Bien por el decreto, ¿mal por lo que viene?

La crisis del agua en el área metropolitana de Monterrey está al borde de pasar de ser un conflicto de abasto a ser una confrontación entre el sector privado de Nuevo León y el gobierno de la Cuarta Transformación.

Y todo porque detrás del decreto firmado el viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el que se establece que la crisis del agua en la metrópoli regia es un asunto de “seguridad nacional”, podría significar el trasvase absoluto de la Compañía de Agua y Drenaje de Monterrey a manos del gobierno federal.

Se asume que, en la semana que se inicia mañana lunes, serían designados desde la Ciudad de México al menos dos nuevos directores, uno en el área de administración y el otro en el área de ingeniería, para acabar de asumir el control de la empresa hasta ahora manejada por el Estado, con un consejo de administración dominado por personajes del sector privado nuevoleonés.

Los nuevos funcionarios se sumarían al nuevo director adjunto de Agua y Drenaje, José Mario Esparza Hernández, quien fuera subdirector general de Agua Potable y Saneamiento de Conagua. Pero analicemos los antecedentes y evaluemos los escenarios.

Después de meses de incompetencia de la administración de Samuel García, el gobierno de la Cuarta Transformación decidió instalar un Director Adjunto en Agua y Drenaje para calibrar la magnitud del drama que tiene a cientos de miles de hogares sin el vital líquido, algunos durante semanas.

La evaluación de Esparza Hernández, un funcionario con una gran reputación y reconocida experiencia a nivel nacional e internacional fue devastadora. No existía un manejo coherente y sensato, a la altura que la crisis lo exigía.

Por eso fue que el presidente López Obrador, quien había respetado los espacios del gobierno estatal naranja para que resolviera por sí mismo el conflicto, decidió por fin actuar, emitiendo un decreto que asume de manera temporal el control del agua que se surte de los pozos y concesiones de las empresas, y las regiones agrícolas del área metropolitana de Monterrey y sus alrededores.

El plan presidencial –temporal, de acuerdo al decreto- daría a Conagua la potestad de decidir sobre el destino del agua de esas empresas y esas zonas agrícolas, buscando darle prioridad al suministro del agua para consumo humano.

La estrategia incluye la asignación de recursos para arrancar la construcción del segundo acueducto de la presa El Cuchillo y la entrada de un plan de emergencia, abanderado por el Ejército Mexicano, para suministrar con pipas el vital líquido en las zonas más sedientas de la metrópoli regia.

Hasta ahí se podría decir que -aunque tarde- el gobierno de la Cuarta Transformación por fin volteó a Monterrey para inyectar recursos y planes de ayuda para la crisis hídrica más severa que se recuerde en la región.

Nadie puede cuestionar la medida, sobre todo, cuando se acepta que es de carácter temporal, mientras las lluvias recargan presas y acuíferos. Se aplaude, sobre todo frente a la incompetencia exhibida por el novel gobierno de Samuel García.

Sin embargo, existen fundadas sospechas de que detrás de ese “plan de emergencia” se esté fraguando la toma de Agua y Drenaje para ser controlada desde Conagua por el gobierno de la Cuarta Transformación.

De confirmarse el ingreso de dos o tres nuevos altos directivos a la paraestatal del agua en posiciones estratégicas se estaría asumiendo, de facto, el control absoluto -técnico y administrativo- de una empresa que históricamente ha sido la manzana de la discordia entre el sector privado, el gobierno estatal y el gobierno federal.

Cuestión de recordar que allá por 1973, en el gobierno de Pedro Zorrilla Martínez -durante el sexenio del presidente Luis Echeverría- el gobierno del Estado le arrebató el control de los Servicios de Agua y Drenaje al sector privado.

Presidido entonces por Carlos Maldonado y dirigido por Leobardo Elizondo, el gobernador Zorrilla Martínez acusaba que la paraestatal estaba al servicio de los grandes fraccionadores privados que decidían a discreción, de acuerdo a sus propios intereses, el destino del agua que les permitía beneficiar a sus fraccionamientos.

Después de un choque frontal, el acuerdo final fue que el gobierno del Estado asumiría el control formal de Agua y Drenaje en lo que significaba el consumo doméstico, a la población en general. Mientras que el sector privado administraría -a través de sus asientos en el consejo- lo referente al servicio a las empresas y las concesiones que entonces les otorgaba la Subsecretaría de Recursos Hidráulicos.

Durante los gobiernos de Alfonso Martínez Domínguez, Sócrates Rizo García, Benjamín Clariond, Fernando Canales Clariond, Fernando Elizondo, Natividad González Parás, Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez, la administración estatal y el sector privado coexistieron en un pacto no escrito. La garantía de ese acuerdo era la posición de Secretario del Consejo, que con frecuencia recaía en un integrante del despacho Santos, Elizondo, González Parás, mejor conocido como “El Despacho Divino”, custodio de los intereses legales y fiscales de algunas de las más importantes corporaciones regias.

Sí, el mismo despacho de donde salieron tres gobernadores: Eduardo Elizondo, Fernando Elizondo –interino- y Natividad González Parás.

Por eso, lo que suceda en los próximos días tras el decreto presidencial que impone el carácter de “seguridad nacional” a la crisis del agua en Monterrey, y lo que suceda en los Servicios de Agua y Drenaje, tiene pronóstico de tormentas.

¿Cuál será la posición oficial de los organismos cúpula del sector privado nuevoleonés frente a las disposiciones del gobierno de la Cuarta Transformación?

¿Qué postura asumirán los legisladores del PRI y el PAN? ¿Avalarían el relevo del control de la paraestatal local por una de control federal?

Y el cuestionamiento más relevante, si será esta crisis del agua una oportunidad para que el gobierno de la Cuarta Transformación se enfrente con el empresariado de Nuevo León, como ya sucedió en los 70 con el gobierno del presidente Luis Echeverría.