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18 de abril 2026

16 de abril 2026

Política

El chofer del cash: Investigan red de ‘Andy’ en Estados Unidos

Javier Núñez López, ‘el chofer del cash’ y operador esencial de la red de ‘Andy’ López Beltrán, se ha convertido en objeto de una investigación federal del Departamento de Justicia de EEUU tras su paso por Pemex Exploración y Producción

Por Rodrigo Carbajal

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Desde el origen del proyecto de la Cuarta Transformación, en el corazón del grupo político que ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador desde hace casi tres décadas, Javier Núñez López siempre se ha encargado del dinero. Para ser precisos, del dinero oscuro, del financiamiento ilegal que transfiguró a Morena de una pequeña asociación civil, paralela al gobierno del Distrito Federal, al partido hegemónico y autoritario del sistema político mexicano.

El crecimiento de Javier Núñez López ha sido igual de sorprendente: el otrora chofer y ayudante de la familia López Beltrán se ha vuelto uno de los funcionarios más poderosos del gobierno federal. Se trata del hombre que estampó su firma en más de 100 mil millones de pesos en contratos de Pemex Exploración y Producción, asignados a empresas de los amigos y de la familia de Andrés Manuel López Beltrán, de acuerdo a una indagatoria de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Hoy, catorce años después de que Javier Núñez López desvió recursos públicos del gobierno capitalino a la asociación “Austeridad Republicana y Honestidad Valiente”, este funcionario se ha convertido en objeto de una investigación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La plataforma Latinus reportó esta semana que la  Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, acusó a un consultor y empresario petrolero, Alfonso Wilson, de haber entregado entre 1.5 millones de dólares y 3.5 millones de dólares a un funcionario de Pemex Exploración y Producción. Todos los indicios apuntan contra Javier Núñez López.

El año pasado, Código Magenta documentó en un amplio expediente periodístico cómo ‘Andy’ López Beltrán colocó a más de veinte perfiles en Pemex, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y en el Centro Nacional de Control de Gas Natural. La red dirigió asignaciones públicas a modo a favor de compañías vinculadas a López Beltrán y permitió operaciones a gran escala de huachicol fiscal. Aunque el arquitecto intelectual de la red fue Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y amigo íntimo de ‘Andy’, Javier Núñez López fue parte esencial y operativa de ese entramado.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero, nombró a Núñez López como subdirector de Abastecimiento de la paraestatal, una posición estratégica. Y lo que es más importante: el consejo de administración le otorgó al antiguo chofer de ‘Andy’ facultades como apoderado legal de Pemex Exploración y Producción. Romero y Núñez López tienen décadas de complicidades que datan desde la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno capitalino de López Obrador y de la dirigencia estatal de Morena, en Tabasco, en los primeros años del movimiento.

Código Magenta presentó evidencia de la manera escandalosa en la que la red de ‘Andy’ López Beltrán utilizó a Javier Núñez López para dirigir adjudicaciones irregulares. El 24 de enero de 2023, el entonces subdirector de Abastecimiento de Pemex firmó un contrato de arrendamiento de un buque ‘chatarra’ por diez años. El monto del negocio fue de 15 mil millones de pesos. La empresa beneficiaria fue BME Subtec, que hoy opera bajo el paraguas corporativo de Grupo Industrial Durandco, un consorcio que tiene entre sus principales directivos a Emiliano Pescador Asaf, primo de Daniel Asaf, el ex jefe de la Ayudantía que instaló una constelación de tráfico de influencias en la petrolera. “Ese contrato fue inédito, fue un escándalo”, dijo una fuente que atestiguó de cerca el proceso de asignación. Fue “un arreglo pactado en lo oscurito”, sostiene otra persona con conocimiento del asunto.

‘Follow the money’, reza el eterno adagio político. Y eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Texas señalan que “en nombre de Pemex, un funcionario extranjero fue incluido en la supervisión y asignación de un contrato de diciembre de 2021”. De acuerdo a una revisión realizada por el equipo de Latinus, las características de ese contrato coinciden con la venta de equipo de perforación por 540 millones de dólares adjudicado a Drillmec Inc., una empresa con sede en Texas.

