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23 de enero 2023

Seguridad

Caso García Luna: el silencio de la DEA

Durante años, la agencia anti drogas de Estados Unidos tuvo conocimiento de las pruebas que vinculaban al ex secretario de Seguridad Pública con presuntos actos de corrupción

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

  • Durante años, la agencia anti drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tuvo conocimiento de las pruebas que vinculaban a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, con presuntos actos de corrupción, de acuerdo a una investigación de ProPublica.
  • Este medio calificó la omisión como “una de las fallas de inteligencia más notables de la guerra contra las drogas”.

¿Por qué importa?

  • El juicio contra García Luna, que inició la semana pasada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, promete nuevas revelaciones que ayudarán a entender el rol que juega Washington en la definición de la política de seguridad y de drogas de México.
  • El ex secretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón enfrenta tres cargos de narcotráfico y es acusado de haber dado protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios.

El contexto:

  • Este lunes, Sergio Villarreal, ‘El Grande’, fue el primer testigo que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó para declarar en contra de García Luna y afirmó que lo vio asistir a reuniones con miembros del Cártel de Sinaloa. ‘El Grande’ dijo que su responsabilidad era repartir los sobornos.
  • De acuerdo a Villarreal, la entrega de sobornos se realizó entre el 2001, cuando García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno De Vicente Fox, hasta el 2008, en el sexenio de Felipe Calderón.

Los detalles:

  • ProPublica, un medio independiente de Estados Unidos, refiere en una investigación que hace más de 10 años y meses antes de que dejara su cargo, la Administración de Control de Drogras norteamericana (DEA) ya tenía pruebas de las presuntas conexiones de Genaro García Luna con organizaciones criminales.
  • Inclusive, un año después de su salida del gobierno de Calderón, cuando ya residía en Miami, los agentes le presentaron un informe a la entonces administradora de la DEA, Michele M. Leonhart, la cual los instó a proceder. Sin embargo, los procuradores del Distrito Sur de Texas lo consideraron insuficiente.
  • “Ellos querían más… Yo pensaba que teníamos suficiente para acusar al tipo, pero dijeron que no. Y ellos eran los abogados”, reveló Steven S. Whipple, quien por varios años supervisó la investigación como jefe adjunto y posteriormente como jefe de la oficina de la DEA en Houston.
  • De acuerdo con el medio estadounidense, diversos ex funcionarios y ex embajadores estadounidenses, quienes trabajaron muy de cerca con García Luna tenían “motivos para sospechar de él”, mucho antes de que fuera acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
  • “Era muy obvio… Si no era corrupto, era sospechoso, pero en realidad no teníamos más opción que trabajar con él”, refirió un ex funcionario de la Embajada de Estados Unidos, quien recordó cuando fue invitado a una exclusiva fiesta en una lujosa casa en Cuernavaca, en la que García Luna presumió una colección de autos antiguos restaurados.
  • Un ex agente reveló que García Luna podría estar trabajando ya con el Cártel de Sinaloa cuando a mediados de los 90, él y Luis Cárdenas Palomino -su mano derecha- se ofrecieron a trabajar con agentes estadounidenses para combatir a la banda de los Arellano Félix, rivales de la organización fundada por “El Chapo” Guzmán.
  • “Presentaron un informe muy bien elaborado. Tenían un plan operativo, pero todo estaba dirigido contra los Arellano. Cuando hablabas de cualquier otro narco, no les interesaba”, dijo un ex agente de la DEA acerca de los dos mexicanos.
  • Las sospechas se fueron incrementando cuando información delicada de inteligencia que la DEA había compartido con agentes mexicanos, inclusive con aquellos entrenados por ésta, se compartía de manera casi rutinaria con los traficantes.
  • “Hubo comandantes de policía de esas unidades, entrenados por estadounidenses, que fueron asesinados uno tras otro, al parecer traicionados por sus propios colegas”, se lee en el reporte.
  • No fue sino hasta la detención y posterior extradición en mayo de 2012 de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” que los vínculos criminales de García Luna se harían más evidentes, luego de que este lo señalara como “un protector pagado y de confianza” tanto del Cártel de Sinaloa como de los Beltrán Leyva.
  • Sin embargo, el caso se estancó por varios años hasta que en el llamado ‘Juicio del Siglo’, en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de sus lugartenientes, Jesús Zambada García, declaró haberse reunido con García Luna en dos ocasiones en un restaurante de la Ciudad de México para entregarle maletines llenos de dinero, cada uno con más de $3 millones de dólares.
  • “Cuando has seguido todas las pistas que has podido encontrar y los fiscales dicen que no es suficiente, las cosas se estancan. Yo creía que habíamos reunido todos los elementos necesarios. Pero lo dejaron en segundo plano hasta que algo estallara… y el caso del Chapo por fin estalló”, añadió Whipple al rotativo.
  • Fue entonces que el procurador federal, Richard P. Donoghue, giró instrucciones a sus fiscales para empezar a abrir expedientes en contra de García Luna, lo que llevó a encontrar el caso que se había elaborado en Houston, tras la extradición de “El Grande”, lo que terminó en la detención del llamado “arquitecto de la guerra contra las drogas” en diciembre del 2019, en Dallas.
  • Otros medios como The Intercept refieren que un ex miembro de alto rango de los Beltrán Leyva “señaló con el dedo” a García Luna como uno de los funcionarios responsables de filtrar la identidad de un informante colombiano que habría colaborado con la DEA para confiscar cargamentos de cocaína entre 2007 y 2008.
  • “Si bien no está siendo acusado de asesinato, la acusación de avisar a los cárteles sobre el informante de la DEA podría encajar en el estatuto de la llamada ley de capos (participar en una empresa criminal continua) al dar acceso a información confidencial de aplicación de la ley sobre operaciones policiales”, señaló The Intercept.
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