Odebrecht, insignia 2017

Si nos dieran a elegir una palabra para describir en México la historia del 2017, sin duda sería Odebrecht.

Sobran quienes preguntarán qué tiene que hacer el escándalo de sobornos de la constructora brasileña encabezando el ranking de lo bueno y lo malo del año que termina.

Sobre todo frente a esa enorme y ejemplar solidaridad que exhibimos en el devastador sismo de septiembre, en el que demostramos de que barro tan humanitario estamos hechos los mexicanos.

O por qué privilegiar un caso que en apariencia es un acto de corrupción mas, frente a la detención y encarcelamiento de los ex gobernadores Tomás Yarrington, Javier Duarte, Roberto Borge o Eugenio Hernández, todos operados en 2017.

Dirán que apuntar hacia Odebrecht como la piedra angular del 2017 luce infame, frente a la creciente ola de inseguridad que devolvió los índices de criminalidad a lo peor del muy sangriento sexenio calderonista.

Incluso reclamarán que el caso de la constructora brasileña en México palidece, frente a esa amenaza desquiciante llamada Donald Trump, que con su redentora bandera del America First pone en riesgo la piedra angular del desarrollo económico de Estados Unidos, Canadá y México: el Tratado de Libre Comercio.

Pero si evaluamos la herencia del caso Odebrecht podremos asomarnos a lo peor y a los mas oscuro del sistema político mexicano, exhibiendo sin pudor el modus operandi para perpetuarse en el uso y el abuso del poder.

Porque aunque ese soborno sea apenas de 10.5 millones de dólares, la impunidad con la que el caso se manejó en México va mas allá de la indignación. Sobre todo cuando se compara con los otros 11 países en donde se detectaron sobornos similares.

Presidentes, vicepresidentes, hijos de dignatarios, grandes empresarios, son sentados en el banquillo en Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá y Chile, e incluso puestos tras las rejas, al comprobarse las acusaciones. Nadie en México.

Odebrecht nos confirmó como la exhibición mas vergonzosa de impunidad a nivel global. El peor ejemplo de que en nuestro país se puede saquear a manos llenas con el mayor descaro, de cara al mundo, sin que existan consecuencias.

Y eso solo hecho evidencia la cínica y quebrantada moral de la clase gobernante y la pobrísima capacidad de indignación de los mexicanos todos. Complicidad en el silencio.

Por eso un Procurador de la República renuncia inesperadamente diciendo que el caso está investigado y a tres meses de su dimisión no sabemos nada.

Por eso el investigador en jefe de delitos electorales de la nacón es cesado por entrometerse a los gastos de la pasada campaña presidencial, buscando las presuntas vinculaciones Odebrecht-PRI- PAN y tampoco pasa nada.

Por eso una secretaria de la Función Pública es acosada por continuar con las indagatorias e inhabilitar a la constructora. Pero lejos de aplaudirle se le censura y se le intimida con la remoción.

La fórmula corrupción-impunidad se volvió el mantra con el que operan presidentes, secretarios de Estado, gobernadores, empresarios y líderes sociales subastados al mejor postor.

Se pacta con una constructora extranjera para ejecutar la obra pública, se exigen los sobornos de rigor para aplicarlos a campañas políticas o para acrecentar fortunas personales. Y la rueda de la corrupción gira impune, cada día a mayor velocidad.

Los mexicanos pagamos con vidas y mala calidad de servicios y obras, que tendrán que volverse a pagar como el socavón morelense de la constructora española Aldesa, asociada con la fachada de otra constructora mexicana inhabilitada por sus reiteradas negligencias.

Y pasamos a pagar exorbitantes cuotas de peaje en el Circuito Mexiquense o en el Viaducto Bicentenario del Estado de México para que la constructora española OHL financie lo que al gobernador en turno le venga a modo.

Y esos dineros, que podrían servir para mejorar la seguridad pública, el sistema de justicia, combatir al crimen organizado o apoyar la reconstrucción tras los sismos, acaba en corruptos bolsillos de particulares.

Por eso Odebrecht es la palabra insignia del 2017 y lo será todavía en la primera mitad del 2018, cuando en medio de la refriega político-electoral no puedan ocultarse mas sus operadores y sus beneficiarios. ¿Votaremos por ellos o los botaremos?