Tamaulipas: El nuevo orden

En Tamaulipas se está gestando un nuevo orden, judicial y criminal. La elección de jueces y magistrados está transformando el mapa de influencia en un estado que ya califica con la etiqueta de la narcopolítica. En Washington están tomando nota.

El 18 de abril, una detención temporal en Brownsville, Texas cimbró a Morena y a la clase política de Tamaulipas. El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, y un miembro del convoy en el que viajaba, el político Emilio Grimaldo, fueron interrogados por autoridades fronterizas norteamericanas. Aunque Granados niega las versiones de que Estados Unidos canceló su visa, el alcalde morenista ha sido incapaz de mostrar el documento que acredite que se trató de un interrogatorio de rutina. De acuerdo a personas con conocimiento del asunto, agentes de la DEA habrían cuestionado a Granados y a Grimaldo en seguimiento al caso de Édgar Villarreal ‘El Fresa’, el presunto narcotraficante de Matamoros que fue arrestado en febrero en territorio estadounidense.

El interrogatorio y la presunta cancelación de visa contra Granados se entendió como un mensaje de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de que la narcopolítica en Tamaulipas representa una prioridad de seguridad nacional para la administración de Donald Trump. Este año, la aeronave espía Boeing RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el avión patrulla P-8 Poseidón de la Armada norteamericana han realizado trayectorias en la frontera de Texas con Tamaulipas para recabar inteligencia sobre el Cártel del Noreste y las dos principales facciones del Cártel del Golfo: “Los Metros” y el “Grupo Escorpión”. Se trata de tres grupos criminales que han sido designados por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas internacionales. En marzo, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a Estados Unidos a 29 capos con causas pendientes en tribunales norteamericanos, entre ellos a dos presuntos líderes de la delincuencia organizada en Matamoros: José Alberto García Vilano, ‘La Kena’, y Evaristo Cruz Sánchez, ‘El Vaquero’.

Junto a Sinaloa, Tamaulipas se ha convertido en el paciente cero de la narcopolítica mexicana. En la entidad confluyen intereses criminales del huachicol fiscal, el tráfico de migrantes, el trasiego de drogas y la operación de grupos paramilitares con tendencias terroristas. Por si fuera poco, la Reforma Judicial está agravando la situación. La delincuencia organizada se está movilizando para elegir a jueces y magistrados a modo.

En Tamaulipas está en marcha una reconfiguración hacia tres polos de poder jurídico, todos vinculados en cierto grado a los cárteles: el grupo judicial de la Columna Armada Pedro J. Méndez, que pretende asumir el control del Tribunal de Justicia del estado; el grupo del fiscal anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre quien pesa una acusación de cooperación con la antigua estructura de Osiel Cárdenas Guillén y quien pretende convertirse en fiscal general del estado; y el grupo de Juan Pablo Penilla, el abogado del ‘Z-40’ y el ‘Z-42’ que es señalado como el administrador de intereses comerciales de casinos ubicados en Nuevo Laredo, el enclave de poder del Cártel del Noreste.

LOS TRES POLOS DE PODER JURÍDICO EN TAMAULIPAS:

1. Ciudad Victoria: El Cártel Judicial de la Columna Armada

Ayer, Código Magenta reveló que la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo paramilitar identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como un brazo armado del Cártel del Golfo, está promoviendo a Tania Contreras López como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. Dentro de la administración de Américo Villarreal la identifican como la carta fuerte de Morena para ganar la elección judicial regional.

El engrane de poder se complementa con su esposo, el subsecretario de Legalidad del gobierno estatal, Jorge Luis Beas, y con Javier Valdez Perales, el magistrado que liberó irregularmente al líder de la Columna, Octavio Leal Moncada, y quien busca una posición clave de poder en un Tribunal Colegiado federal. Leal Moncada fue excarcelado pese a que tenía ordenes de aprehensión vigentes por tráfico de migrantes, homicidio y delincuencia organizada por violación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

2. Matamoros: El fiscal que ayudó a Osiel Cárdenas Guillén

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal anticorrupción de Tamaulipas, tiene la mira puesta en la Fiscalía General de Justicia del Estado. En el 2022 fue el representante de Morena y de la campaña de Américo Villarreal ante el INE.

