El narco ataca con drones a una comunidad indígena en Guerrero

¿Qué pasó?

• Comunidades nahuas de Chilapa de Álvarez, Guerrero, denunciaron ataques armados y con explosivos lanzados desde drones atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”. Las agresiones se concentraron en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.

• El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, reportó el desplazamiento de cientos de familias: La Jornada documentó versiones de más de 800 y más de mil familias desplazadas.

• El 6 de mayo fueron asesinados cuatro integrantes de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores y del CIPOG-EZ: Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, según el comunicado del Concejo.

• Pobladores de al menos 16 comunidades nahuas bloquearon la carretera Chilapa-Hueycantenango para exigir seguridad, después de ataques presuntamente cometidos por “Los Ardillos”. El grupo criminal opera como una mafia de extorsión en el estado.

• La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso fue tratado en el Gabinete de Seguridad y anunció que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional, además de atención a las familias desplazadas para ayudarlas a regresar a sus comunidades.

¿Por qué importa?

• El caso muestra una escalada en la violencia contra comunidades indígenas de Guerrero: no sólo se reportan armas de alto calibre, sino el uso de drones para vigilancia y lanzamiento de explosivos, una táctica cada vez más asociada a grupos criminales en zonas de disputa territorial.

• El desplazamiento forzado revela una crisis de protección civil y de seguridad pública: familias con niñas, niños, adultos mayores y autoridades comunitarias abandonaron sus hogares en medio de ataques continuos.

• Las denuncias colocan bajo presión a los tres niveles de gobierno, porque el CIPOG-EZ y organizaciones de derechos humanos acusan omisión oficial y falta de continuidad a medidas de protección previamente solicitadas.

Los detalles:

• El CIPOG-EZ afirmó que los ataques no comenzaron como un hecho aislado, sino como parte de un asedio prolongado contra comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero. La organización dijo acumular 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas en sus pueblos.

• Las comunidades denunciaron que las agresiones incluyeron balaceras, artefactos explosivos y drones que sobrevolaban cerca de los poblados. Según el dirigente Jesús Plácido Galindo, al inicio de los ataques sólo policías comunitarios hicieron frente a los agresores.

• Organizaciones nacionales e internacionales señalaron que los ataques generaron “terror, desplazamiento forzado” y riesgo grave para niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales indígenas.

• La respuesta federal anunciada por Sheinbaum consiste en reforzar la presencia de la Guardia Nacional y establecer contacto con las comunidades desplazadas; sin embargo, la denuncia central de los pobladores es que la protección llegó tarde o fue insuficiente.

El contexto:

• Chilapa y la Montaña Baja de Guerrero han sido escenario de conflictos prolongados entre comunidades indígenas, policías comunitarias y grupos criminales que buscan control territorial. En esta nueva ofensiva, las comunidades atribuyen los ataques a “Los Ardillos”.

• El CIPOG-EZ acusó que efectivos militares, de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales se retiraron de la zona durante las agresiones.

• Las organizaciones firmantes recordaron que, desde 2021, la CNDH emitió medidas cautelares a favor de habitantes de Tula y Xicotlán, así como del CIPOG-EZ, y acusaron al gobierno de Guerrero (presidido por Evelyn Salgado) de no darles continuidad.