19 de mayo 2026
Política
El mensaje de los generales
¿Cuántos generales mexicanos están en la mira del Departamento de Justicia de EEUU? Gerardo Mérida, el general en retiro que se entregó a las autoridades norteamericanas abrió una cadena de movimientos dentro de las Fuerzas Armadas
Por Rodrigo Carbajal
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¿Cuántos generales mexicanos están en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Gerardo Mérida, el general en retiro que se entregó a las autoridades norteamericanas este fin de semana, en Arizona, abrió una cadena de movimientos dentro de las Fuerzas Armadas: cambios importantes en la estructura de poder de la Secretaría de la Defensa Nacional que revelan un nuevo status quo en el que la relación con Washington es primordial.
El general Mérida, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, co-acusado junto a Rubén Rocha Moya de otorgar protección institucional a ‘Los Chapitos’, cruzó la frontera con una caja llena de evidencias, de acuerdo a fuentes citadas por el periodista Salvador García Soto. Mérida es un especialista en inteligencia militar. El general en retiro tendría información privilegiada sobre los acuerdos del gobierno mexicano con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, los detalles de la orden ilegal para liberar a Ovidio Guzmán López el 17 de octubre de 2019 e incluso sobre el financiamiento de los cárteles a las campañas presidenciales de Morena. No es algo menor. Son piezas de información que podrían conectar directamente al Cártel de Sinaloa, el epicentro de exportación de fentanilo, con el movimiento de la Cuarta Transformación y con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Mérida podría entregar la llave final a quienes dentro del gobierno de Donald Trump cabildean la designación de Morena como una organización terrorista internacional. En abril, el general fue contactado por agentes de la embajada de Estados Unidos en México. Días antes de su arresto en Arizona, Mérida promovió un amparo para evitar ser detenido. La entrega estaba pactada.
“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública”. Con estas palabras, Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, intentó deslindar a Rubén Rocha Moya de los acuerdos con ‘Los Chapitos’. La declaración es grave: Bonilla le endosó la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional, implicando que los pactos con los cárteles se administran desde Lomas de Sotelo. En realidad, la acusación de la gobernadora interina apunta contra los dos generales que colocaron a Gerardo Mérida en Sinaloa: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de López Obrador, y Audomaro Martínez Zapata, el eterno asesor de seguridad del ex presidente desde sus días en la política de Tabasco y ex titular del Centro Nacional de Inteligencia. Martínez Zapata fue el arquitecto detrás del nombramiento de su socio como mandamás del Ejército. Luis Cresencio Sandoval era el penúltimo nombre en la lista que los generales le presentaron en octubre de 2018 a López Obrador para designar al secretario de la Defensa Nacional.
Ahora, bajo el liderazgo del general Ricardo Trevilla, la Secretaría de la Defensa Nacional está realizando esfuerzos concretos para desmarcarse del grupo de Audomaro Martínez Zapata y de Luis Cresencio Sandoval. Trevilla fue de los primeros funcionarios mexicanos en leer con claridad el proyecto de transformación que la administración de Donald Trump está implementando en México: un cambio de fondo en el sistema político, las relaciones empresariales y el tablero criminal. “El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca usar leyes sobre terrorismo para perseguir a funcionarios mexicanos”, reportó la semana pasada The New York Times. “La agencia federal estadounidense dio instrucciones a los fiscales para que comiencen a establecer causas penales por narcotráfico contra funcionarios mexicanos usando nuevos estatutos sobre terrorismo”, agregó. Meses antes de que se hiciera pública la acusación federal en contra de Rubén Rocha Moya, el general Trevilla tomó la decisión de alinear la Secretaría de la Defensa Nacional con los intereses de Washington. Sin informar a la presidenta de México (es decir, a la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum), Fuerzas Especiales del Ejército realizaron un operativo utilizando inteligencia de la CIA y en colaboración con el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos para abatir a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Y esta semana, en un claro gesto a Washington, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó al general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Julio César Islas Sánchez, a la 9a Zona Militar de Culiacán, Sinaloa; sede de la guerra paramilitar entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’ y el epicentro de la acusación federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, contra Gerardo Mérida y contra ocho ex funcionarios mexicanos. El general Islas Sánchez fue protagonista del operativo en Tapalpa contra ‘El Mencho’. Era el jefe de la 15a Zona Militar de Guadalajara. Se trata de un perfil con 40 años de trayectoria en el Ejército, que incluye una posición como agregado militar adjunto en la Embajada de México en Estados Unidos. El general fue auditado por Washington. El mensaje es claro.
