Los extraditados

No sólo es Genaro García Luna. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está acelerando las extradiciones y los acuerdos de cooperación con testigos protegidos que vinculan a los cárteles de la droga con el poder político en México.

Documentos de la Corte del Distrito Este de Nueva York muestran que el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón inició una negociación con los fiscales americanos.

Pero, de manera paralela, hay otros cuatro casos que el gobierno estadounidense podría utilizar para empujar la narrativa de que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación tienen acceso directo a los más altos niveles del poder en México:

1. Sergio Villarreal Barragán, alias “el Grande”

Un reporte del New York Times reveló que este lugarteniente del Cártel de Sinaloa implicó a Genaro García Luna y a su colaborador más cercano, Luis Cárdenas Palomino, en la filtración de la identidad de un informante de las agencias de seguridad estadounidenses que fue asesinado en Colombia.

Villarreal fue extraditado a Estados Unidos en 2012, luego de que se convirtió en enemigo de Joaquín “el Chapo” Guzmán cuando el Cártel de los Beltrán Leyva se separó del Cártel de Sinaloa.

Este diciembre, “el Grande” fue liberado y actualmente funge como testigo protegido del Departamento de Justicia. De acuerdo a personas cercanas a la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, Villarreal estaba listo para testificar en el juicio del “Chapo”.

En el 2011, la revista Proceso publicó que Villarreal conoció a Felipe Calderón cuando éste era presidente electo. El nexo entre ambos habría sido el hermano de su ex esposa, Guillermo Anaya, ex senador del PAN, dos veces candidato a la gubernatura de Coahuila y compadre de Calderón.

Tanto Anaya como Calderón niegan los señalamientos.

2. Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “el Ingeniero” o “el Mono”

Es señalado por la justicia española como el operador financiero del Cártel de los Zetas en Europa. Fue extraditado de Madrid a Estados Unidos en marzo del 2019 y recientemente se declaró culpable por narcotráfico ante la Corte del Distrito Oeste de Texas.

El diario San Antonio Express News asegura que se convirtió en un informante de alto valor para los fiscales del Departamento de Justicia.

Las agencias de seguridad españolas interceptaron las comunicaciones de Muñoz Luévano en Europa y, de acuerdo a documentos internos de la Policía Nacional obtenidos por Código Magenta, se planteó la hipótesis de que era un hombre con contactos en los primeros círculos del gobierno de Coahuila, así como de empresarios del sector energéticos vinculados a Pemex.

El periodista Raymundo Riva Palacio refiere que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, ha estado en comunicación constante con la DEA y con el Departamento de Justicia en el último año. Duarte estaría aportando información que conecta a Enrique Peña Nieto directamente con Muñoz Luévano. El ex presidente habría ordenado al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a otorgar contratos de obra pública asociados a empresas del “Ingeniero”.

3. Mario Núñez Meza, alias “el M10”

El representante del Cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez fue arrestado en el 2010, pero fue extraditado a Estados Unidos hasta diciembre del 2019.

Enfrenta un proceso judicial en la Corte del Distrito Oeste de Texas. The New York Times describe este caso como uno de los expedientes más reservados del Departamento de Justicia. De los 139 documentos presentados ante el juez, 68 han sido sellados por tener información delicada. Por ejemplo, transcripciones de llamadas de Núñez con “El Chapo” Guzmán en el que se discute como sobornar funcionarios mexicanos.

4. Jorge Costilla Sánchez, alias “el Coss”

Era considerado uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo. Fue detenido en 2012 y extraditado a Estados Unidos en el 2015. Esta semana se celar culpable de conspiración internacional para distribuir cocaína.

El periódico El Universal publicó que la intención de Costilla Sánchez es colaborar con el Departamento de Justicia para reducir su castigo. A cambio, podría ofrecer información sobre su presunta relación con los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. También podría ratificar las acusaciones que han vertido otros testigos protegidos en Estados Unidos sobre la triangulación de recursos que habrían operado Yarrington y el Cártel del Golfo para financiar la campaña del ahora gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la alcaldía de Reynosa.

¿García Luna es culpable? Todavía no.

Es importante aclarar que no todos los pactos judiciales del Departamento de Justicia implican que los procesados van a aportar información que pueda usarse en casos contra figuras políticas.

En nueve de cada diez casos penales en Estados Unidos, los fiscales recurren al acuerdo para minimizar el riesgo del resultado del juicio. Las condiciones de este pacto, en última instancia, dependen de la calidad de las pruebas presentadas.

Y en caso de que el caso no llegue a juicio, la información obtenida por los fiscales permanecerá reservada. Cuando se juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, los testigos del Departamento de Justicia ofrecieron testimonios explosivos. Se habló de sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, a Enrique Peña Nieto y a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno.

Lo único cierto es que los movimientos recientes del sistema de justicia estadounidense amenazan el status quo de la clase política mexicana.