“Yankees, come home”

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, confirmó que grupos criminales secuestraron y golpearon a dos inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Michoacán. En respuesta, el gobierno de Joe Biden suspendió de manera indefinida la importación de aguacates de este estado. Una irrupción directa a una cadena de suministro de 3 mil millones de dólares al año. Toda proporción guardada, el caso hace eco del asesinato y tortura del agente de la DEA, Kiki Camarena, perpetuado por sicarios del Cártel de Guadalajara en el sexenio de Miguel de la Madrid. Esto marcó un hito en la relación bilateral de Estados Unidos con México. Se cruzó una línea roja y Washington actuó en consecuencia.

A tres meses de que finalice el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los círculos de poder de la Ciudad de México y de Washington hay una pregunta que sigue sin responderse: ¿Por qué el gobierno norteamericano ha permitido que en México se crucen líneas rojas con total impunidad?

El caso de la industria del aguacate en Michoacán es emblemático de la tolerancia desmedida de la administración de Joe Biden a la expansión de los cárteles en México. Michoacán no sólo es tierra de aguacates, también es tierra de cárteles. Un reporte publicado en enero por la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, firmado por los académicos Romain Le Cour y Paul Frissard, concluyó que el ‘boom’ de las exportaciones de aguacate son producto de la coordinación del “crimen organizado y la demanda internacional para darle forma a una industria de miles de millones de dólares en las que las relaciones político-criminales juegan un rol crucial”. Esto ha convertido a Michoacán en un territorio de guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana y grupos paramilitares y de autodefensa independientes. Falko Ernst, analista de Crisis Group, ha documentado cómo los cárteles han plantado minas, utilizado drones explosivos y utilizado armamento de alto calibre. En los últimos doce meses, grupos criminales han llegado al grado de asesinar a elementos de patrullas militares en Tierra Caliente e incluso a derribar aeronaves del Ejército en la zona. Los hechos en Michoacán no son diferentes de lo que sucede en algunas regiones en conflicto en las que han intervenido agentes del gobierno norteamericano. El mes pasado, Crisis Group publicó un reporte en el que presentó evidencia de que “el Ejército mató a 400 supuestos miembros del CJNG y los desapareció con ayuda de un grupo criminal”. Este es el nivel de horror de la guerra en Michoacán, un conflicto por el control de un negocio bilateral de 3 mil millones de dólares. A pesar de la influencia que Estados Unidos tiene sobre la cadena de suministro del aguacate, el gobierno norteamericano no se ha inmutado ante la cesión de territorio a los cárteles.

Las constantes visitas de la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall a Palacio Nacional, las filtraciones del Departamento de Estado a ProPublica sobre los presuntos vínculos criminales del presidente López Obrador, las denuncias que han hecho legisladores de ambos partidos de la trama de huachicol fiscal e incluso las amenazas veladas del Partido Republicano para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y propiciar una intervención militar han quedado como amenazas vacías de la autoridad del ‘Tío Sam’.

La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del martes revela que el gobierno mexicano le ha tomado la medida a las agencias de seguridad de Estados Unidos. Cuestionado sobre un presunto memorándum de la DEA que habría criticado la reforma judicial como un vehículo para expandir la influencia del crimen organizado en los tribunales, López Obrador respondió: “¿Cómo se atreven a meter su cuchara?”.

En este sexenio, la administración de López Obrador ha cruzado líneas rojas de la relación bilateral con Estados Unidos que en otros gobiernos habrían sido impensables: violó un acuerdo con el Departamento de Justicia y exoneró de cargos de narcotráfico al general Salvador Cienfuegos sin un proceso serio de por medio; destituyó al almirante Marco Antonio Ortega Siu, encargado de la división de Operaciones Especiales de la Marina que efectuaba detenciones de alto perfil con inteligencia norteamericana; restringió la entrada de agentes extranjeros en México, particularmente de la DEA; permitió la entrada de una amplia estructura de operadores del gobierno ruso de Vladimir Putin al país; simuló el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo en Sinaloa para que el cártel trasladara su negocio a otros estados; y toleró una industria ilegal de contrabando de combustible por más de 400 mil millones de pesos que ayudó a financiar campañas políticas de Morena.

En este contexto, volvemos a la pregunta inevitable: ¿Por qué Washington no ha actuado? Primero, porque la clase política está ocupada con la elección presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Analistas políticos sostienen que es el proceso más importante desde 1968. Los demócratas insisten en que la “democracia está en juego” en esta contienda. Los republicanos, en que deben derrocar al “Estado Profundo que conspira contra el candidato de la mayoría silenciosa”.

Segundo, porque en medio de una contienda electoral francamente sensible a la situación de la frontera sur, el gobierno mexicano ha extorsionado a Estados Unidos para actuar como una válvula del flujo migratorio. De acuerdo a datos proporcionados por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), en el invierno de 2023 se llegaron a registrar 250 mil cruces de migrantes al mes, un nivel récord que representa diez veces el número de cruces migratorios promedio reportado entre el año 2012 y el año 2018. En los primeros meses del 2024, la administración de Andrés Manuel López Obrador intervino para contener el tránsito de migrantes. El resultado fue un éxito para la administración Biden: el número de cruces cayó 50 por ciento. Adam Isacson, analista de Derechos Humanos en América Latina, llamó a este fenómeno “Mexico’s crackdown”.

