Los archivos del ‘narcoestado’

Es temporada de escándalos en Palacio Nacional. Primero, Código Magenta reveló las conexiones políticas de la red de huachicol fiscal de Sergio Carmona con la dirigencia nacional de Morena y con el financiamiento clandestino de campañas de la 4T.

Después, Latinus filtró las grabaciones en las que Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, asegura ser el dueño verdadero de Proyecta Industrial de México, una compañía que ha recibido al menos 27 mil millones de pesos en contratos con Pemex y que era dirigida por Daniel Flores, el financiero de la campaña de Adán Augusto López, que murió en un accidente aéreo en el Golfo de México, horas después de haber estado en Palacio Nacional.

Ahora, ProPublica, Deutsche Welle e Insight Crime publican una bomba mediática. Miembros de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador recibieron, en 2006, entre dos y cuatro millones de dólares del Cártel de los Beltrán Leyva, de acuerdo a la declaración coincidente que hicieron a la DEA y a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York cuatro testigos protegidos: Roberto López Nájera, abogado de la organización criminal y testigo estelar de la Operación Limpieza del gobierno de Felipe Calderón; Sergio Villarreal Barragán, lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo estelar de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York contra Genaro García Luna; Mauricio Soto Caballero, enlace de la campaña presidencial de López Obrador en 2006 y ex consejero nacional de Morena; y un empresario de bienes raíces que no ha sido identificado.

Los testimonios fueron recabados como parte de una investigación inconclusa de la agencia antidrogas de Estados Unidos, etiquetada como ‘Operación Polanco’, que buscaba obtener pruebas sobre el involucramiento criminal de Nicolás Mollinedo, el ex chofer de Andrés Manuel López Obrador y operador logístico de la campaña de 2006, que es señalado por testigos como el destinatario final de los sobornos pagados por el Cártel de los Beltrán Leyva.

Las declaraciones referidas por ProPublica, Deutsche Welle e Insight Crime hicieron referencia a una reunión en enero de 2006, en Nuevo Vallarta, en la que habrían participado Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’, entonces jefe de seguridad del Cártel de los Beltrán Leyva; Carlos Montemayor, miembro de la organización criminal; Roberto López Nájera, operador del cártel convertido en testigo protegido de la DEA; Francisco León García, un candidato a senador de Durango por la coalición de izquierda que dirigía López Obrador y que desapareció en 2007; y el empresario que no ha sido identificado públicamente.

En el encuentro se habrían delineado los términos del financiamiento ilegal: el dinero sería entregado en tres eventos a Mauricio Soto Caballero, un consultor político de López Obrador muy cercano a Nicolás Mollinedo. A cambio, el Cártel de los Beltrán Leyva exigió la imposición de ciertos comandantes policiales en la frontera y un derecho de veto sobre la designación del procurador General de la República.

El gobierno estadounidense tuvo conocimiento de esta información en 2010. Sin embargo, el Comité de Revisión de Actividades Sensibles de la administración de Barack Obama, un órgano colegiado que preside el Departamento de Estado y que sanciona operaciones políticamente delicadas, ordenó cerrar la investigación para no interferir en el proceso electoral mexicano de 2012, en el que Andrés Manuel López Obrador repitió como candidato presidencial de la izquierda. “¿Qué pasa si AMLO gana y sabemos esto de él?”, dijo a Insight Crime uno de los funcionarios involucrados sobre la decisión de cancelar la ‘Operación Polanco’. La decisión se tomó en el contexto de la debacle de la Operación Rápido y Furioso, el fiasco del Departamento de Justicia en el que miles de armas fueron enviadas a México como parte de una investigación sobre la capacidad de armamento de los cárteles mexicanos.

Las declaraciones de testigos protegidos dibujan el escenario de lo que algunos analistas han etiquetado como ‘el narcoestado mexicano’. El Cártel de Sinaloa, la organización transnacional de tráfico de drogas más importante del mundo, habría apostado por partida doble en la elección presidencial de 2006, estableciendo acuerdos con operadores de campaña de Andrés Manuel López Obrador y con Genaro García Luna, quien eventualmente sería designado como el poderoso secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón. García Luna fue sentenciado el año pasado, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección política y policial para la organización criminal.

La publicación de estos reportes, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado como “calumnias” en su conferencia mañanera, ocurre en un momento crítico para la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad nacional.

