Gubernatura fosfo por $80 millones

Cuando el lunes 17 de mayo publicamos aquí, en Código Magenta, una video-investigación titulada “Van por Samuel (y por Mariana)” la reacción del entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León no se hizo esperar. Y en un mensaje de WhatsApp, Samuel García me advirtió: “Ahora sí te pasaste de la raya y el límite que podía tolerar”.

La investigación se amplió semanas después, el 28 de junio, cuando publicamos en exclusiva los detalles de transferencias millonarias de la familia García Sepúlveda a la campaña, en un video titulado “Papá y Mamá Transfieren Millones a Samuel y a MC”. “¡Se están metiendo con mi familia!”, acusó entonces el ya gobernador electo.

¿Qué va a decir ahora Samuel García, cuando el Instituto Nacional Electoral está proponiendo multas por casi 80 millones de pesos al confirmarse que su esposa, su madre y dos de sus hermanos cometieron actos ilícitos dentro de su campaña?

¿Acusará el gobernador electo de Nuevo León al árbitro electoral de “pasarse de la raya” y rebasar “el límite que puede tolerar”?  ¿O será más tolerante con el árbitro?

Difícil será para Samuel García digerir que el órgano electoral supremo le estampe, a su esposa y a su familia más cercana, la acometida de acciones ilegales en la campaña que lo instaló como gobernador.

Y será difícil porque el gobernador electo de Nuevo León, a pesar de sus doctorados y de su experiencia familiar en asuntos fiscales, no entiende ni razona los motivos de tan elevadas multas.

Tan solo en Instagram, su esposa e influencer, Mariana Rodríguez, subió a lo largo de la campaña mil 300 historias y 45 fotografías adicionales, que si fueran pagadas a la tarifa que ella cobra por promocionar en sus redes, totalizarían 27 millones 800 mil pesos.

La reacción de Samuel García es la de decir que ella no le cobró ni un peso. Y cuestiona: “¿De dónde diablos saca el INE que cada historia vale 40 mil pesos? Y además ¿en dónde queda la libertad de expresión?”.

El gobernador electo de Nuevo León es o se hace. Vamos a explicárselo con peras y manzanas.

Imaginen que durante la campaña cualquiera de los medios de comunicación -Azteca, El Norte, Milenio o Televisa- deciden solo publicar promociones e imágenes de un solo candidato, al que ellos quieren favorecer.

Y que, por esos anuncios, a su candidato favorito no le cobran. Peor aún, que a los rivales de ese su candidato favorito se les niega la difusión de sus ideas, aunque las paguen. ¿Es legítimo, es ético, es democrático? Por supuesto que no.

La influencer Mariana Rodríguez no es una simple “comunicadora”. Ella anuncia y vende marcas a través de su exitosa red. Y cobra por ello tarifas que van de 10 mil a 20 mil pesos. Si su medio digital fue utilizado -sin costo alguno- a favor de su esposo y candidato, sin una ventana para sus rivales, es un juego disparejo, inequitativo.

Lo mismo sucede con las generosas aportaciones por 12 millones 495 mil pesos, que la mamá y dos de los hermanos de Samuel García, hicieron a su campaña.

Los tres familiares -a quienes nadie más que Samuel García los metió al juego político- sirvieron de puente para triangular, a través de sus empresas, millones de pesos a la sede central de Movimiento Ciudadano.

Su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, envió 9.7 millones de pesos. Su hermana, Silvia Catalina, envió un millón 895 mil y su hermano, Roberto Miguel, 840 mil. Generosos, todos, con el partido naranja. ¿Qué dirá de eso el ahora gobernador electo? ¿Quién se pasó de la raya?, ¿quién cruzó el límite de la tolerancia?

Pero en el fondo, el INE aparece tolerante y generoso con esas multas. Porque si por 20 mil pesos le canceló al morenista Félix Salgado Macedonio su posibilidad de contender para la gubernatura de Guerrero, ahora que a Samuel García se le comprueban los ilícitos por 40 millones de pesos ¿todo lo que procede es una “sanción”?

O dicho de otra manera. ¿Por qué el INE no le aplicó a Salgado Macedonio una multa de 40 mil pesos para que salvara su candidatura? ¿Es el mismo criterio o es diferenciado?

Barato sale el costo de retener una gubernatura como la de Nuevo León por 80 millones de pesos de multa. Cuatro millones de dólares.

Y más barato sale en México hacerle al delincuente electoral, si consideramos que el INE comprobó que el Partido Verde pagó 20 millones de pesos a 95 influencers famosos para que con premeditación, alevosía y ventaja promovieran el voto a su favor el día de la elección, en plena veda electoral.

En ambos casos -el naranja y el verde- hay contubernios en los ilícitos cometidos, existe la concertación de dos o más personas para cometer el delito, califica como delincuencia organizada.

Bajo esos criterios, la receta es sencilla. Comete el delito, que si no te agarran te sale gratis. Y si te sorprenden, pues pagas una multa del doble, que ya la recuperarás cuando te sientes en la silla. Después de todo, el pago de la multa sale de las mismas prerrogativas que el INE le da a los partidos multados. Un pelo al gato.

¿O acaso los 80 millones de multa a Samuel García y a Movimiento Ciudadano saldrán del sueldo de 150 mil pesos que tendrá como gobernador o de las chequeras personales de sus líderes del partido?

Ni hablar, mal inicia Samuel García -con ilícitos familiares- su biografía como gobernador.

Perdón, pero esto es solo un aperitivo. Olvidamos que todavía no se sienta. Hasta el 4 de octubre podremos cantar “Fosfo-Fosfo”.