La crisis del poder judicial

Érase que se era un país en donde la corrupción estaba convertida en la moneda de cambio política.

Tanto, que sus últimos cinco presidentes estaban en la cárcel, prófugos o bajo proceso judicial por recibir sobornos.

El desencanto social acabó instalando a un partido político con dominancia absoluta del Congreso y la nación entró en un peligroso tobogán de descalificaciones públicas.

Hasta que sobrevino una severa crisis del sistema judicial, al exhibirse grabaciones que demostraban que magistrados y jueces traficaban con la justicia, se vendían a empresarios o pactaban con el crimen organizado. Hacían de sus fallos subastas al mejor postor.

La crisis de credibilidad fue resuelta, cuando a propuesta del Presidente y aprobadas en un referéndum nacional, el Congreso votó una iniciativa para cesar a todos los magistrados de la Suprema Corte.

Y en medio de una enorme condena popular, se decretaron 90 días para implementar una reforma judicial de fondo, que sacudiera sus corruptas estructuras.

El caso se vive hoy en Perú, una nación que se decidió a encarar la corrupción comenzando por investigar a fondo el caso de Odebrecht, sin importar quien cayera. Cinco ex presidentes pagan el precio.

Una vergüenza para México, cuyo gobierno anterior se negó a exhibir a los corruptos que recibieron los favores de la constructora brasileña.

El recordatorio a esta crisis judicial viene a cuento, porque apenas cumplidos los primeros 10 días de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya entró en confrontación con el poder judicial. O viceversa, el poder judicial ya entró en confrontación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El motivo es que los integrantes del poder judicial se niegan a aceptar los ajustes salariales a la baja decretados por el nuevo gobierno y aprobados por el Congreso, bajo el argumento de que dentro de su autonomía e invocando la separación de poderes, ellos mismos definen sus remuneraciones.

La intentona lopezobradorista de reducir lo que se consideran pagos excesivos -por encima de los 500 mil pesos mensuales para magistrados de la Corte- despertó el descontento de quienes sirven en el poder judicial y el desenlace es de pronóstico reservado.

Pero esta crisis entre el poder ejecutivo y el poder judicial no es nueva en México. A quienes por edad o por olvido no les alcance la memoria hay que recordar que en diciembre de 1994, en sus primeros días como presidente, Ernesto Zedillo envió una iniciativa para una profunda reforma judicial.

La propuesta redujo de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte, como se preveía originalmente en la Constitución de 1917.

Además se obligaba a que los nombramientos fueran aprobados por mayoría calificada por la Cámara de Senadores. Durarían 15 años en sus cargos y los relevos se haría en forma escalonada.

El hecho fue calificado entonces por algunos políticos, empresarios intelectuales y académicos como un “golpe de Estado”. Pero acabó imponiéndose la urgencia de sacudir un sistema judicial anquilosado, dominado por intereses políticos, económicos y partidistas.

Por eso quizás antes de sacar conclusiones sobre el primer gran desencuentro entre el Poder Judicial y el gobierno de la Cuarta Transformación, habría que analizar el caso de Perú y reevaluar lo ocurrido en 1994, en el también incipiente arranque del gobierno zedillista.

Porque sin duda si se le pregunta a los mexicanos si están satisfechos con su sistema judicial, la respuesta mayoritaria, casi unánime, será que no.

Al igual que en Perú, el tráfico de influencias, los favores políticos y el nepotismo que se exhibe en el poder judicial mexicano obligan a convocar a un examen de conciencia sobre el quehacer y el actuar de jueces y magistrados.

Empujar al extremo la confrontación entre poderes podría culminar en un no deseado quiebre al que nadie podría ponerle un pero. Sobre todo con el antecedente de que un gobierno priista ya les puso el alto antes.