Gertz Manero, contra la pared

Alejandro Gertz Manero es un profesional de la abogacía con un largo y reconocido historial. Su imagen de implacable le valió convertirse, con una aprobación casi unánime, en el primer Fiscal independiente de México.

Desde su llegada, las expectativas sobre la reestructuración del sistema de procuración de justicia fueron muy altas porque existía la confianza de que su prestigio lo refrendaría.

Pero algo se fue complicando, al punto de que hoy, a la mitad del camino del gobierno de la Cuarta Transformación, Gertz Manero está atrapado en una compleja red de casos insolutos unos, controvertidos otros e incluso dos con evidente conflicto de interés.

El primer Fiscal General de la República no puede poner hoy, sobre la mesa, uno solo de los casos grandes solucionados. Si la impartición de justicia fuera una corrida de toros, Gertz Manero no podría presumir hasta ahora orejas, mucho menos algún rabo.

El caso insignia sobre la corrupción del pasado, el de Emilio Lozoya Austin, está inmóvil desde que hace más de un año -en julio del 2020-, el director de Pemex acusado de recibir sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto se entregó a la justicia en un acuerdo con la Fiscalía para acogerse al criterio de oportunidad.

Catorce meses ya pasaron y es fecha que Lozoya Austin no cumple sus promesas, ni entrega las suficientes pruebas, y continúa en un supuesto arresto domiciliario. Nadie lo ha visto desde que pisó México.

Situación similar ocurre con el caso de Alonso Ancira, al que se le extraditó desde España y se le perdonaron presuntos actos de corrupción en la venta a Pemex de Agronitrogenados, a cambio de que devolviera el excedente de lo pagado, unos 200 millones de dólares.

El dueño de Altos Hornos de México incumple -hasta hoy- los acuerdos, prometiendo que pronto lo hará. Pero al igual que Lozoya Austin, disfruta de su libertad desde alguna ciudad texana.

Dos casos más ensombrecen el expediente de Gertz Manero. Y ambos tienen como común denominador un potencial conflicto de interés, que obligaría al Fiscal a excusarse de ser juez y parte.

Uno tiene que ver con su familia política, en un caso en el que él mismo acusó a su cuñada Laura Morán de asesinar a su hermano Federico Gertz Manero, con quien mantuvo 40 años de relación. Dice que no lo cuidó bien en su lecho de enfermo, que lo dejó morir.

El caso de su cuñada, de 95 años de edad, involucra también a una de sus hijas -Alejandra Cuevas Morán- a quien se le llevó a prisión desde octubre pasado, acusándola de ser cómplice en el presunto homicidio de su hermano.

El otro conflicto de interés tiene que ver con el espinoso caso de la Fundación Jenkins, propietaria entre otras instituciones de la Universidad de las Américas en Puebla.

En 2009, Gertz Manero le ganó un juicio a los operadores de la Fundación Mary Street Jenkins, para apropiarse de la marca y el logotipo de la Universidad de las Américas para lo que era su campus de la Ciudad de México.

Diez años después, ya dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, el Fiscal General de la República consiguió órdenes de aprehensión contra sus acusados, fincadas en una denuncia por presunto lavado de dinero que no prosperó en 2016.

El caso involucra la disputa de una herencia por 14 mil millones de pesos del empresario textilero estadounidense, William Oscar Jenkins, quien dejó ese monto para obras de beneficencia en Puebla.

Desde 1995, Gertz Manero, quien tenía la rectoría de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, inició una disputa judicial para apropiarse de la sociedad que acabó en manos del ahora Fiscal General de la República.

El caso de la Fundación Jenkins fue reabierto por Juan Ramos López, ex apoderado de Gertz Manero y subprocurador de la Fiscalía General de la República, exponiendo un abierto conflicto de interés en favor de Guillermo Jenkins, el hijo que reclama a su madre y a sus hermanos los miles de millones de esa herencia.

Pero la cereza en el pastel vino con la orden de aprehensión girada desde la Fiscalía General de la República, en contra de 31 científicos y trabajadores adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La dependencia, que tiene como titular a María Elena Álvarez-Buylla, los acusa de peculado, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El caso indignó no solo a la comunidad científica, sino a la sociedad en general, asombrada por una autoridad presta a perseguir científicos, pero reacia a romper la política de “Abrazos, no balazos” contra el crimen organizado y los cárteles de la droga.

Gertz Manero está hoy, en el ojo de un huracán que cada día lo cuestiona más y pone en tela de duda su imparcialidad y su independencia para resolver los delicados casos que se enfrentan en el gobierno de la Cuarta Transformación, incluyendo el perdón exprés al general Salvador Cienfuegos, que fue entregado a México por las autoridades norteamericanas para ser juzgado en su patria.

El periodo de 9 años del Fiscal General de la República  termina oficialmente en enero del 2028, pero los crecientes cuestionamientos ponen sobre la mesa el riesgo de que, por voluntad propia o por decisión del Senado que lo eligió, esa fecha se adelante. Gertz Manero, por ahora, está contra la pared.