo de diligencia… De inmediato se debe de turnar a la fiscalía y nosotros no podemos realizar investigación al respecto”, aseveró.
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