El espía de la Marina

¿Qué pasó?

Un tribunal federal revirtió la condena de tres años de cárcel y suspendió una orden de aprehensión en contra de Marco Antonio Martínez Tirado, un proveedor de equipo de espionaje de la Secretaría de Marina (Semar) vinculado al delito de defraudación fiscal por 80 millones de pesos.

¿Por qué importa?

De acuerdo con Reforma, la defensa de Martínez Tirado, encabezada por Antonio López Ramírez, argumentó que su cliente fue imputado por la autoridad “en forma incorrecta e ilegal”, ya que la acusación presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) carece de dictámenes técnicos avalados por el SAT.

El contexto:

• A principios de abril de 2019, Martínez Tirado fue condenado por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (en Sinaloa) a tres años de prisión por un presunto fraude de 80 millones 242 mil 724 pesos.

• En ese momento, la Secretaría de Hacienda determinó que la defraudación habría ocurrido de 2010 a 2014, después de que el sentenciado recibiera depósitos bancarios por 402 millones 173 mil 924 pesos y únicamente declarara al fisco la cantidad de 936 mil 181 pesos.

Los detalles:

• Según constancias judiciales dadas a conocer por Reforma, el Sexto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, a cargo del magistrado Luis Pérez de la Fuente, acordó la suspensión de la orden de reaprehensión y la condena de tres años, después de que el empresario presentara un recurso de amparo.

• Desde un inicio, la Secretaría de Hacienda habría puesto la mira en Martínez Tirado, debido a su relación con el hermano del Contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, ex jefe de ayudantes de Francisco Saynez, secretario de Marina del gobierno de Felipe Calderón.

• En su denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Jesús Marcial Martínez Pastelín recibió -entre 2010 y 2014- más de 222 millones de pesos de Martínez Tirado y Humberto Cervantes Pacheco, ambos identificados como proveedores de telas militares, equipos de radiocomunicación y de entrenamiento para la Marina.

• Posteriormente y con base en esa información, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunció a Martínez Tirado por una presunta defraudación fiscal de 80 millones 242 mil 724 pesos, la cual se habría dado en 2010.

• Sin embargo, el abogado defensor de Tirado, Antonio López Ramírez, aseguró que la PFF sumó depósitos y retiros en forma discriminada, ya que en realidad dichas transacciones apenas y habrían superado los 10 millones de pesos.

• Además, agregó que la acusación carece de un dictamen técnico contable emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), requisito que la propia Suprema Corte de Justicia ha establecido como obligatorio en una jurisprudencia.

• Lo más grave, de acuerdo con el litigante, fue el hecho de que, previo a la denuncia del empresario ante la extinta PGR, no se realizó un procedimiento de comprobación fiscal de parte del SAT, esencial para proceder contra este tipo de delitos, según la norma establecida.