La investigación podría abrir una Caja de Pandora sobre la corrupción del entorno de ‘Andy’ López Beltrán. El contrato de 540 millones de dólares referido por las autoridades estadounidenses palidece frente a operaciones mucho más escandalosas. Por ejemplo, la firma de Javier Núñez López aparece en los contratos por 23 mil millones de pesos que, en un plazo de diez meses, fueron asignados a Baker Hughes. Uno de los ejecutivos de esta compañía está al centro de la trama de ‘La Casa Gris’ que José Ramón López Beltrán habitaba en Houston.

Segundo caso: Javier Núñez López firmó contratos por más de 2,436 millones de pesos a favor de Marinsa, una compañía que se asoció con Felipa Obrador Olán, familiar del ex presidente López Obrador, y que operó en consorcio con Perfolat de México, propiedad de empresarios que hicieron negocios inmobiliarios con Amílcar Olán, el amigo de los hermanos López Beltrán. Por si fuera poco, tal como documenta MCCI, Perfolat de México cedió un contrato de 5,870 millones de pesos a Perforadora Akal 1, cuyo dueño es José Miguel Bejos, el principal contratista público de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. En total, la firma de Javier Núñez López fue estampada en contratos por casi 60 mil millones de pesos asignados a consorcios de José Miguel Bejos, un empresario que se reunía frecuentemente con Gonzalo López Beltrán para revisar negocios asociados al Tren Maya y al Tren del Istmo. Los encuentros fueron admitidos por el propio Gonzalo en audios filtrados por el medio Latinus.

Esto es apenas la punta del iceberg. Javier Núñez López firmó el primer contrato que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignó a la compañía de Juan Carlos Guerrero Rojas, el polémico empresario que saltó al ojo público por la estrafalaria celebración del quince años de su hija en Tabasco. Petroservicios Integrales obtuvo asignaciones en Pemex por 7,650 millones de pesos en la pasada administración, dinero suficiente para pagar los honorarios de Belinda, J Balvin y Galilea Montijo.

Una más: en la recta final del sexenio, el 2 de septiembre de 2024, Javier Núñez López firmó un contrato de “mantenimiento a instalaciones costa fuera” por 25 mil millones de pesos a favor de la empresa Cotemar, cuyo director es el regiomontano Alejandro Villarreal Martínez.

Javier Núñez López no actuó solo. Le reportaba todas sus operaciones al también tabasqueño Marcos Herrería Alamina, el ex director corporativo de Administración y Finanzas de Pemex y familiar político de los López Obrador. Durante años, Herrería  ha sido, y sigue siendo, la mano derecha de Octavio Romero. Lejos de castigar o siquiera investigar la estela de corrupción que este grupo dejó en Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum los premió. Octavio Romero fue designado director del Infonavit y trasladó todo su equipo de trabajo al instituto: Marcos Herrería es el secretario General; Javier Núñez López funge como director de Operaciones; Juan Torres Gurrola pasó de ser el fallido auditor de Pemex al flamante auditor del Infonavit; Carlos Fernando Cortez González, el suplente de Marcos Herrería en el consejo de administración de Pemex, es ahora el director de Finanzas del instituto de vivienda; y Gabriela del Olmo Albarrán, quien firmaba los contratos de Pemex en ausencia de Núñez López, es la gerente de recaudación fiscal en la Delegación Regional de la Península de Yucatan.

Los indicios de corrupción de este grupo han comenzado a emerger en registros y denuncias públicas. El clan de Octavio Romero pretende capitalizar el cambio más radical de la política de vivienda en décadas: el gobierno de Claudia Sheinbaum promulgó una reforma que le permite al Infonavit construir, intermediar y vender vivienda utilizando recursos de los trabajadores mexicanos. Las oportunidades son infinitas. ¿El obstáculo? No una, sino dos investigaciones federales de la Corte del Distrito Sur de Texas contra la corrupción en Pemex. Javier Núñez López, ‘el chofer del cash’ y operador esencial de la red de ‘Andy’, está en la mira.

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