El voto de las balas

¿En qué momento los mexicanos nos acostumbramos a que las balas fueran una ruta para sacar de la boleta candidatos incómodos o para beneficiar a candidatos a modo?

Más de 60 aspirantes a alcaldes, regidores, diputados locales y federales no llegarán a ser votados el primero de julio. Fueron asesinados por sicarios que sirven a intereses de oscuros políticos o abiertamente al crimen organizado.

Es inaudito que en México el ser candidato a un puesto de elección popular ya engrose las filas de los oficios peligrosos, de alto riesgo, al lado de periodistas, sacerdotes y activistas sociales.

Ya es asunto de casi todos los días saber del nuevo candidato asesinado, sin que se conozcan de fondo los móviles, que oficiosamente suelen ubicarse en el terreno de las “disputas personales”.

Y lo cierto es que estamos cerrando los ojos a lo que es claro y contundente. El crimen organizado, los intereses muy particulares del narcotráfico, ya se rentan a quien sin escrúpulos y por ambición pura buscan eliminar de la carrera política a un rival.

Pero todo indica que las autoridades ya asumieron esa práctica que violenta la esencia de la democracia como el pan nuestro de cada día.

Y lo que es todavía peor, que los ciudadanos vamos perdiendo lentamente la capacidad de indignación, sin darnos cuenta de que con esos asesinatos se está sepultando algo más que el cuerpo de quien fue victimado.

Porque al permitir la normalización de los asesinatos políticos por la ruta de las balas, estamos de facto alejando a muchos mexicanos y mexicanas de sus aspiraciones para entrar en la política y luchar por un México mejor. El temor se convierte en la moneda de curso.

Y como consecuencia no estarán llegando al poder los mejores hombres y mujeres, sino los que estén seguros de que cuentan con la protección necesaria para llegar con vida al día de la elección.

O también quienes están dispuestos a jugarse la vida por alcanzar ese cargo desde donde se puedan enriquecer, sirviendo por supuesto a los intereses de los patronos y los intereses oscuros que los financiaron.

Ni el gobierno, responsable de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos, entre ellos sus candidatos, ni los ciudadanos que tenemos el poder del voto, debemos permitir que los asesinatos políticos sean la normalidad.

¿Conocen algún país en el que una contienda electoral que va apenas a la mitad de sus 90 días de duración, registre 60 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular? Dos asesinatos cada tres días.

No encender las alarmas y actuar con la emergencia que los hechos exigen, es aceptar que la política mexicana se está narcotizando. Que los capos de las mafias –de la droga, de la política o incluso las económicas- ya tienen su camino alternativo para votar por encima de la voluntad ciudadana.

Ya lo vimos en 1994 en Lomas Taurinas, donde fue victimado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, sin que hasta ahora alguien compre la infantil historial del asesino solitario.

Lo triste de la realidad 2018 es que no vemos a ninguna autoridad federal reaccionado con el suficiente nivel de respuesta que el drama amerita.

Vaya, ni siquiera en el seno del Instituto Nacional Electoral (INE) se da el extrañamiento necesario que exige el momento en el que se estamos aceptando reemplazar la tinta en una boleta por el plomo de una cuerno de chivo.

Asumamos la emergencia, antes de que por nuestra apatía terminemos por arrepentirnos antes del primero de julio.