El suicidio del Caballo Loco

Alan García se suicidó. Al dos veces presidente del Perú no lo mató la bala que él mismo se disparó, sino el ego del político que buscó, en esa salida fácil, escapar de la vergüenza pública de terminar su vida en la cárcel, acusado de corrupción.

A los 35 años de edad fue el presidente más joven en la historia del Perú. Y el populismo que sembró en su primer gobierno era comparable al que Luis Echeverría ejerció como presidente de México.

Demagogia, hiperinflación y terrorismo fueron la marca de la casa. El país se le salió de las manos y los peruanos vivieron su peor crisis económica y de seguridad.

Sus excesos de entonces le valieron el mote de “Caballo Loco”. Arrancó su primera presidencia con 96.4 por ciento de aprobación; la terminó con apenas un 9 por ciento.

Intentó volver como presidente en las elecciones del 2001 pero Alejandro Toledo lo derrotó. No cejó en el empeño y en el 2006 derrotó al izquierdista Ollanta Humala.

Pero Alan García reemplazó su viejo populismo por políticas neoliberales, privatizadoras, promoviendo un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, buscando ser el  Carlos Salinas de Gortari peruano.

Pero populista o neoliberal, los escándalos de corrupción siempre lo persiguieron. Y el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht acabó por alcanzarlo, al igual que a su antecesor Alejandro Toledo y a su sucesor Ollanta Humala.

Fue el mismo caso que también obligó al último presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuckzynski, a renunciar a solo 20 meses de haber asumido el poder.

Un caso Odebrecht cuyas consecuencias –como el lamentable suicidio de Alan García- tienen efectos políticos y empresariales en 11 de los 12 países involucrados en los sobornos. En todos… menos en México.

Un México que vivió el escándalo de que su fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, fuera renunciado por investigar el destino de los sobornos que presumiblemente acabaron en la campaña presidencial del 2012.

Y que un procurador general de la República, Raúl Cervantes, renunciara por dignidad, no sin antes advertir que él dejaba concluida la investigación de Odebrecht y que quien lo sucediera tendría que dar a conocer el expediente.

Santiago Nieto, el ayer despedido, despacha ya como fiscal anticorrupción en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero el silencio y la impunidad sobre el caso de Odebrecht se convierte en el expediente negro que violenta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de luchar contra la corrupción.

¿Qué les hace falta a Santiago Nieto y al ahora fiscal independiente Alejandro Gertz Manero para abrir los expedientes secretos del Caso Odebrecht?

¿Por qué el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador continúa tan cauto en un tema del que existe no solo abundante y confiable información, sino que quien la investigó despacha ahora bajo su mando?

Entre más tiempo pasa y lo que se anunció como concluido no se transparenta, como se prometió, se alimentan las sospechas.

Y tanto simpatizantes como adversarios levantan la ceja  presumiendo que detrás de esta transición podría haber existido un presunto pacto.

Que en Perú existan cuatro presidente perseguidos, uno ya suicidado buscando escapar de la vergüenza por el Caso Odebrecht, confirma el valemadrismo del sistema político mexicano. Aquí desde hace algunos sexenios se perdió la vergüenza.

Pero lo peor es dejar crecer algo así, sea cierto o falso, porque corroe el pedestal anti-corrupción en el que descansa la confianza del actual gobierno.

Ojalá que el presidente López Obrador no suicide su proyecto político por guardar silencios que no se explican.

Es lamentable que Perú termine de ponernos el gran ejemplo de cómo combatir la corrupción con un sistema judicial eficiente y efectivo.