El Partido Republicano encontró al enemigo perfecto: México

La potencial victoria electoral de Donald Trump promete irrumpir la relación bilateral México-Estados Unidos. El Partido Republicano se ha vuelto cada vez más asertivo respecto a las políticas que implementará en relación a su principal socio comercial: una renegociación agresiva y transaccional del T-MEC, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, medidas migratorias draconianas e incluso una posible intervención militar son parte de la baraja de opciones que han sido discutidas públicamente por el círculo cercano de Donald Trump.

Esto se ha traducido en un mayor antagonismo hacia México de parte de la derecha estadounidense. La semana pasada, Mike Pompeo, ex secretario de Estado y ex director de la CIA de la administración Trump, publicó un artículo de opinión en The Wall Street Journal en el que cuestionó las reformas del Plan C planteadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: “Los cambios constitucionales esperados en México van a irrumpir la relación bilateral con Estados Unidos, generando caos en la frontera y darán pie a una posible guerra comercial”.

Pompeo, uno de los arquitectos de la política exterior del primer término de Donald Trump en la Casa Blanca, argumenta que las reformas propuestas por el gobierno mexicano van a mermar la confianza del mercado y van a secar la inversión extranjera directa: “Los votantes mexicanos le dieron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum un amplio mandato. Es difícil de creer que el partido de su predecesor quiera colocar al país en un camino de estancamiento económico antes de que ella asuma el poder”.

A pesar de que México y Estados Unidos intercambian bienes y servicios por alrededor de 780 mil millones de dólares al año, el Partido Republicano ha encontrado en México un tema común para explotar en la campaña presidencial. El domingo, Fareed Zakaria, prominente periodista de CNN, publicó un reporte especial sobre la relación bilateral. El programa tuvo como eje central el creciente radicalismo de los republicanos para tratar asuntos de seguridad nacional vinculados con México.

La política de utilizar fuerzas militares especiales para combatir a los cárteles en territorio mexicano, de usar drones explosivos para neutralizar al crimen organizado en México y de designar a estas agrupaciones como organizaciones terroristas representa parte central del proyecto político de Donald Trump. El marco legal de estas políticas ha sido desarrollado por uno de los ‘think tanks’ de mayor influencia en el campamento Trump: The Center for Renewing America, integrado por ex funcionarios del aparato de seguridad norteamericano en el gobierno anterior.

Lo que antes era considerado una serie de medidas radicales, hoy se ha vuelto parte esencial del discurso republicano. Entre los liderazgos que suscriben gran parte de este programa se incluyen el gobernador Ron De Santis, el senador Lindsey Graham, los congresistas Michael McCaul, Marjorie Taylor Green y Mike Waltz; así como ex funcionarios de la administración Trump como Ken Cuccinelli y Russell Vought.

Esta visión se ha cristalizado en dos opciones que Trump está considerando como posible candidato a la vicepresidencia: el senador por Florida, Marco Rubio, un crítico vocal del gobierno de López Obrador; y el senador por Ohio, J.D. Vance, un político financiado por la estructura de Peter Thiel y la familia Mercer, un grupo comprometido con una visión nativista de la derecha norteamericana.

En el programa especial de CNN, Zakaria destacó la ambivalencia de la “relación transaccional” con México. Por un lado, el país atraviesa una profunda crisis de seguridad pública y enfrenta serios cuestionamientos de gobernanza. Por otra parte, se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, pretende reemplazar a China como el centro de manufactura global y, en palabras del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, representa una oportunidad crucial de integración económica. Sin embargo, Zakaria advierte que el fenómeno de relocalización de empresas no podrá ser capitalizado en la medida en que México siga su transición hacia “una democracia iliberal con un régimen de partido único”.