La protesta contra la gentrificación desnuda una fractura social

Las recientes movilizaciones en la Ciudad de México contra la gentrificación han desnudado una profunda fractura social: mientras una parte de la población expresa su angustia por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y a servicios públicos asequibles, otra señala la responsabilidad de las autoridades locales por una regulación urbana que, al restringir la oferta, termina por encarecer el mercado habitacional.

Por un lado, el estallido de protestas refleja la creciente precariedad habitacional. Jóvenes y familias trabajadoras denuncian que colonias tradicionalmente populares -como Roma, Condesa y Juárez- han visto incrementos de hasta 47  por ciento en las rentas durante los últimos cinco años, según datos citados por analistas de urbanismo. La manifestación se concentra en el fenómeno de encarecimiento de las que son ahora las zonas más exclusivas de la capital. Los críticos de estos señalamientos cuestionan por qué hay un enfoque arbitrario en el encarecimiento estas zonas y no en el resto de la ciudad. “El derecho humano a vivir en la Condesa no existe”, refieren.

Las pancartas de la protesta del fin de semana (“¡Fuera gringos!”, “Estamos hartos de sus euros y dólares”) aluden a la percepción de que la presencia de extranjeros con altos ingresos exacerba el alza de precios, obligando al desplazamiento de los residentes originarios hacia la periferia. Esta aseveración no está respaldada por evidencia. Las unidades habitacionales de la Roma-Condesa representan el 0.5 por ciento de la oferta de vivienda total de la Ciudad de México.

Sin embargo, este malestar no surge exclusivamente de fenómenos externos. Diversos estudios han documentado que buena parte del parque habitacional de la capital se ha generado mediante “autoconstrucción” o programas de vivienda social de baja supervisión técnica, dando lugar a desarrollos informales que carecen de servicios adecuados y, a la vez, limitan la oferta de vivienda regulada. La carencia de un Estado de Derecho efectivo ha permitido la proliferación de asentamientos irregulares en zonas periurbanas, dificultad administrativa que termina por concentrar la inversión inmobiliaria en proyectos de alto rendimiento, más caros y exclusivos.

Esta dinámica urbana ha sido orquestada, en gran medida, por un ordenamiento territorial diseñado por el mismo grupo político que ha gobernado la capital durante casi tres décadas: la izquierda que hoy, bajo la marca del partido Morena, gobierna todo el país.

Analistas de política urbana afirman que es esta coalición, desde el PRD en 1997, la que ha impulsado políticas de rezonificación y programas sociales sin ampliar significativamente la oferta de suelo urbanizable, favoreciendo así a desarrolladores inmobiliarios ligados a su círculo político. Al mismo tiempo, el grupo en el poder ha construido una narrativa para señalar a la oposición como los actores de un “Cártel Inmobiliario” con la finalidad de transferir la responsabilidad de la fallida política de desarrollo urbano de la ciudad.

En el epicentro de esta controversia, figuras del actual gobierno local han reaccionado con medidas de contención y discursos de inclusión. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó tanto la violencia como las expresiones xenófobas registradas en la marcha, y anunció la creación de “diálogos contra la gentrificación” para abordar el fenómeno de manera interdisciplinaria, sumando colectivos ciudadanos, académicos y sector privado.

No obstante, algunos observadores advierten que el componente xenófobo de la protesta puede haber sido incentivado por sectores internos del propio Morena, ávidos de canalizar el descontento social hacia discursos nacionalistas y anti extranjeros. El periodista León Krauze calificó como “moralmente sordo” el uso de consignas contra residentes estadounidenses en la Ciudad de México, y atribuyó ese sesgo a ideólogos y asesores de la “ala dura” del partido, que buscan capitalizar el malestar urbano para fortalecer narrativas de la “izquierda mexicanista”.

Así, la gentrificación en la capital se erige como síntoma de un modelo de desarrollo urbano que, bajo la retórica de la inclusión social, ha limitado el crecimiento ordenado del parque habitacional y ha tolerado la informalidad en la periferia. La tensión entre quienes reclaman una vivienda accesible y quienes denuncian el “despojo” de barrios míticos revela que, más allá de la presencia de turistas o nómadas digitales, el verdadero problema radica en la urgencia de revisar normas de zonificación, ampliar la oferta de suelo urbanizable y fortalecer la supervisión de nuevas construcciones. Sólo así podrá superarse la dicotomía entre el derecho a la ciudad y la identidad histórica de sus comunidades.