Volando muy bajo

Nadie debe darse por sorprendido por la degradación que las autoridades norteamericanas le aplicaron a México por su baja seguridad aérea. Éramos categoría uno y nos redujeron a dos.

El penoso castigo de alto impacto internacional lesiona a las aerolíneas mexicanas, que apenas buscaban recuperarse del golpe de la pandemia.

Y ni que decir, que pone en evidencia la pobreza profesional en nuestras autoridades y técnicos aeronáuticos. No son confiables.

Nos castigaron por el bajo nivel de inspectores para operar con seguridad el espacio aéreo mexicano, pero también por la pobre calidad profesional de los que existen.

Y no es para menos. Al igual que en la Línea 12 del Metro, por la austeridad, se redujo la calidad en el servicio de la inspección aérea y con el recorte de sueldos a mínimos, la calidad de los técnicos en aeronáutica es muy pobre.

Los grandes perdedores en esta pifia del gobierno de la Cuarta Transformación son las aerolíneas mexicanas, que ya no podrán tener más vuelos que los que ya registran hacia los Estados Unidos.

Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, las aerolíneas que sobreviven a la crisis por la pandemia -Interjet ya no registra-, tendrán que enfrentar sus problemas financieros sin poder aumentar sus rutas hacia los Estados Unidos.

Tampoco podrán incrementar su flota, y lo que es peor, se les cancelan los códigos compartidos de vuelos que tenían apareados con otras aerolíneas.

Un ejemplo es que el matrimonio Aeroméxico y Delta se suspende temporalmente, y no habrá forma de tener boletos compartidos para cubrir rutas sin vuelos directos.

Todas las conexiones vendidas hace meses tendrán que rehacerse o redireccionarse.

Los grandes perdedores, además de las aerolíneas, serán los viajeros nacionales y extranjeros, que deberán sujetarse al doble de los trámites en los vuelos entre México y los Estados Unidos.

No es esta la primera vez que un castigo así sucede a la industria aeronáutica mexicana. En 2010, en pleno sexenio de Felipe Calderón, por un sinfín de irregularidades, incluidas falta de registro de licencias de pilotos y limitados inspectores de vuelo, nos redujeron la clasificación.

Pero bastaron cuatro meses y medio para reestructurar los desperfectos y volvimos a la categoría uno en tiempo récord. Volver a la normalidad costó algo así como 500 millones de pesos.

Pero la degradación de hoy luce más profunda, producto de una combinación perversa de funcionarios y técnicos sin capacidades, que desplazaron a sus antecesores más preparados, de sueldos más altos, que no resistieron la rebaja salarial de la austeridad lopezobradorista.

Los que conocen de la industria apuntan la degradación hacia tres personajes: el subsecretario de Transportes, Carlos Morán, el director general de Aeronáutica Civil, Luis Fonseca y -aunque ya había renunciado en noviembre pasado- al director de la Agencia Federal de Aviación Civil, Rodrigo Vásquez Colmenares.

Fueron ellos -algunos con escasa capacidad, pero con el respaldo de amistad y de favores- quienes no tomaron la alerta de las autoridades aeronáuticas norteamericanas sobre el mal estado de la supervisión técnica en México.

Y a eso habrá que sumar la revisión del trazo de las nuevas rutas de despegue y aterrizaje, propiciadas por el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía.

Y ni que decir de las demandas de excesivo ruido -mayor a 65 decibeles- en sus trayectorias de mayores distancias, que ya fueron protestadas por decenas de pilotos.

Sin duda, desde la Mañanera se alzará la voz, que diga que esta es una intromisión de los norteamericanos en la soberanía aérea de México. Pero estará equivocado.

Las reglas internacionales de aeronáutica aplican, por igual a todos los países, y no existe otro camino que el de cumplir.

Denunciar complots o intromisiones en nada ayudará a volver a la categoría uno y sí le costará al país, a sus aerolíneas y a sus usuarios miles de millones de pesos en pérdidas. Ni hablar. En el gobierno de la Cuarta Transformación andamos volando bajo.