15 de mayo 2026
Política
Enrique Díaz Vega, el hombre del dinero de Rubén Rocha Moya, se entregó a EU
Enrique Alfonso Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, se entregó a autoridades estadounidenses en Europa, de acuerdo a un reporte del medio Ríodoce. La detención voluntaria fue confirmada por fuentes oficiales
Por Redacción Magenta
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¿Qué pasó?
- Enrique Alfonso Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, se entregó a autoridades estadounidenses en Europa, de acuerdo a un reporte del medio Ríodoce. La detención voluntaria fue confirmada por fuentes oficiales.
- Díaz Vega forma parte de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o ex funcionarios sinaloenses por delitos de narcotráfico y armas.
- El Departamento de Justicia le atribuye cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.
- Según Ríodoce, Díaz Vega se encontraba en Irlanda desde semanas antes y, tras conocerse la acusación el 29 de abril, habría enviado abogados a Estados Unidos para buscar un acuerdo.
- El caso se conoció el mismo día en que también se reportó la detención y traslado a Nueva York de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, otro integrante del gabinete de Rocha Moya imputado en el expediente estadounidense.
¿Por qué importa?
- La entrega de Díaz Vega golpea directamente al círculo financiero y político de Rocha Moya: fue secretario de Administración y Finanzas desde el arranque del gobierno estatal y era considerado uno de los operadores más cercanos del gobernador.
- El expediente estadounidense sostiene que la presunta red no se limitaba a mandos policiacos: también habría involucrado a operadores políticos, funcionarios de gabinete y autoridades municipales en un esquema de protección institucional a “Los Chapitos”.
- La entrega voluntaria o negociada de un ex secretario de Finanzas eleva el costo político para el gobierno de Sinaloa y para Morena, porque abre la posibilidad de cooperación judicial con fiscales estadounidenses en un caso que combina narcotráfico, financiamiento político y control territorial.
Los detalles:
- La acusación del Departamento de Justicia señala que Díaz Vega, antes de la elección de 2021, se habría reunido con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y otros integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa.
- Según la imputación, Díaz Vega presuntamente entregó a “Los Chapitos” listas con nombres y direcciones de opositores de Rocha Moya para intimidarlos y obligarlos a retirarse de la contienda.
- El Departamento de Justicia sostiene que, ya en el gobierno, Díaz Vega y Enrique Inzunza habrían ayudado a colocar funcionarios corruptos para proteger operaciones de tráfico de drogas y servir como enlaces entre los líderes de “Los Chapitos” y Rocha Moya.
- Díaz Vega incrementó su patrimonio inmobiliario tras integrarse al gobierno estatal: 42 propiedades con valor total de 131 millones de pesos, de las cuales al menos 125.3 millones fueron pagados al contado, según la revisión de declaraciones patrimoniales y registros.
- Díaz Vega había anunciado en julio de 2024 su salida del gabinete para regresar a sus actividades empresariales; Rocha Moya confirmó, entonces, que dejaría la Secretaría de Administración y Finanzas y que volvería a sus empresas del sector inmobiliario.
El contexto:
- El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció la acusación contra Rocha Moya, Enrique Inzunza, Enrique Díaz Vega, Gerardo Mérida Sánchez, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios o ex funcionarios sinaloenses.
- El Departamento de Justicia sostiene que los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición el 28 de abril, pero sostuvo que los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no anexaban elementos de prueba para determinar responsabilidades; la Cancillería turnó el caso a la FGR para su evaluación.
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