Un millón por no denunciar a la Guardia Nacional

¿Qué pasó?
Familiares de personas inocentes que han muerto a manos de la Guardia Nacional reportaron haber recibido propuestas por parte de la institución militar en la que se ofrece una compensación de un millón de pesos.

Esto a cambio de la firma de un convenio por el cual renunciaban a que la Fiscalía General de la República (FGR) continuara con la investigación de los casos, refirió el medio Pie de Página.

¿Por qué es importante?
Estas son las primeras víctimas colaterales que se le atribuyen a la Guardia Nacional. Según lo ha reiterado el mandatario en repetidas ocasiones, su administración no tolerará abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.

Además, la creación y despliegue de la Guardia Nacional a lo largo del territorio mexicano es el eje central de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalles:

El testimonio pertenece a Viridiana Promotor, viuda de Jorge Alberto Rivera Cardoza, quien murió a los 42 años por disparos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 8 de abril. Rivera Cardoza manejaba su vehículo cerca del puente internacional cuando recibió un balazo en la cabeza desde una patrulla que se encontraba en medio de una persecución.

Animal Político recogió versiones de otros habitantes de Nuevo Laredo, quienes comentaron que los agentes involucrados intentaron colocar una bolsa con droga y equipos de radiofrecuencia en la camioneta de la víctima, pero ante la confrontación con los ciudadanos se retiraron de la escena.

Según refiere el medio, este procedimiento se ha repetido en los últimos casos de civiles muertos a manos del Ejército, como los dos asesinados en Nuevo Laredo en febrero y marzo o el guatemalteco muerto a balazos en Chiapas a finales de abril.

Contexto:

Apenas el pasado 13 de abril, 30 marinos fueron vinculados a proceso por la desaparición forzada de cuatro personas en 2018. A diferencia de otros casos similares en años anteriores, esta vez son las autoridades investigadoras y judiciales civiles las que llevan el caso, y no las militares.

Además, la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar tiene 34 carpetas de investigación abiertas por la FGR por 47 casos de desaparición, en los que al menos 12 personas han aparecido muertas.