¿A quién obedece el General?

En cualquier régimen de gobierno democrático, representativo y popular, el General Secretario de la Defensa de México ya habría sido relevado de sus funciones. El presidente o el primer ministro ya lo habrían renunciado.

La negativa de Luis Cresencio Sandoval a presentarse para rendirle cuentas al Poder Legislativo, que nos representa a todos los mexicanos, enciende las alarmas más extremas en cualquier democracia.

Una y otra vez, el jefe de los hombres de verde olivo se rehúsa a comparecer para someter a los mandos castrenses al escrutinio ante diputados y senadores, aún bajo las condiciones que el mismo General ya les había impuesto de que solo aceptaría que se hiciera en la Sedena.

Solo para recordarle al rejego Secretario de la Defensa, vivimos en una República en la que existen tres poderes independientes, presumiblemente autónomos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Está claro que la posición de Luis Cresencio Sandoval depende del Poder Ejecutivo. Y que su Jefe Máximo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como también no hay duda que el General Secretario es el ministro que más poder detenta -y continúa acumulando- en el gobierno de la Cuarta Transformación. Solo falta que le entreguen las llaves de Palacio Nacional.

También está claro que, dentro del Poder Judicial, el General Secretario tiene sus prerrogativas. Y al que lo dude que le pregunte al Fiscal Alejandro Gertz Manero, los criterios para suspender las órdenes de aprehensión contra militares que presumiblemente habrían estado involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es fecha que nadie explica el por qué gozan de esos privilegios que les otorgan absoluta impunidad.

El único balance que puede frenar el que México sea un régimen militar de facto es el limitado equilibrio que a los hombres de verde olivo se les puede imponer desde las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Pero eso no lo cree el General Luis Cresencio Sandoval. Y a pesar de que la agenda lo exige, desprecia la representatividad que millones de mexicanos les otorgaron con su voto a los legisladores que demandan explicaciones y que piden cuentas claras.

¿Cómo fue posible que toda la información contenida en los archivos de la inteligencia digital de la Secretaría de la Defensa fueran hackeados, sin que nadie salga a dar una explicación decente de tan descomunal descuido, y peor aún, que nadie pague hasta ahora los platos rotos de que esa información esté hoy disponible para cualquier mortal?

¿Cómo es que a través de los “Guacamaya Leaks”, que extrajeron millones de documentos militares, nos enteramos que el sistema Pegasus todavía es utilizado para espiar a presumibles adversarios del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿No habían negado el presidente, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía y la Secretaría de la Defensa, que eso ya no sucedía en este gobierno? Pues ahora sabemos que sí. Y nadie da la cara.

¿Bajo qué mecanismos de presión o de influencia se logró que se suspendiera la ejecución de una docena de órdenes de aprehensión contra militares, señalados por la comisión investigadora del Caso Ayotzinapa que preside el subsecretario Alejandro Encinas?

¿Quién será el auditor que pase a exigir las cuentas de todas las obras civiles entregadas al Ejército sin licitación, por asignación directa, la mayoría en la mayor opacidad y operando acuerdos privados con sus constructores desde la Torre Mayor de la Ciudad de México?

Pero, sobre todo, ¿cómo responder a la militarización de una Guardia Nacional que en sus primeros cuatro años viene operando de la mano del Ejercito, bajo su batuta y tutela, arrojando cifras de homicidios dolosos -130 mil- que rompen los récords de cualquier otro sexenio?

Cuando antes de iniciar el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se entregó una lista de 17 posibles candidatos a ocupar la Secretaría de la Defensa, el del general Luis Cresencio Sandoval era el número 16. Pocos lo daban por elegible. Pero el entonces presidente electo le otorgó su confianza que, a la postre, ya se ve, acabó convertida en incondicionalidad e incluso en complicidad.

Por eso nadie puede llamar a cuentas al General Secretario. Porque si su Jefe Máximo no tiene el menor respeto por las instituciones, ni por la división de poderes, ¿por qué tendría que tenerlo él?

Si quieren imaginar lo que viene rumbo al 2024, volteen a ver a Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro -en peligro de perder su reelección frente a Lula da Silva- está invocando desde ayer al Ejército para que denuncie que en la primera vuelta existió fraude electoral con el sistema de votación y cómputo digital. A lo ‘Donald Trump’.

Ya solo nos falta que, en cualquier Mañanera, el inquilino de Palacio Nacional nos destape una nueva corcholata verde olivo.

Por eso la pregunta crucial es obligada: ¿A quién obedece el General?