La relación bilateral de Estados Unidos con México está atrapada en la dinámica electoral. Sin embargo, esto es un fenómeno transitorio. En noviembre, el aparato de seguridad nacional norteamericano retomará su atención en México y en su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. La semana pasada, ocho ciudadanos de Tayikistán con vínculos al Estado Islámico fueron detenidos por agentes norteamericanos. Los sospechosos cruzaron ilegalmente por la frontera con México. El arresto significa un importante recordatorio de que México ‘is too big to fail’ y ‘too close to fail’, demasiado grande y demasiado cercano para caer. Donald Trump ha retomado el caso de los ocho ciudadanos de Tayikistán en sus eventos políticos para cargar contra la política fronteriza del gobierno de Joe Biden.

Recientemente, Chris Wray, director del FBI, y Erik Kurilla, general del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, emitieron alertas sobre los crecientes riesgos de la posibilidad de un ataque terrorista en Estados Unidos. También esta semana, Michael Morell, ex subdirector de la CIA, y Graham Allison, profesor de la Universidad de Harvard y ex funcionario de alto nivel del Pentágono, publicaron un artículo en Foreign Affairs en el que señalaron que hay focos rojos en las capacidades del gobierno estadounidense para detectar potenciales ataques terroristas. Y el flanco más débil está en la frontera con México.

En ese sentido, la pregunta de la relación bilateral ha dejado de ser: ¿por qué Washington no ha actuado? Ahora, la cuestión es ¿cuándo va a actuar? En el caso de que el Partido Demócrata gane la elección en noviembre y retenga la Casa Blanca, es probable que continúe la política de negociaciones cerradas, ya no con Andrés Manuel López Obrador y con la Secretaría de la Defensa Nacional, sino con Claudia Sheinbaum y con quien será su probable secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Este es el mensaje que fue enviado la semana pasada a través de un amplio artículo publicado en The Wall Street Journal. El texto advierte que, para el Estado Profundo norteamericano, la coordinación de inteligencia de García Harfuch con agencias estadounidenses ya fue probada en la Ciudad de México.

No obstante, la relación de México con Estados Unidos podría cambiar radicalmente si Donald Trump gana la elección. Durante su paso por la Casa Blanca, el ex presidente le sugirió a su secretario de Defensa, Mark Esper, bombardear México “de manera rápida, silenciosa y sin que nadie sepa que fuimos nosotros”. Esper, una figura institucional del Pentágono, lo frenó en el momento. Pero la idea de una intervención militar, del uso de drones explosivos contra los cárteles y de la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas se ha convertido en el evangelio del Partido Republicano. Como lo retrata Greg Gardin, profesor de la Universidad de Yale, en un artículo para The New York Times titulado ‘Los republicanos que quieren invadir México’, estas son políticas que han sido planteadas públicamente por el gobernador Ron De Santis, el senador Lindsey Graham, los congresistas Michael McCaul, Marjorie Taylor Green y Mike Waltz; así como por ex funcionarios de la administración Trump como Ken Cuccinelli y Russell Vought. ¿Qué tienen en común estos actores? La mayoría han recibido financiamiento significativo del empresario Peter Thiel o de la familia Mercer, dos pilares de la clase donante del Partido Republicano que buscan refundar la derecha norteamericana.

Además, Donald Trump está considerando como vicepresidente a dos figuras con posiciones antagónicas hacia México: el senador por Ohio, J.D. Vance, y al senador por Florida, Marco Rubio. Vance, la principal apuesta política de Peter Thiel y de los Mercer, ha hecho de la campaña contra el fentanilo una de sus principales banderas. En 2022, durante su campaña al Senado, declaró que la propagación de esta droga era parte de una conspiración para atacar a la base política del Partido Republicano. Rubio, por otro lado, es un crítico vocal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Públicamente ha cuestionado por qué el gobierno mexicano cedió territorio a los cárteles mexicanos y diseñó una iniciativa para sancionar a Pemex por triangular petróleo a favor del régimen castrista en Cuba. En octubre del 2023, Rubio publicó esto en un artículo para el periódico El Universal: “Obrador habla mal de EU, se burla de los innumerables norteamericanos que han muerto a causa del tráfico de fentanilo y tiene una postura cariñosa con Rusia y China. No es amigo nuestro y ahora se está alineando con los regímenes más izquierdistas de nuestra región: las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela”.

En un momento en el que la oposición en México y los participantes de los mercados financieros advierten turbulencias políticas y económicas por la súper mayoría de Morena en el Congreso, obtenida legítimamente en la elección del 2 de junio, las condiciones comienzan a alinearse para todos los que piden la injerencia de Estados Unidos como un factor de contrapeso. “Yankees, come home”.