Chiapas: Guerra de Cárteles

Hablemos de lo que está pasando en Chiapas.

Las imágenes de pobladores de Frontera Comalapa, Chiapas aplaudiendo a una caravana de hombres armados representan la manifestación brutal de un conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que ha sido ignorado durante meses por el gobierno mexicano.

De acuerdo a reportes de la prensa local, la población fue presionada por el crimen organizado para formar esta valla. El video de la caravana se ha convertido en un poderoso instrumento de propaganda criminal para dibujar la narrativa de que existe un “cártel bueno” peleando contra un “cártel malo”, como lo ha descrito un poblador al periódico La Jornada.

Frontera Comalapa, una comunidad de alrededor de 81 mil habitantes dispersos por la Selva Lacandona, es el punto nuclear del conflicto entre las facciones locales del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, las dos organizaciones criminales más importantes del país. Se trata de una zona estratégica de la frontera con Guatemala. “Existe un corredor central para el tráfico de droga y migrantes, pasa por la Trinitaria y Comitán hasta llegar a San Cristóbal y de aquí a Tuxtla Gutiérrez hacia el norte”, dijo una fuente con conocimiento del asunto al corresponsal de La Jornada en Chiapas.

Frontera Comalapa está consumida por la violencia, los retenes criminales, el cobro de piso, la escasez de víveres y de efectivo, así como por la suspensión de servicios básicos: los grupos criminales controlan la oferta de transporte público, energía eléctrica y de la señal telefónica.

“Chiapas está desgarrado por el crimen organizado”, ha dicho la Diócesis de San Cristóbal para advertir de las amenazas, hostigamiento y persecución que sufre la población local a manos de grupos “extranjeros”. Los municipios bajo el asedio criminal se encuentran en estado de sitio.

Cártel de Sinaloa y CJNG disputan tráfico de migrantes

El conflicto criminal está exacerbado por la reactivación del flujo de migrantes sudamericanos y centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Registros del gobierno federal citados por The New York Times refieren que 140,671 personas de América del Sur y 102,106 personas cruzaron a México en los primeros siete meses del 2023. Un reporte de la Organización Internacional del Trabajo publicado en 2014 (Ganancias y pobreza: la economía del trabajo forzado) estima que en América Latina las ganancias anuales derivadas del tráfico de personas son de 12 mil millones de dólares.

Un documento de investigación de Insight Crime destaca a Tapachula, Chiapas, como el primer punto de partida de una de las cuatro rutas más importantes de tráfico de personas en México. Además, el estudio concluye que  estos “corredores ilustran que el tráfico de personas depende de la configuración del crimen organizado local”. 

El caso de Chiapas no es la excepción. El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco disputan el control de la industria clandestina de mayor crecimiento en el país. La firma de consultoría geopolítica Hxagon atribuye a la expansión del CNJG el principal vector de generación de violencia en México.

La situación se ha agravado por la participación de grupo paramilitares, por diferencias territoriales de los pueblos originarios y conflictos religiosos de la región. Esto se ha vuelto patente en comunidades como Pantelhó y Chenalhó, donde la violencia de entes locales, particularmente la banda de los llamados “motonetas”, converge con la nueva actividad criminal para el cobro de piso y el reclutamiento forzado.

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha encontrado a dos aliados endémicos: Los Huistas, un grupo criminal de Guatemala, y la agrupación MAÍZ (Movimiento Agrario Indígena Zapatista), que es referida como la base social del CJNG.

A través de estos grupos locales, el cártel amedrenta a transportistas, locatarios y campesinos para obtener financiamiento de extorsiones, para bloquear caminos y carreteras y para utilizar a la población civil como escudo humano. La Diócesis de San Cristóbal de las Casas describe un Estado rebasado por los cárteles, que ejercen una presión y control social, político y psicológico para que las comunidades “tomen partido por un grupo criminal u otro”.

El desplazamiento de comunidades enteras es la consecuencia de este clima de violencia. Grupos afines al movimiento zapatista también han sido obligados a recorrer sus bases, de acuerdo a los reportes locales. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto en la última semana.

El video de la caravana rumbo a Frontera Comalapa adquiere contexto en esta realidad de asedio criminal. Presionados por el Cártel de Sinaloa, los pobladores festejaron la llegada de sicarios que dispararon al aire mientras gritaban “arriba Sinaloa” y se identificaron como “gente del ‘Mayo’ Zambada”. 

En los hechos, la propaganda del Cártel de Sinaloa como un grupo liberador frente a los abusos del CJNG y de la agrupación MAÍZ es el testimonio de la existencia de un narcoestado en Chiapas.

El gobierno federal ignora el problema de gobernabilidad en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia mañanera del lunes 25 de septiembre que la situación en Chiapas representa un asunto menor que se limita a una sola región, que no es generalizado y que está siendo atendido por la Guardia Nacional.

Esta narrativa contrasta con la descripción de caos y control criminal que ha hecho la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, con la decisión del gobierno de Guatemala de desplegar a 300 elementos militares en la frontera y con la evidente infiltración del crimen organizado en el sistema político chiapaneco.

“Una opinión recurrente es que muchos presidentes municipales están amenazados o ya fueron comprados por la maña”, dijo una fuente al corresponsal de La Jornada en Chiapas.

El gobierno federal ha ignorado de manera sistemática el problema de gobernabilidad en el estado más pobre del país. En junio de este año, cientos de agrupaciones sociales afines al zapatismo denunciaron que Chiapas estaba “al filo de la guerra civil”.

Esto ocurrió apenas días después de un episodio de 48 horas de fuego en Frontera Comalapa, una disputa de violencia criminal entre el Cártel de Sinaloa y miembros del CJNG y la agrupación MAÍZ. El enfrentamiento armado inició el 22 de mayo. Sin embargo, el Ejército tardó dos días en intervenir en la comunidad. Las Fuerzas Armadas aparecieron hasta que cesó el conflicto.

Dos meses después, el 27 de julio, un comando presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación secuestró a 16 empleados de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. Esta entidad criminal exigió la liberación de la pareja de un lugarteniente del cártel y la destitución de tres funcionarios a los que acusaron, a través de un mensaje en una manta, de brindar protección al Cártel de Sinaloa: Francisco Javier Orantes, subsecretario de Seguridad Pública del estado; Roberto Jair Hernández, titular de la Policía Fronteriza; y Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal.

El conflicto en Chiapas no es un fenómeno reciente. Los primeros enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se registraron en la Semana Santa del año 2020. Los asesinatos de líderes criminales, las amenazas directas y las batallas campales han sido recurrentes desde entonces. En ningún momento ha aparecido el gobierno federal ni estatal.

Mientras tanto, la clase política es completamente ajena a la realidad criminal de Chiapas. El gobernador Rutilio Escandón, aliado del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López, evade los cuestionamientos sobre la violencia.

Al mismo tiempo, la antigua estructura política asociada al ex gobernador Manuel Velasco prepara la candidatura de Sasil de León, una respuesta a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de retirar de la contienda al director del IMSS, Zoé Robledo. La prioridad de la élite política es construir un aparato de movilización de cara al 2024, no resolver la crisis de gobernabilidad.

 De la posición de los otros dos aspirantes de Morena a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar y el Doctor Pepe Cruz, poco se sabe sobre su proyecto para resolver el conflicto entre los cárteles.

La administración de Andrés Manuel López Obrador pregona que su prioridad es el desarrollo del Sur de México. No obstante, el abandono de Chiapas, hoy como siempre, es evidente.

Chiapas es el rostro del narcoestado mexicano.