Los morenos se ponen naranjas

En Nuevo León, Movimiento Ciudadano ya trazó su estrategia rumbo al proceso electoral de 2021. Samuel García, que llegó al Senado por el voto de la mayoría relativa, anunció que pretende ser el candidato a la gubernatura de este partido en dos años.

En este contexto se inscribe el fichaje de dos diputados del Congreso local que hicieron oficial su traspaso a la bancada de Movimiento Ciudadano: Arturo Bonifacio de la Garza, que formaba parte del grupo legislativo de Morena, y Tabita Ortiz, del Partido Encuentro Social.

El argumento que ofrecieron para justificar este cambio de camiseta fue que se trata de un asunto generacional. La bancada emecista en Nuevo León, que dirige Luis Donald Colosio Riojas, se distingue por la juventud de sus integrantes. Esto es igualmente válido para los dos representantes de Nuevo León por Movimiento Ciudadano en el Senado: el propio Samuel García e Indira Kempis. Agustín Basave Alanís, el recién nombrado dirigente estatal, también pertenece a la misma generación.

Sin embargo, podría haber una motivación política de mayor trascendencia en el hecho de que De la Garza y Ortiz se hayan integrado a la bancada de Movimiento Ciudadano. Públicamente, Samuel García ha expresado de manera insistente que está cabildeando a favor de la destitución del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Ésta no es una apuesta de largo alcance; es un escenario plausible dado que el Congreso está legalmente obligada a ejecutar un proceso sumario en contra del “Bronco”.

Arturo de la Garza es particularmente relevante para el objetivo de Samuel García, dado que es el Presidente de la Comisión Anticorrupción, la entidad que elaborará el proyecto de dictamen que definirá el futuro de Rodríguez Calderón.

Este mes, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró que el “Bronco” y su secretario de Gobierno, Manuel González, incurrieron en irregularidades durante la campaña presidencial del ex candidato independiente. Se determinó que 572 funcionarios públicos fueron coaccionados para recabar firmas para el registro de la candidatura durante su horario laboral.

Samuel García ha dicho que hay un precedente legal que califica esta falta como grave y que el gobernador ameritaría ser destituido e inhabilitado.

Eso, en última instancia, lo definirá el Congreso, que ha sido instruido por el tribunal especializado a sancionar a Jaime Rodríguez antes del 20 de diciembre de este año.