Nuevo intento de “Ley Mordaza”

No conformes con apoderarse del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral, el gobierno de la Cuarta Transformación apunta para adueñarse de nuestra voz. Nos quieren calladitos, en silencio, sometidos, sin capacidad de increpar, protestar o disentir.

Para eso, la presidenta Claudia Sheinbaum está sometiendo a consulta una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca regular las concesiones de radio y televisión. Prensa y redes sociales las aplazan para otra etapa.

A la inquilina de Palacio Nacional no le está gustando la libertad y el sentido crítico con el que algunas cadenas televisivas -en concreto TV Azteca- están manejando sus noticieros. Los quieren dóciles, obedeciendo a “la voz del amo” y amenazando con castigos y sanciones económicas que podrían poner en peligro la concesión.

La presidenta Claudia Sheinbaum no es la primera ni será la última jefa de Estado mexicana que pretenda someter la libre expresión, intentando aplicar una “Ley Mordaza”, en especial sobre los medios electrónicos.

En 1960, el presidente Adolfo López Mateos promulgó la Ley Federal de Radio y Televisión,  buscando acallar las protestas por el favoritismo con el que el gobierno les otorgó concesiones a un puñado de empresarios apadrinados por el ex presidente Miguel Alemán Valdés, cuya familia terminó incluida como accionista de lo que hoy se conoce como Televisa.

Vino luego, en 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, la llamada “Ley Televisa”, con la que la presidenta de facto, Martha Sahagún de Fox, cortejó a los concesionarios devolviéndoles los tiempos que por Ley se tenían que otorgar al Estado. En 2007 se invalidaron algunos artículos por ser considerados contrarios a la Constitución.

Entre 2007 y 2008, el presidente Felipe Calderón aprovechó las reformas a la Ley Electoral para incorporar limitaciones y exigencias a la difusión abierta de las campañas políticas. A su intentona se le bautizó entonces como “Ley Mordaza”.

Y aunque en 2014, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó una iniciativa más abierta en favor del ciudadano, no dejaron de darse las críticas al imponer prohibiciones que limitaban la libertad de expresión.

Ya en 2018, al entrar en vigor el gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resistió a imponer freno a la libertad de expresión. Y a pesar de las controversias generadas por las la proliferación de redes sociales no se validó ninguna intentona de control. Lo que sí resultó crítico fue la cancelación de Ley de Transparencia, que vino abriendo los espacios para que el ciudadano reclamara la información pública y exigiera cuentas a los servidores públicos. No existió una “Ley Mordaza”, pero sí de facto se promulgó una “Ley de Opacidad”. Por eso, hoy los funcionarios morenistas con toda facilidad abusan de reservar con cualquier pretexto de “seguridad nacional” informaciones que podrían confirmar favoritismos, asignaciones amañadas y, sobre todo, los pagos excesivos sobre licitaciones a modo.

Por supuesto que en 2026 la nueva realidad de las redes sociales demanda una adecuación -no de los controles, pero sí de ciertas reglas de juego- para evitar que la calumnia y la mentira, que los procesos de la nueva inteligencia artificial, no dañen impunemente reputaciones o difundan falsedades que tengan consecuencias fatales. Como la del profesor en la Ciudad de México que acabó quitándose la vida, presionado por una acusación presuntamente falsa de abusos sobre una alumna. Y aunque todos sus estudiantes salieron en defensa del maestro, ya era demasiado tarde. El inculpado no soportó el descrédito social difundido por las redes y en los medios tradicionales. Sabía que esa mancha la arrastraría el resto de sus días.

Pero lo presentado el martes, en Palacio Nacional, todavía no alcanza a las redes sociales. Por supuesto que es muy sano distinguir qué publicaciones son noticiosas y cuáles son opinión. Igualmente qué contenidos son informativos y cuáles son publicitarios, es decir, pagados. Pero cuidado con caer en la tentación de abrir una Caja de Pandora que permita a la autoridad imponer severas sanciones, a diestra y siniestra, a quienes considere “que no cumplen los lineamientos”. Hoy van por la televisión y la radio; mañana por la prensa y las redes sociales.

Bajo esas nuevas reglas y a guisa de ejemplo, los cuestionamientos recientes que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho contra TV Azteca -y en particular contra su concesionario, Ricardo Salinas Pliego- tendrían como fin último despojarlo de su concesión. Nadie olvida aquella sentencia presidencial mañanera en la que la inquilina de Palacio Nacional dijo: “No vean TV Azteca”.

El hecho de que esta iniciativa de consulta se dé en los meses previos a que se inicien las campañas para renovar el Congreso y 17 gubernaturas, también obliga a parar una ceja. Es la antesala de la sucesión mediática en 2030.

¿Vamos a poder cuestionar el favoritismo de Adán Augusto López para apostillar al gobierno de Chihuahua, a su legisladora y precandidata Andrea Chavez?

¿Se van a censurar los cuestionamientos a los múltiples negocios de Andy y Gonzalo López Beltrán, “porque todavía no son cosa juzgada”?

¿Se impondrán castigos a quienes cuestionen a los jueces elegidos por acordeón y que son facilitos para otorgar amparos y sentencias de inocencia a gobernadores y alcaldes de filiación morenista, o darle garrote de culpabilidad a los opositores,  como el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel?

La pregunta de fondo en esta propuesta de la nueva Ley de Telecomunicaciones -extendible más tarde a prensa y redes sociales- es ¿quién decidirá si la información publicada es “veraz y oportuna”?, ¿cómo evitar el abuso en el llamado “derecho de réplica” y, ante todo, quiénes serán los juzgadores que decidirán quién comete falta y cuál es el monto de la sanción a quienes a su juicio no cumplan? ¿El mismo sistema judicial morenista electo por tómbola y acordeones?

Está claro que, si es así, vamos surtiéndonos de suficiente cinta adhesiva o tafetanes para taparnos todos  la boca. Y, de paso, compremos antifaces para cerrar  los ojos y no ver ni difundir lo que es evidente: la autocracia de izquierda continúa avanzando en su dominio de la sociedad, gracias a la apatía y la complacencia ciudadana que con su silencio lo tolera todo.