YoQuéVoyASaber | La justicia no se consulta

“Es una pregunta (la de la consulta popular) que se puede traducir de manera muy sencilla…”.

A ver…

Pues así, como muy sencilla que digamos, no.

Pero lo más complicado de esta enmarañada pregunta no es lo cantinflesco -como ya la calificaron algunos- es lo absurdo, innecesario y ofensivo que es, básicamente preguntar si queremos que el gobierno haga su trabajo.

Spoiler: Sí. Sí queremos.

Este 1 de agosto, el INE -esa institución que al presidente le parece carísima, ineficiente, parcial y kafkiana- desplegará una operación para instalar 57 mil mesas en las que estarán cerca de 286 mil funcionarios para recibir la opinión de hasta 93.4 millones de votantes.

Se gastarán casi 530 millones de pesos y para que todo eso sirva se necesita que voten poco más de 37 millones de personas.

Porque si no lo hacen, la consulta no será vinculante. Es decir, no jala.

Muchos números para una cuestión que ni siquiera debería estar a discusión.

Porque lo que Andrés Manuel nos manda preguntar es básicamente si estamos de acuerdo con que se aplique la ley.

Además, originalmente era saber si estamos de acuerdo en que se aplique la ley en contra de sus predecesores, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia consideró que la interrogante estaba plagada de errores y deficiencias, porque era inquisitoria al incluir a personas en concreto.

Entonces la cambió y la dejó peor, porque abrió un abanico de posibilidades al incluir algo tan ambiguo como “los actores políticos”.

¿Quiénes? ¿Todos? ¿Pancho Villa, Echeverría, Díaz Ordaz? ¿AMLO?

Como si no fuera una obligación constitucional de cualquier gobierno perseguir los posibles delitos cometidos por cualquiera, no solo por los funcionarios públicos.

Y, no confundamos, el problema no es la consulta popular.

Por supuesto que ese es un excelente ejercicio democrático, que fortalece el ejercicio de nuestro derecho fundamental de participar en la vida política de nuestro país.

Muy bonito todo.

Pero aquí el asunto no solo es el vacío lenguaje jurídico con el que está redactada esa pregunta, es lo insultante que resulta para las víctimas que tienen derecho absoluto a la justicia, sin que ésta se ponga a consideración del voto popular.

Por ejemplo, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado debía investigar el papel de Peña Nieto en el caso Atenco.

Ese violento operativo policial que desató el horror en el pueblo, que evidenció la tortura de un gobierno represor y en el que decenas de mujeres fueron violadas.

¿Vamos a poner a consulta si se debe garantizar la justicia y los derechos de esas víctimas?

¿Vamos a poner a consulta si los miles de muertos y desaparecidos de la llamada ‘guerra contra el narco’ de Calderón merecen justicia?

La aplicación de la ley no está a discusión. Garantizar la justicia, tampoco.

Para colmo, si en el mejor de los escenarios, se consigue que el 40% de los inscritos al padrón salgan a votar, se consigue también que la lógica se imponga y gane el sí, sí queremos que lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas de todos…

¿Qué va a seguir?

En su mañanera del 2 de agosto, Andrés Manuel saldrá a aplaudir el ejercicio democrático sin precedentes, celebrará la decisión, dirá que el pueblo habló y luego, lo más probable es que nos recuerde que es la Fiscalía General de la República, en su carácter independiente, la que debe iniciar el proceso.

Es decir, algo que puede hacer hoy mismo.