El Cártel Jalisco Nueva Comunicación

En Nuevo León comienzan a dominar dos poderosos cárteles: el de Jalisco y el de Michoacán.

Pero no se confundan. No son Jalisco Nueva Generación ni la Familia Michoacana. Son los dos cárteles de la comunicación oficial, que desde los grupos de Enrique Alfaro y Silvano Aureoles, emigraron para tomar posesión de Nuevo León.

El más poderoso de esos cárteles es el tapatío, un cártel forjado desde la campaña del ahora gobernador de Jalisco, alimentado por los contratos exclusivos para operar la mercadotecnia oficial de esa entidad y creciendo de la mano de Movimiento Ciudadano, para ser el cuasi monopolio de la mercadotecnia política de ese partido en ascenso.

El jefe de ese Cártel Jalisco Nueva Comunicación es Rafael Valenzuela Cardona, el patriarca de la santísima trinidad tapatía que incluye a las empresas EuZen, Indatcom y La Covacha.

Son consorcios de comunicación que se forjaron en 2003 con la creación de la empresa Heurística, en la Universidad de Guadalajara, pero que al salir al ruedo político fueron contratados primero por el difunto ex gobernador Aristóteles Sandoval y ahora monopolizados por el actual mandatario, Enrique Alfaro.

El modus operandi es sencillo, para cobrar por partida triple. La estrategia política y el concepto son diseñados por EuZen, la ejecución pasa siempre a La Covacha, que se encarga de la producción y contenidos, para acabar operando las redes sociales con Indatacom, quien pauta Facebook, Google, Twitter e Instagram.

En Jalisco ya se les ve con tal desconfianza, que distintos actores académicos y políticos vienen pidiendo una seria investigación sobre los proyectos, sus costos y los entregables de los servicios brindados por EuZen, Indatcom y La Covacha.

Alberto Bayardo Pérez Arce, académico del ITESO, cuestionó la trilogía comunicadora tapatía denunciando que ejecutan tareas que deberían realizar los coordinadores de comunicación social de las diferentes dependencias estatales y municipales.

Incluso, Hugo Rodríguez Díaz, el líder estatal de Morena en Jalisco, ya demandó que se auditen a las tres empresas para evitar la sospecha de que sus ingresos sean interpretados como “lavado de dinero” a favor de Movimiento Ciudadano para consumar actividades político-electorales en todo el país.

De hecho, tras las elecciones del 2015, Movimiento Ciudadano a nivel nacional debió enfrentar una multa del INE por 31 millones de pesos, porque Indatcom subió en Amazon el padrón electoral.

Operando como una santísima triada, las empresas que comanda Rafael Valenzuela han facturado -solo en Jalisco-, más de 600 contratos por un monto cercano a los 400 millones de pesos.

El monto incluye, tanto al gobierno estatal como algunos municipales, ligados al partido naranja. Y ese modelo se está replicando en otros estados en campaña o gobernados por Movimiento Ciudadano.

El caso más emblemático es el de Nuevo León, en donde desde la campaña de Samuel García se instalaron como los operadores que le facturaron nada menos que a las empresas de la familia García Mascorro y García Sepúlveda.

Firma Jurídica y Fiscal, una de esas empresas familiares del ahora gobernador, pagó a Indatcom 3.6 millones de pesos, mientras que otra de las empresas familiares, Firma Contable y Fiscal, le pagó a la misma empresa comunicadora, 1.2 millones de pesos. El reporte final es que Indatcom recibió de Samuel García, por distintos canales de pago, más de 9 millones de pesos.

La Covacha también recibió pagos de las empresas familiares del gobernador de Nuevo León. Firma Jurídica y Fiscal le pagó 1.44 millones de pesos, mientras que Firma Contable y Fiscal le liquidó a EuZen 2.2 millones de pesos.

La presunción es que el Cártel Jalisco Nueva Comunicación, también bautizado como la Naranja Mecánica por el aceitado mecanismo de operación ya a nivel nacional, es utilizado presumiblemente como trampolín para financiar, desde Jalisco, algunas  campañas políticas de Movimiento Ciudadano.

El círculo de la comunicación “Fosfo Fosfo” en Nuevo León se cierra con la llegada de la comunicadora michoacana, Julieta López Bautista, designada como la nueva directora de Comunicación Social del gobierno de Samuel García.

Operando antes como la Directora de Comunicación del gobierno perredista de Silvano Aureoles, López Bautista viene de la mano de Rafael Valenzuela buscando aplicar en uno de los gobiernos más controvertidos en Michoacán.

Pero su trayectoria no viene limpia. A su salida del gobierno de Aureoles, la comunicadora fue reiteradamente cuestionada por el gasto de mil 500 millones de pesos que ejerció para proyectar, en ese sexenio, la imagen de su gobernador. Las investigaciones continúan, ahora con el gobierno morenista que despacha en Michoacán.

Lo único cierto es que en la tierra del cabrito y el machacado, el gobernador Samuel García decidió importar tortas ahogadas desde Jalisco, y como postre, paletas de La Michoacana.