La Secretaría de la Defensa Nacional está respondiendo a la creciente presión del gobierno de Donald Trump. El martes pasado, Estados Unidos ofreció un panorama transparente de cuáles son sus intenciones en relación a México. En una comparecencia frente a la Cámara de Representantes, Pete Hegseth, secretario de la Defensa, exigió al gobierno mexicano a tomar acciones mucho más contundentes en la ofensiva contra los cárteles. En la misma audiencia, el congresista demócrata, Henry Cuéllar, dijo que existe preocupación porque las organizaciones criminales mexicanas están adaptando tecnología ucraniana de drones de última generación. El mismo día, Terry Cole, titular de la DEA, declaró que la acusación federal de Gran Jurado en contra de Rubén Rocha Moya es apenas el principio de una serie de investigaciones contra políticos mexicanos bajo sospecha de estar coludidos con el crimen organizado. Al mismo tiempo, CNN publicó que la CIA asistió la explosión de una camioneta en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la que fue asesinado un mando medio del Cártel de Sinaloa. Todas estas señales, sin excepción, son consistentes con la Estrategia Nacional Contra las Drogas y la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo publicadas por la Casa Blanca. En palabras del presidente Donald Trump, dirigidas al gobierno de Claudia Sheinbaum: “Si ustedes no hacen el trabajo (contra los cárteles), lo haremos nosotros”.
La acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del general Gerardo Mérida es un recordatorio de que los militares mexicanos, asignados a zonas con fuerte presencia de los cárteles, estarán bajo escrutinio especial de las agencias de inteligencia y el aparato justicia de Estados Unidos. El papel del propio Ricardo Trevilla, quien ocupó la jefatura de la zona militar de Apatzingán, Michoacán, no está exento de ser investigado. El encuentro que el ahora secretario de la Defensa Nacional sostuvo con un operador financiero del ‘Magulladas’, un cacique criminal del estado, ha generado alertas en círculos de inteligencia. Esto, a pesar de que Trevilla aclaró el incidente: la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el general se reunió con miembros de autodefensas y que Trevilla combatió frontalmente a la Familia Michoacana durante su paso por Apatzingán.
La semana pasada, el Ejército realizó un movimiento inusual en Zacatecas, una señal adicional de alineamiento con Washington. El general brigadier del Estado Mayor, Isaac Bravo López, fue transferido de la 11a Zona Militar de Guadalupe, Zacatecas a la 41a Zona Militar de Puerto Vallarta, Jalisco. El cambio ocurrió apenas días después de que canales afines al Cártel Jalisco Nueva Generación difundieron denuncias contra el general Bravo López: fue acusado de colaborar con la facción del ‘Mayito Flaco’ y de recibir 500 mil pesos al mes. El CJNG no publicó ninguna prueba.
Sin embargo, el 14 de mayo, hubo una reacción: el Ejército y la Guardia Nacional realizaron importantes arrestos y decomisos que golpearon a la facción del ‘Mayito Flaco’ en el municipio de Jerez. Dos días más tarde, un grupo identificado como ‘La Mayiza’ publicó una carta en la que recriminó al general Bravo López que se hayan roto acuerdos: “No vamos a permitir ninguna falta de respeto por parte de ninguna autoridad… que no les extrañe que en vez de billetes les caiga una lluvia de balas”. El general fue transferido días más tarde. El periódico Reforma reportó que el enroque ocurrió en el contexto de “señalamientos de Estados Unidos por supuesta corrupción y nexos delictivos”. Zacatecas es territorio de disputa entre ‘La Mayiza’ y la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación afín a Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, el capo que fue detenido recientemente en Nayarit con base en inteligencia aportada por la CIA. ‘El Jardinero’ sostenía una alianza con ‘Los Chapitos’ para combatir a los herederos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. ¿Qué papel jugó el general Bravo López en esta dinámica? La pregunta continúa en el aire.
El analista de inteligencia, Ghalen Krame, argumenta que México ha entrado en una nueva fase de “sectorización de las relaciones cívico-militares”. Sostiene que “no se puede ver a las Fuerzas Armadas como un ente monolítico”. Los movimientos recientes en la Secretaría de la Defensa Nacional son prueba de ello. Un sector del Ejército está determinado en hacerle ver al gobierno de Donald Trump que su cooperación en la ofensiva contra los cárteles es total. No obstante, permanece una duda oculta: ¿en verdad cambió la postura de los generales que seis años atrás presionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a negociar la extradición del general Salvado Cienfuegos? A la distancia, el proceso contra el ex secretario de la Defensa Nacional es interpretado en el Departamento de Estado, específicamente en la oficina del vicecanciller Christopher Landau, como el evento nuclear que desencadenó el tsunami de acusaciones federales contra funcionarios mexicanos. ¿Es creíble el mensaje de los generales? Está por verse.