“Los Ardillos” imponen el terror en Guerrero con una ataque paramilitar

¿Qué pasó?

• Comunidades indígenas nahuas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron una nueva ofensiva armada atribuida a “Los Ardillos” contra poblaciones de Chilapa como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. El Congreso Nacional Indígena señaló que los ataques se intensificaron desde el 6 de mayo con armas de fuego, drones y agresiones directas contra comunidades vinculadas al CIPOG-EZ.

• La crisis derivó en un desplazamiento masivo cuya magnitud está en disputa: organizaciones comunitarias y de derechos humanos reportan entre 800 y 1,000 familias desplazadas, mientras el Gobierno federal y estatal han manejado cifras mucho menores, de alrededor de 90 a 96 personas. La discrepancia revela una brecha crítica entre la documentación comunitaria y el reconocimiento oficial de la emergencia.

• Las comunidades denunciaron que los ataques incluyeron explosivos lanzados desde drones, armas de alto calibre, quema de viviendas, destrucción de animales y la expulsión de familias que terminaron escondidas en cerros o refugiadas en comunidades vecinas. La Jornada reportó que mujeres y niños se resguardaron en lo alto de un monte ante los ataques.

• El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que detrás del conflicto en Chilapa están “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, dos grupos criminales que operan en Guerrero. El funcionario dijo que la situación es atendida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y sostuvo que no hay diálogo con grupos criminales, sino con policías comunitarios.

• La declaración de García Harfuch implica que, de acuerdo al gobierno federal, un sector del CIPOG-EZ está vinculado al grupo criminal de “Los Tlacos”. Hasta el momento, no existe evidencia pública que permita sostener esta perspectiva.

• En medio del abandono denunciado, algunas mujeres indígenas desplazadas pidieron ayuda internacional en video y una de ellas solicitó directamente la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que enviara helicópteros. El dato debe leerse como una señal extrema de desesperación civil.

¿Por qué importa?

• El caso exhibe una crisis humanitaria en la que comunidades indígenas denuncian estar atrapadas entre grupos criminales, desplazamiento forzado y una respuesta estatal que consideran insuficiente. La contradicción entre las cifras oficiales y las cifras comunitarias es políticamente relevante porque puede determinar el tamaño de la ayuda, el despliegue de seguridad y el reconocimiento legal del desplazamiento.

• La ofensiva muestra una evolución del poder criminal en Guerrero, que pasó del control territorial mediante armas largas o bloqueos, al uso de drones con explosivos contra comunidades rurales. Cientos de familias huyeron tras ataques con explosivos artesanales lanzados desde drones y armamento de alto poder, un patrón que confirma la sofisticación creciente de grupos criminales en conflictos locales.

• La crisis también presiona a la administración de Claudia Sheinbaum en un momento de alta sensibilidad bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad. El llamado desesperado de desplazadas a Trump refleja un deterioro de confianza en las autoridades mexicanas y ofrece munición política a quienes en Washington sostienen que México no contiene por sí solo a los grupos criminales.

Los detalles:

• La comunidad de Alcozacán pasó de ser refugio de desplazados a convertirse en blanco de nuevos ataques. La Jornada reportó que “Los Ardillos” centraron sus embestidas en esa comunidad, donde se encontraban refugiadas familias provenientes de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán.

• En el saldo reciente hay denuncias de asesinatos y desapariciones. José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla, integrantes del CIPOG-EZ, fueron asesinados en Chilapa, y que otros dos miembros de la organización permanecían desaparecidos.

• El Consejo Nacional Indígena sostiene que la violencia contra el CIPOG-EZ no es un episodio aislado: afirma que hasta ahora 76 integrantes de esa organización han sido asesinados y 25 permanecen desaparecidos.

• La presidenta Sheinbaum informó que el caso fue analizado en el Gabinete de Seguridad y ordenó reforzar la presencia de la Guardia Nacional en Chilapa. Sin embargo, también dijo que primero se debe entrar en contacto con las comunidades, ubicar los puntos de riesgo y proteger a las familias desplazadas para facilitar eventualmente su retorno.

• El gobierno federal ha argumentado que busca evitar un enfrentamiento que ponga en riesgo a civiles. Sheinbaum sostuvo que hay personas armadas en la zona y que el objetivo inmediato es permitir la salida de heridos, atender a los desplazados y construir condiciones para el regreso mediante diálogo.

El contexto:

• “Los Ardillos” operan desde hace años en Guerrero y han sido señalados por organizaciones indígenas como el principal agresor contra comunidades nahuas de la Montaña Baja. El CNI los describe como un grupo criminal que mantiene bajo asedio a Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán; las autoridades federales, por su parte, los ubican dentro de un conflicto más amplio con “Los Tlacos”.

• La Montaña Baja de Guerrero lleva más de una década marcada por violencia, desplazamiento y disputas entre grupos criminales.

• El conflicto no sólo tiene una dimensión criminal: también toca el control político local, los presupuestos municipales, las rutas económicas y la capacidad de las comunidades indígenas para sostener sistemas propios de seguridad y autonomía. “Los Ardillos” mantienen relaciones con la política regional y que el crimen organizado interviene en gobiernos locales para controlar recursos, padrones y actividades económicas.