La UIF que se olvidó del crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la estrategia de seguridad de su gobierno
ya no es la misma de antes. Sin embargo, los números no mienten.

Aunque el gobierno de México ha preferido dejar de lado los espectáculos mediáticos luego de las detenciones de presuntos líderes criminales, la estrategia de seguridad desplegada por el gobierno de la 4T, señalan los expertos, continúa enfocándose en patrullajes, arrestos y decomisos.

Sobre todo, después de la firma del Acuerdo Bicentenario con Estados Unidos, el cual antepone las acciones que atacan las causas de la criminalidad, sobre el uso de la fuerza.

Solo que un aspecto clave de esa inteligencia, la inteligencia financiera, ha dejado de ser una prioridad para el gobierno de México en su estrategia de combate al crimen organizado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda obtenida por la revista Emeequis, de diciembre de 2018 a febrero de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera había congelado más de 20 mil cuentas a 40 grupos delincuenciales, por operaciones de lavado de dinero en México.

Entre las organizaciones criminales con más activos congelados se encuentran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima, La Unión Tepito y La Familia Michoacana, así como el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Pero estos bloqueos multimillonarios dejaron de ocurrir una vez que Pablo Gómez tomó el control de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de la polémica salida de Santiago Nieto.

Y es que, durante su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el llamado ‘Zar Antilavado’ se encargó de asestar golpes mediáticos recurrentes al crimen organizado.

De hecho, la noticia del mayor bloqueo de cuentas ocurrió el mismo día de la firma del Acuerdo Bicentenario,
justo cuando el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se encontraba hombro a hombro con el canciller Marcelo Ebrard.

Estos golpes financieros, mediáticos o no mediáticos, ya no están ocurriendo bajo la dirección del exdiputado morenista Pablo Gómez.

Al contrario, el presunto financiamiento del empresario huachicolero Sergio Carmona a la campaña de Morena en Tamaulipas, ha puesto en entredicho los supuestos esfuerzos del gobierno federal para debilitar al crimen a través del bloqueo de sus activos financieros.

En enero de 2022, los representantes de México y Estados Unidos ante gobiernos extranjeros anunciaron el comienzo de una nueva era en la cooperación de seguridad.

Solo que, al menos en México, lo poco nuevo que se estaba haciendo en este rubro; es decir, el combate al financiamiento del crimen organizado, se ha dejado de hacer.

¿Será por el cambio de liderazgo en la UIF? ¿Por las elecciones en cinco estados? ¿O quizá ambas?

Queda por ver si después de las elecciones de junio volverán los bloqueos. O si los millones y millones de recursos ilícitos seguirán fluyendo.