El montaje de Cabeza de Vaca

¿Qué pasó?

Dos de los siete agentes involucrados en la masacre de Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo refieren haber manipulado la evidencia en el operativo policial de 2019, en el que ocho civiles fueron asesinados extrajudicialmente.

¿Por qué importa?

Según documentos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habría sido quien dio la orden de realizar dicho operativo, a cargo del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET).

El contexto:

• El 5 de septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho personas (cinco hombres y tres mujeres) fueron abatidas en un presunto enfrentamiento por elementos de la policía estatal y de la Sedena. En un inicio se les identificó como miembros del Cártel del Noreste.

• Días después, familiares de las víctimas y el Comité por los Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo denunciaron que todo se trató de un montaje, en el que los agentes incurrieron en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Los detalles:

• De acuerdo con Animal Político, el agente Juan Carlos Vicenzio Zuvirie y uno de los tres testigos protegidos incluidos en la carpeta 406/2019 (que investiga la masacre de Valles de Anáhuac), refiere cómo José Rafael González Villapando, el encargado del operativo le ordenó a él -y seis de sus compañeros- alterar la escena.

• “Nuestro jefe de grupo nos dio la instrucción de colocar casquillos percutidos al exterior del inmueble y también de dispararle a la camioneta que ya estaba colocada ahí, de manera que pudiésemos justificar los motivos por los que entramos al domicilio.

• “En la camioneta estaba el cuerpo de quien respondía al apodo de ‘El Negro’ (Enrique Pérez Chávez), pero no tengo conocimiento de cómo murió, además escuché que nuestro jefe de grupo dio la instrucción de que le fuera colocado el chaleco con el que finalmente apareció, pero tampoco sé quién lo haya hecho”, se puede leer en parte de la declaración prestada por Vicenzio Zuvirie, en noviembre de 2019 y que está en poder de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGE).

• Este segundo relato incluye datos que difieren de la versión oficial, en la que se dijo que los elementos del grupo de operaciones especiales de la policía estatal y del Ejército abatieron a las víctimas tras responder a un ataque perpetrado por presuntos integrantes del Cártel del Noreste.

• Los familiares de las víctimas presentaron más de 10 testigos presenciales (cuyas declaraciones se incluyen en la causa y difieren de lo dicho por los policías), quienes denunciaron que los agentes sacaron a las víctimas de dos domicilios, por la madrugada; los trasladaron a un tercero y ahí los torturaron, ejecutaron y vistieron con equipamiento táctico y armas largas para simular el ataque.

• “Nosotros no ejecutamos a nadie, no los torturamos, mucho menos los sujetamos y no los vestimos, las mujeres que encontramos en el último domicilio ya se encontraban ahí y el equipo táctico con el que fueron abatidas era de su propiedad”, declaró Azariel Urbina Argüelles, otro de los policías-testigo, quien afirmó que los relatos ofrecidos por los testigos son “falsos”.

• Luego de dicho enfrentamiento, González Villapando -el jefe del operativo- instruyó a sus subordinados a que sembraran casquillos percutidos en el exterior de la vivienda y disparar contra el vehículo blindado para simular un tiroteo, con la finalidad de justificar la irrupción en el lugar sin contar con una orden judicial.

• Los siete policías involucrados son acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada. Dos de ellos ya están en la cárcel (José Rafael Pérez Villapando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre), desde hace dos años.

• Vicenzio Zuvirie, Urbina Argüelles y Zayra Concepción Guevara Garza aceptaron colaborar como testigos protegidos, luego de prometer detalles de cómo se llevó a cabo la masacre, además de proveer información sobre la presunta relación del Ejército en el operativo, lo cual -hasta el momento- no se ha producido.

• Los otros dos oficiales, Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, se encuentran en busca y captura, por quienes se ofrece recompensa de 250 mil pesos.

• Las víctimas respondían a los nombres de Enrique Pérez Chávez; Luis Fernando Hernández Viezca; Wilbert Irraestro Pérez; José Daniel Saucedo Martínez; Juana Yatzel Graciano Magaña; Jennifer Hazel Romero López; Cinoy Esmeralda Briseño Chapa y Severiano Treviño Hernández.