La administración de Joe Biden está cada vez más preocupada por la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral de 2024 y por la política de “abrazos, no balazos” del gobierno federal, un enfoque que ha permitido la expansión de la huella criminal en el país. El Estado ha perdido el monopolio del poder en regiones de Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México y Chiapas, de acuerdo a reportes de inteligencia. El jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos estima que un tercio del territorio nacional está bajo control de los cárteles. Además, las organizaciones criminales han hecho explícitas sus amenazas contra figuras políticas de alto perfil, como Omar García Harfuch, de acuerdo a información a la que ha tenido acceso Código Magenta y a un reporte militar preparado para el presidente López Obrador, cuyo contenido fue publicado por el periodista Raymundo Riva Palacio.

“Entonces, ¿qué hacemos con México?”. Esta pregunta ha dividido al gabinete de seguridad nacional del gobierno de Biden. El fiscal General, Merrick Garland, y la titular de la DEA, Anne Milgram, han empujado por un enfoque más agresivo e intervencionista. Antony Blinken, secretario de Estado, y Juan González, asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, han planteado un enfoque más acomodaticio con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la paciencia del establishment de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos podría estarse acabando. El 27 de diciembre de 2023, Blinken viajó a México por orden presidencial para sostener un encuentro de seguridad nacional de alto nivel con el presidente López Obrador. Dos semanas después, el gabinete de seguridad mexicano -que incluyó a los secretarios de Defensa Nacional y de Marina-, fue llamado para una nueva reunión en el Departamento de Estado en Washington.

La creciente presión del gobierno estadounidense sobre México representa una reacción a la postura radical del Partido Republicano, impulsada en mayor medida por el aspirante a la nominación presidencial, Donald Trump, de que es necesario intervenir militarmente en México y designar a los cárteles como organizaciones terroristas para hacer frente a la situación de inseguridad al sur de la frontera.

El reporte de ProPublica, escrito por Tim Golden, periodista ganador del Premio Pulitzer y ex corresponsal del New York Times en México, es parte de una narrativa de que se acerca un punto de inflexión en la manera en que se maneja la relación con el gobierno mexicano: “El caso ha puesto de relieve preguntas completas sobre qué tan lejos debe ir Estados Unidos para confrontar la corrupción oficial que ha sido esencial para la transformación de los traficantes de droga mexicanos en una fuerza criminal global”, se lee en la nota sobre los presuntos sobornos a la campaña de AMLO en 2006. “Aunque algunos oficiales argumentan que no es el trabajo de Estados Unidos eliminar la corrupción endémica en México, otros dicen que los esfuerzos para combatir al crimen organizado y construir un Estado de Derecho serán inútiles hasta que los funcionarios que protegen a los traficantes sean sujetos a rendición de cuentas”, agrega la investigación.

En ese sentido, Ray Donovan, ex agente de la DEA, señaló que “la corrupción es en gran medida parte de la red de narcotráfico en México y no hay manera en que puedas procesar a los traficantes sin ir detrás de los políticos, militares y policías que los apoyan”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la revelación de estos testimonios se trata de una operación mediática orquestada por el gobierno de Estados Unidos. “Denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética”, dijo en su conferencia mañanera.

El gobierno de López Obrador rompió con una larga tradición de cooperación en seguridad nacional con Washington: su administración impuso regulaciones estrictas a la entrada de agentes extranjeros, particularmente de la DEA, después de la captura del general Salvador Cienfuegos, en California, en el 2020. Un año antes, el gobierno federal había marginado al grupo de operaciones especiales de la Marina, liderado por el almirante Marco Antonio Ortega Siu, el equipo táctico mexicano al cual el gobierno de Estados Unidos le tenía mayor confianza para misiones de alto perfil.

“Esto tiene que ver con el hampa del periodismo y de la política. Si hay algo que no les gusta que lo planteen abiertamente, que no lo manden decir”, dijo López Obrador. “La prensa está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tienen mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios”, concluyó.

El reporte de ProPublica, Deutsche Welle e Insight Crime intenta explicar el ascenso del crimen organizado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con base en una presunta reunión que tuvo lugar hace 18 años. No obstante, no es necesario construir un caso alrededor de Mauricio Soto Caballero y de Nicolás Mollinedo cuando Washington tiene en su poder un expediente como el de Sergio Carmona, el empresario asesinado en San Pedro Garza García, que repetía ser socio de Andrés Manuel López Beltrán y que canalizaba miles de millones de pesos de las ganancias del trasiego de combustible a campañas políticas de la 4T. La novela de los archivos del ‘narcoestado’ mexicano apenas comienza.