La UIF bloquea las cuentas de la familia de Rocha Moya

¿Qué pasó?

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, de sus hijos y de otros funcionarios señalados en la acusación penal presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

• La medida habría sido notificada al sistema financiero mediante el Acuerdo 156/2026 y canalizada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según un reporte periodístico de Eme Equis.

• Entre los nombres incluidos aparecen el senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad estatal; y otros mandos estatales y municipales señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

• Bloomberg también reportó que bancos e instituciones financieras fueron advertidos para congelar las cuentas de Rocha Moya y de otros nueve individuos que enfrentan cargos en Estados Unidos.

• La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que no tenía conocimiento particular de la acción de la UIF y pidió que se informe si hubo una medida de ese tipo; subrayó que la UIF es un área técnica que procede cuando encuentra irregularidades.

¿Por qué importa?

• El bloqueo de cuentas representa el primer movimiento financiero relevante de una institución mexicana contra el círculo político y familiar de Rocha Moya desde que fiscales de Nueva York presentaron cargos por narcotráfico y armas, contra el gobernador con licencia y otros funcionarios de Sinaloa.

• La medida coloca al sistema financiero mexicano en el centro de la presión bilateral: los bancos ya habían activado revisiones antilavado tras la acusación de Estados Unidos para evitar riesgos regulatorios, sanciones o exposición ante autoridades financieras estadounidenses.

• El caso incrementa el costo político para Morena y para el gobierno de Sheinbaum, que ha insistido en exigir pruebas a Estados Unidos antes de proceder penalmente en México, pero ahora enfrenta una acción preventiva de inteligencia financiera dentro del propio Estado mexicano.

Los detalles:

• La notificación financiera habría sido incorporada al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la plataforma usada para alertar a entidades financieras sobre personas sujetas a bloqueo.

• Las instituciones financieras tendrían un plazo de 10 días hábiles para ejecutar la suspensión de operaciones y relaciones comerciales con las personas incluidas en la notificación.

• La acusación de Estados Unidos incluye a diez funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa: Rocha Moya, Inzunza, Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

El contexto:

• El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas; en el caso de Juan Valenzuela Millán, también se agregaron cargos relacionados con secuestros que resultaron en muertes.

• La acusación sostiene que los señalados habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.

• Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya, fue detenido en Arizona y debía comparecer ante una corte federal en Manhattan por cargos vinculados al mismo expediente.