El río suena…

“¿Detectaron empresas fachada en la campaña de Samuel García?”.

“Sí. Encontramos casos de empresas fachada que han sido hechos del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria para que puedan incluirlas en el D-69 para que les quiten los sellos y no puedan transaccionar. La información ya la tiene también el Instituto Nacional Electoral”.

Quien cuestiona es el periodista Alejandro Cacho, en su programa de radio de El Heraldo de México.

Quien responde es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La entrevista tuvo lugar el pasado lunes 10 de agosto, en La República H.

Y aquí vale rescatar el refrán que presagia que cuando el río electoral suena, es porque aguas con olor de anulación lleva. Y vaya que las corrientes están bravas en el convulsionado Tribunal Federal Electoral.

Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en su mañanera de ayer dijo que se sentía decepcionado con los jaloneos en los órganos judiciales, incluido el electoral.

El conflicto es de origen, porque en aras de buscar falsos equilibrios, los partidos políticos acabaron por instalar magistrados por cuotas y vino entonces el reparto de los magistrados por colores.

Que si el ministro Reyes Rodríguez es apadrinado del panista Roberto Gil Zuarth, que si Janine Otálora trae la bendición priista de la dupla Osorio-Ruiz Massieu, que si José Luis Vargas y Mónica Soto traen el sello morenista de la casa presidencial.

Sea como fuere, no habla nada bien el que, tras un escandaloso conflicto interno, el Tribunal Federal Electoral pase por cuatro presidentes en solo siete días. De Vargas a Otálora, a Rodríguez y a Fuentes.

Ese sacudimiento solo viene a replantear cualquier decisión o cualquier presunto acuerdo sobre los estados, todavía bajo la lupa de la judicialización: Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche y Michoacán.

Es tanto lo que se espera del máximo organismo judicial en material electoral después de la tormenta, que tendrán que dar ejemplos para demostrar que existe, no solo justicia, sino castigo a quien infringe la ley en las urnas.

Pero a la par del sacudimiento en el Tribunal Federal Electoral también se dieron otras señales que abonan a la incertidumbre sobre lo que está por venir. Y una muestra es el caso Nuevo León.

En la entrevista del pasado lunes a Santiago Nieto, el periodista Alejandro Cacho cuestiona si se detectaron triangulaciones de dinero en la campaña de Samuel García.

“En este momento, acabamos de concluir la entrega de información al Instituto Nacional Electoral. Creo que este es uno de los puntos centrales… Hubo requerimientos de información de la Fiscalía General de la República, en torno al gobernador electo en este momento de Nuevo León, probablemente por un posible tema de evasión de naturaleza fiscal, y como fue hecho del conocimiento público se hizo una denuncia pública contra el candidato electo, el gobernador electo, de San Luis Potosí, desde 2020. Se logró detectar transferencias del estado de Tamaulipas al proceso electoral de San Luis Potosí, a partir de dinero de la Secretaría de Finanzas y a partir de una empresa: Blue Limited”.

Avanzada la entrevista, el periodista insiste en preguntar:

CACHO.- “¿Que hay del caso de Nuevo León y de la campaña del gobernador electo Samuel García?”.

NIETO.- “Ahí, el INE nos hizo requerimientos de información. Se le entregó las transferencias que habíamos localizado, así como también se le entregó la información del pago que algunas empresas habían hecho a los ‘influencers’ para apoyar al Partido Verde Ecologista de México el día de la jornada electoral”.

“Por parte de la Fiscalía General de la República, la SEIDO nos hizo un requerimiento de información respecto al candidato a gobernador hoy electo, de Nuevo León, y se le entregó la información por un presunto acto de evasión y defraudación fiscales, para el periodo determinado que conforme a derecho corresponde”. 

Un día después, ayer martes, el periodista Roberto Rock publicó su columna en El Universal bajo el título “Nuevo León y la convulsión del Tribunal”.

Rock advierte en su texto que “un caso emblemático es el de Nuevo León, donde el virtual gobernador electo es Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano, colocado en ese sitio actual, gracias a una compleja trama empresarial y financiera sobre la que se acumulan señalamientos de evasión y uso de recursos de origen ilícito”.

Rock establece que “las áreas de inteligencia gubernamental cuentan con una radiografía de un entramado de más de 30 personas vinculadas con operaciones sospechosas, de la familia García Sepúlveda, que colocó al centro del manejo de cuentas por cientos de millones de pesos a la señora Rosario García Morales, sin profesión conocida y media hermana del candidato ganador de la gubernatura de Nuevo León”.

Y para cerrar el ruido que corre por ese río electoral, el anuncio de que el ministro ponente para el Caso Nuevo León será José Luis Vargas, el cuestionado y depuesto presidente del Tribunal Federal Electoral.

Un cambio de jugada, si se considera que el magistrado Vargas no fue de los tres magistrados -Fuentes, De la Mata y Rodríguez- que el 9 de julio acudieron a Monterrey a un cuestionado encuentro con el gobernador electo Samuel García.

No hay duda, pues, que el Tribunal Federal Electoral está en una encrucijada, bajo la mirilla de la nación. El río suena.