Un reporte de ProPublica evoca preguntas sobre el ‘narcoestado’ en México

¿Qué pasó?

• Miembros de la campaña presidencial de 2006 recibieron alrededor de 2 millones de dólares del Cártel de los Beltrán Leyva, de acuerdo a la declaración coincidente que hicieron a la DEA y a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York cuatro testigos protegidos: Roberto López Nájera, abogado de la organización criminal; Sergio Villarreal Barragán, lugarteniente del cártel; Mauricio Soto Caballero, enlace de la campaña de López Obrador; y un empresario que no fue identificado.

• Los testimonios fueron recabados como parte de una fallida investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos etiquetada como “Operación Polanco”, que buscaba obtener grabaciones de Nicolás Mollinedo, el ex chofer de Andrés Manuel López Obrador y operador logístico de la campaña presidencial de 2006, que es señalado como el orquestador de este presunto entramado de financiamiento ilegal.

• El contenido de las declaraciones fue revelado por tres reportes independientes de los medios ProPublica, Insight Crime y Deutsche Welle.

• Los testigos hicieron referencia a una reunión en enero de 2006, en Nuevo Vallarta, en el que habrían participado Édgar Valdés Villarreal, alias ‘La Barbie’, y Francisco León García, un candidato a senador de Durango por la coalición de izquierda que dirigía López Obrador. En el encuentro se habrían delineado los términos del financiamiento ilegal: el Cártel de los Beltrán Leyva exigió la imposición de nombramientos policiales en el norte del país y un derecho de veto sobre la designación del procurador General de la República.

¿Por qué importa?

• La publicación de estos reportes, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado como “calumnias” en su conferencia mañanera del miércoles, ocurre en un momento crítico para la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad nacional.

• La administración de Joe Biden está recientemente preocupada por la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral del 2024 y por la política de “abrazos, no balazos” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

• “El caso ha puesto de relieve preguntas completas sobre qué tan lejos debe ir Estados Unidos para confrontar la corrupción oficial que ha sido esencial para la transformación de los traficantes de droga mexicanos en una fuerza criminal global”, se lee en la pieza de ProPublica, escrita por Tim Golden, periodista ganador del Premio Pulitzer y ex corresponsal del New York Times en México. “Aunque algunos oficiales argumentan que no es el trabajo de Estados Unidos eliminar la corrupción endémica en México, otros dicen que los esfuerzos para combatir al crimen organizado y construir un Estado de Derecho serán inútiles hasta que los funcionarios que protegen a los traficantes sean sujetos a rendición de cuentas”, agrega la investigación.

• El 27 de diciembre de 2023, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a México por orden presidencial para sostener un encuentro de seguridad nacional de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos semanas después, el gabinete de seguridad mexicano, que incluye a los secretarios de Defensa Nacional y de Marina, fue llamado para una nueva reunión en el Departamento de Estado en Washington.

• La creciente presión del gobierno estadounidense sobre México representa una reacción a la postura radical del Partido Republicano de que es necesario intervenir militarmente en México y designar a los cárteles como organizaciones terroristas para hacer frente a la situación de inseguridad al sur de la frontera.

• Un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses está severamente preocupado por la impunidad que la corrupción política ha otorgado al auge de industrias ilegales como el tráfico clandestino de combustible, un negocio que está vinculado al financiamiento ilegal de campañas políticas, como lo ha documentado Código Magenta en una investigación periodística en torno al caso Carmona.

• El tono de la nota publicada por ProPublica coincide con esta percepción. “La corrupción es en gran medida parte de la red de narcotráfico en México; no hay manera en que puedas procesar a los traficantes sin ir detrás de los políticos, militares y policías que los apoyan”, dijo a ese medio Ray Donovan, ex agente de la DEA.

El contexto:

La “Operación Polanco” fue desmantelada por la administración de Barack Obama después de la debacle de la Operación Rápido y Furioso, el fiasco del Departamento de Justicia en el que miles de armas fueron enviadas a México como parte de una investigación sobre la capacidad de armamento de los cárteles mexicanos. Además, la investigación tendría que haber sido asistida por la administración de Felipe Calderón. Entonces, el gobierno mexicano consideró que el caso podría tener una excesiva carga política previo a la elección presidencial de 2012 y decidió no cooperar con estos esfuerzos.

Los detalles:

• Aunque las declaraciones de los testigos protegidos de la DEA no derivaron en una acusación de un Gran Jurado federal, arrojan luz sobre la manera en que la clase política mexicana interactúa con el mundo criminal. Francisco León García, el operador político de la campaña de López Obrador que habría facilitado el encuentro con el Cártel de los Beltrán Leyva, desapareció en 2007. Mauricio Soto Caballero, señalado como uno de los receptores de los sobornos y parte del equipo de Nicolás Mollinedo en 2006, es parte del Consejo Nacional de Morena.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la revelación de estos testimonios se trata de una operación mediática orquestada por el gobierno de Estados Unidos. “Denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética”, dijo.

• López Obrador rompió con una larga tradición de cooperación en seguridad nacional con Washington: su gobierno impuso regulaciones a la entrada de agentes extranjeros, particularmente de la DEA, después de la captura del general Salvador Cienfuegos en California en el 2020. Un año antes, el gobierno federal había marginado al grupo de operaciones especiales de la Marina, liderado por el almirante Marco Antonio Ortega Siu, el equipo táctico mexicano al cual el gobierno de Estados Unidos le tenía mayor confianza.

• “Esto tiene que ver con el hampa del periodismo y de la política. Si hay algo que no les gusta que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera del miércoles. “La prensa está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tienen mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios”, concluyó.