Sin embargo, su pasado esconde un historial oscuro: fue elemento del ministerio público de Matamoros en las administraciones de los priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, dos políticos que han enfrentado acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos al Cártel del Golfo.

En el 2002, Govea Orozco fue detenido por agentes federales de la PGR por su presunta participación en una operación para liberar ilegalmente a Rogelio González Pizaña, ‘El Kelín’, cofundador del Cártel de los Zetas y principal lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén, el capo del Cártel del Golfo que recientemente fue extraditado de Estados Unidos a México.

La PGR acusó que autoridades del ministerio público de Tamaulipas y de la AFI se coludieron para suplantar la identidad del ‘Kelín’. Govea Orozco fue recluido siete meses en el penal de Almoloya por esta investigación y dos agentes que participaron en el esquema fueron sentenciados a casi 10 años de prisión.

Un informe de la PGR publicado en el 2002 identificó la detención de Govea Orozco como parte de un golpe a la estructura criminal de Osiel Cárdenas Guillén. De acuerdo a fuentes de inteligencia, familiares de Cárdenas Guillén resurgieron recientemente como protagonistas del mapa criminal de Tamaulipas.

Como actual fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, está contando los días para sustituir al fiscal general del estado, Irving Barrios, que el gobierno morenista de Américo Villarreal heredó del ex gobernador del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca.

3. Nuevo Laredo: El abogado del ‘Z-40’ y el ‘Z-42’

Juan Pablo Penilla y su socio Sergio Ramírez lo dicen abiertamente: defendemos narcotraficantes. Su despacho asesora los casos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, de miembros de la Unión Tepito, del ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández y, notablemente, de los líderes del Cártel del Noreste, los hermanos Treviño Morales, el ‘Z-40’ y el ‘Z-42’.

Penilla fue considerado por la administración de Américo Villarreal para una posición como asesor honorífico. Aunque el cargo no se concretó, el abogado ofreció consejo extraoficial para el gobernador morenista de Tamaulipas. Versiones periodísticas lo identifican como uno de los intermediarios de la ‘pax narca’ que selló el Cártel del Noreste con grupos rivales cuando el presidente Donald Trump endureció su discurso contra las organizaciones criminales mexicanas.

No sólo eso: fuentes de inteligencia aseguran a Código Magenta que el gobierno de Américo Villarreal llegó a ofrecerle a Juan Pablo Penilla la posibilidad de convertirse en fiscal general del estado. El abogado habría rechazado la solicitud, pero mantuvo abiertos sus contactos en Tamaulipas.

Aunque es originario de Tampico, Penilla mantiene su influencia en Nuevo Laredo, el enclave de poder de sus principales clientes, el ‘Z-40′ y el ‘Z-42’, quienes fueron transferidos a Estados Unidos como parte de un acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum con el gobierno de Donald Trump. En esa ciudad fronteriza, también clave para el negocio del huachicol fiscal, Penilla opera como administrador de intereses comerciales de casinos, según personas con conocimiento del caso.

El poder político de Penilla queda de relieve en las decenas de fotografías en las que aparece con miembros de la primera línea de la 4T, notablemente con personajes como Audomaro Martínez Zapata, el ex titular del Centro Nacional de Inteligencia, cuyo hijo fue propietario del equipo Correcaminos de Matamoros, y con Ricardo Peralta Saucedo, el ex administrador general de Aduanas que designó en la aduana de Reynosa a Julio Carmona, el hermano del llamado ‘Rey del Huachicol’.

La Reforma Judicial está acelerando esta reconfiguración de poder en Tamaulipas. El fantasma de la narcopolítica crece exponencialmente. En Washington están conscientes del riesgo de tener un estado dominado por mafias criminales al sur de su frontera. ¿De qué otra manera se explica la reunión que altos funcionarios vinculados a Tamaulipas pidieron con la Secretaría de Gobernación después del interrogatorio en Brownsville?